La jueza María Trinidad Chiabrera dictó ayer prisión preventina para Ariel Máximo Cantero, Mariana Ortigala y otras seis personas por haber sido parte de maniobras extorsivas hacia el dueño de una agencia de lotería. La decisión de la magistrada se dio tras una larga semana de audiencias que incluyó la denuncia al fiscal de Delitos Complejos Matías Edery por parte de sus colegas Pablo Socca y Miguel Moreno. La jueza dispuso además la inhibición de 14 bienes inmuebles para Ortigala, Felipe y personas cercanas. Precisamente, el fiscal Moreno, que investiga el patrimonio de Ortigala, se preguntó cómo esta mujer “se volvió millonaria” desde que en 2019 se transformó en testigo protegida e informante del fiscal Edery en el marco del proceso penal contra el capo mafioso rosarino Esteban Alvarado, histórico antagonista de Los Monos. En estos cuatro años, dijo Moreno, la mujer puso a nombre suyo y de su círculo íntimo 14 inmuebles que no podría justificar con sus ingresos lícitos.

Moreno se preguntó además, “¿cómo es que nunca se dieron cuenta de que Ortigala era miembro de la asociación ilícita de (el cabecilla de los Monos) Ariel Cantero?”, fue el reclamo que planteó junto a su par Socca. “Más que testigo protegida, es una narcoprotegida”, aseguraron.

Edery ya se habpia defendido diciendo que el informó que Ortigala era su informante y hasta acusó a Socca y Moreno de "poner en riesgo la vida de esta mujer, la mía y hasta la del joven que fue baleado en la estación de servicio", al montar "un circo para difamarme en una audiencia pública". 

Después de que la jueza Chiabrera convalidara la imputación contra nueve involucrados en una saga de extorsiones al dueño de las agencias de lotería El Califa, a quien –según la fiscalía– Cantero procuró arrancarle un millón y medio de dólares a fuerza de aprietes, llegó la conferencia de prensa de Moreno y Socca. Como era de esperarse, los funcionarios no esquivaron las preguntas sobre el rol de su par Edery, que mantenía fluida conversación telefónica con Ortigala y Lorena Córdoba, ahora imputadas y detenidas.

Según la investigación de los fiscales, Ariel Máximo Cantero, detenido en Marcos Paz, fue responsable de habilitar la extorsión al dueño de una Agencia de Loterías y Quinielas. Cantero le dio órdenes a personas de su extrema confianza para que realicen todo tipo de intimidaciones con un objetivo: la víctima entregue 1.500.000 dólares.

Los ataques fueron dos veces. Las primeras, en 2021 y 2022; las segundas en 2023. Este año participaron diferentes personas, siempre el aval de El Guille, que siempre estuvo activo en la planificación del hecho y además recibía parte del dinero exigido. Para comunicarse con sus socios, Cantero utilizaba un teléfono fijo del Servicio Penitenciario. Su primer nexo era Daiana Micaela Leguizamón, que cumplía prisión domiciliaria en San Nicolás y era la encargada de contactarlo o derivarlo a diversos interlocutores, de forma que sea cada vez más difícil identificarlos.

Cuando la joven fue detenida, el 11 de septiembre de este año, se tragó el chip de uno de los celulares destinado a servir de prueba ante la autoridad competente.

Mariana Ortigala, Rodolfo Felipe, Lorena Córdoba, y otras personas todavía no identificadas fueron las encargadas de haber planificado y ejecutado diferentes tipos de intimidaciones contra la víctima, su grupo familiar, y sus locales comerciales, para que el mismo entregue una suma de dinero en dólares.

La secuencia comenzó en marzo de 2021, cuando Felipe irrumpe en el gimnasio al que él mismo concurría y también la víctima. Ahí lo amenaza exigiéndole dinero a cambio de dejarlo trabajar tranquilo. El 16 de febrero de 2022, Lorena Córoba se hizo presente en dos locales de Agencias de Lotería de la víctima exigiendo hablar con el dueño. Cuando él se comunica con ella, le exige dinero.

En julio de 2022, la víctima, su grupo familiar, su vivienda y sus negocios sufren una seguidilla de hechos violentos. Los hechos ocurrieron el 5, el 20, el 22, el 26 y el 31 de ese mes. Las amenazas fueron con incendios intencionales al frente de sucursales de las Agencias, disparos hacia el frente de su vivienda, disparos hacia empleadas de una de las sucursales sin que salgan los disparos, y haber dejado una nota en otra de las sucursales exigiendo el dinero en efectivo.

El 1º de junio de este año, el frente de uno de los locales del mismo dueño en cuestión fue incendiado. Y los días siguientes, personas todavía no identificadas se acercaron a otro local, para intimidar tanto a empleados como familiares de la víctima. Estos hechos se le imputan a Brian Díaz, detenido en la Unidad 11 de Piñero. Durante julio de este año, la misma persona se comunicó con las víctimas mediante chats de whatsapp, audios y llamadas.

Se imputa a Bladimir Navarro (alojado en la Unidad 11 de Piñero) y a otros internos todavía no identificados, haber participado del plan extorsivo con una línea de teléfono para que la víctima se contacte y concrete la entrega del dinero exigido. El plan no tuvo éxito. Lo mismo ocurrió con Kevin Moreno. La línea que utilizó éste último era de un familiar. La última vez que fue utilizada fue el 23 de septiembre de 2022, fecha en que fue detenido Kevin M. en Capitán Bermúdez.

Gonzalo Sarmiento está acusado de haber facilitado el celular que fue contactado con un número desde el que se enviaron mensajes extorsivos el 23 de septiembre de 2022 a las personas que participaron de la extorsión mediante una línea telefónica para que los mismos puedan concretarla.

Mariana Ortigala y Rodolfo Sebastián Felipe fueron imputados además por la tenencia ilegal de armas de fuego. Las dos fueron secuestradas del interior de su casa en Funes Town.