En los tiempos de la feroz lucha contra el gobierno del kirchnerismo, buena parte del arco opositor recurría a la metáfora de “Argenzuela”. Esto quería significar que Argentina desplegaba una política similar a la de Venezuela y, por lo tanto, era esperable que lograra los mismos resultados. Algunas reflexiones superficiales (políticas sociales para vagos, políticas nacionalistas que espantaban al capital extranjero, altas tasas de inflación sin importar qué las generaba) sostenían una comparación que no resistía un análisis serio. Tal vez el único punto de apoyo para la comparación entre ambos países era la radicalidad de la oposición; ambos movimientos se sentían hermanados en una feroz lucha ni principios contra el gobierno.
El panorama ha cambiado desde entonces en el Cono sur. Con el cambio de gobierno en Argentina, un nuevo modelo comienza a desplegar su plétora de cursos de acción. Lo que ocurre desde entonces se parece cada vez menos a Venezuela y cada vez más a México. Otrora el paraíso de los exiliados intelectuales del Cono sur por la libertad de expresión y las políticas científicas y culturales, con políticas nacionales que intentaban fomentar una limitada pero creciente industrialización, controlar los recursos propios y avanzar sin prisa pero sin pausa hacia una menor desigualdad social, México resultaba un experimento interesante –incluso a pesar de sus profundos problemas y déficits económicos y políticos– como modelo de desarrollo. Las políticas para enfrentar la crisis de la deuda a partir de 1982 y el giro más drástico de Salinas de Gortari en el cambio de década condujo al país a una profunda transformación económica, política y social de la que derivó un sistema completamente nuevo.
La economía mexicana se articuló mucho más estrechamente a la de los Estados Unidos, en especial a partir de la firma del acuerdo de librecomercio denominado TLCAN, pero además sufrió una enorme concentración (tanto en la estructura del patrimonio como en el perfil productivo) y un avance mayúsculo en la ilegalidad. Una ilegalidad que abarca tanto el tráfico de drogas y de armas, como la acción ilegal de empresas legales en, por ejemplo, la contaminación ambiental. O la utilización de mano de obra semiesclava, muchas veces inmigrante de países vecinos. Mientras tanto, se impulsaba la crisis de parte de la industria y sobre todo de los sectores campesinos, devastados por la desleal competencia del subsidiado campo norteamericano.
Esa trama económica se asoció a un tejido político cada vez más corrupto y acoplado a los negocios ilegales, pero también cada vez más autoritario. Un sistema que ha permitido que presidentes como Vicente Fox se impusieran con un abierto fraude electoral en 2006. O que articulara el brazo armado del Estado con fuerzas paramilitares que avanzaron en la represión abierta y, especialmente, en la sistemática desaparición forzada de personas. Las elites políticas aparecen así amalgamadas a una elite económica que adquiere un tinte mafioso y extiende sus raíces por los estamentos del Estado.
La Argentina de hoy está aún lejos de México, y no sólo territorialmente. Sin embargo, las actuales autoridades políticas parecen hacer un esfuerzo superlativo por imitar esa experiencia. En dos años lograron progresos enormes en desacreditar el sistema electoral que desde 1983 funcionaba de manera casi impecable. Abortada la vidriosa maniobra del voto electrónico, el primer acto electoral quedó bajo sospecha por un inescrupuloso manejo de los datos. Se justifica ampliamente la pregunta sobre qué pasará con la elección de octubre próximo.
El entramado entre las elites ilegales y pseudolegales económicas y políticas es cada vez más palpable. Desde las denuncias de La Alameda sobre trabajo semiesclavo con migrantes indocumentados de países vecinos que involucran, incluso, a la “primera dama” hasta la filmación de un programa de televisión con un “capo narco” en el departamento de una de las principales dirigentes del gobierno, pasando por el escape cinematográfico de narcotraficantes en traslados sin recaudos suficientes de seguridad, o funcionarios involucrados en escándalos como el de Time Warp. O por la expansión de las propiedades de magnates extranjeros en la patagonia, avanzando sobre territorios con asentamientos de población autóctona, desplazados de manera violenta por el Estado, mientras el Presidente toma mate con el “legítimo” dueño.
No nos extenderemos aquí sobre las duras acusaciones de corrupción. La campaña de desprestigio contra la ex presidente CFK a partir del supuesto destape de nuevos affaires, como los Panama Papers, el caso Odebrecht, la venta de dólares a término del Banco Central o la obra pública siempre terminan en algún miembro del actual Poder Ejecutivo y debe ser tapado aceleradamente. En este terreno, sin embargo, un generoso blanqueo permitió legalizar parte de los fondos acumulados.
La concentración de la propiedad, la riqueza y la actividad productiva genera una población desplazada que reclama por sus derechos. Y allí surge el aparato represivo que recurre a los peores procedimientos del triste pasado argentino como la “portación de cara”, la “de ideología” y la rápida justificación de que “algo habrán hecho”. La represión a huelguistas, a desocupados que claman por trabajo, a docentes en lucha, a poblaciones ancestrales que pretenden conservar sus territorios, y varios etcéteras ha llevado a un creciente arbitrio en el control y la detención de personas en contra de la normativa vigente. Se destaca allí la detención de Milagro Sala en Jujuy, tildada de ilegal por todos los organismos internacionales competentes en el tema. En ese marco, se ha producido ya la primera desaparición forzada de persona: Santiago Maldonado. El Estado comienza a pisotear el Estado de derecho.
El panorama adquiere de ese modo un creciente parecido a lo que viene ocurriendo en México desde hace algunos años y da pie para pensar en la construcción de una “Mexicantina”. En el fondo, no parece una mera curiosidad. Ambos países intentan anclar sus economías y sus estrategias internacionales a los Estados Unidos, montando una versión del neoliberalismo absolutamente subordinada, impulsada por un reducido conjunto de negocios muchas veces turbios, un recorte drástico de derechos, una destrucción abierta del sistema democrático y un Estado represivo.
Una política apoyada en una fracción de las elites que parece haber perdido todo contenido nacional y estratégico y sólo piensa en términos de negocios inmediatos de cualquier tipo. Lo ocurrido en México en las últimas dos décadas y especialmente en los años recientes advierte a la sociedad argentina de adentrarse en un sendero parecido.
Como en las problemáticas de la deuda, la enajenación de bienes del Estado o la destrucción de los sistemas educativo, de salud o de seguridad social, estamos frente a otro proceso cuya reversión sería, cuanto menos, extremadamente difícil si se profundizara. Como en todos esos casos, aún es posible evitarlo.
* Investigador Idehesi-UBA/Conicet.
