La definición de políticas públicas diferenciadas (PPD) tiene que ver con que no se puede tratar como iguales a los que son estructuralmente distintos, ya sea en términos sociales, tributarios, productivos, o económicos. No todos las personas físicas o jurídicas tenemos las mismas capacidades contributivas, económicas, de producción o de consumos diversos (luz, agua, alimentos, etc.). Esta es una diferencia que el campo nacional y popular debería reconocer en forma automática a la hora de gestionar. Y casi nunca lo hace.

Las PPD son un instrumento para gestionar el Estado con mayor justicia social. Son muy útiles a la hora de favorecer a los sectores más débiles o más chicos. No son una aspirina que todo lo cura y/o que se pueda aplicar a toda política en todo momento. Pero es una forma de gestión que permite calibrar la democracia, darle contenido y sabor popular, merced a una discriminación positiva. Ayuda a dotar de contenido popular a las democracias, reduciendo notablemente los índices de “insatisfacción democrática”, ese mal que abre las puertas a todos los demonios.

Un gobierno que se precie de popular no puede poner en la misma bolsa a todos sus ciudadanos, cualquiera sea su poder económico. No puede cobrar las mismas tasas o tarifas de luz a un millonario, clase media o un indigente que no llega a la canasta básica ¿Cómo cobrar la misma tarifa de luz a un casino, una multinacional o una pyme? ¿O los mismos derechos de exportación (DEX) a un terrateniente que a un chacarero o un campesino?

Las políticas planas son la contracara de las PPD. A la hora de pagar, la derecha siempre se opuso a la segmentación. Generó un sentido común, a partir de consignas efectistas pero injustas y falaces: “Todos somos el campo”, “Todos somos Vicentín”. Es decir “unámonos”, ocultando las asimetrías sociales o productivas.

Es la construcción de un Estado que aplica un falso igualitarismo, aprovechando el componente aspiracional de esas consignas para congelar las injusticias distributivas, Es como poner a boxear a un peso pesado contra un peso pluma. El boxeo tiene más sentido de justicia que el neoliberalismo libertario. El universalismo plano que practica el Estado bobo, es el escudo discursivo protector de la ultraderecha liberal.

En el último mes, el ministro Massa puso en práctica a pleno las PPD en materia impositiva, devolviendo el IVA a más de 20 millones de personas -de acuerdo con su capacidad económica- y eliminando la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias. En el plano económico, segmentó apoyando a las Pymes con créditos, subsidios y desgravación impositiva. En el ámbito agropecuario, subsidió en forma diferenciada el uso de fertilizantes para productores que siembren menos de 150 hectáreas de trigo y maíz.

Todo este esquema diferenciado es un verdadero cambio de paradigma a la hora de repartir las cargas tributarias de nuestro país, y sería muy bueno que se extienda a la economía agraria. Tomemos un ejemplo: si un cultivo exótico como la soja, que no es parte de la cultura alimentaria de la Argentina, se empieza a expandir y reemplaza a los que efectivamente se usan en la mesa, afectando la soberanía alimentaria. Si el Estado no regula, aplica una política plana y deja que el mercado fluya, tratando a todos los productores por igual, sin diferenciar tamaño, ni escala, ni nada.

El resultado es el que tenemos hoy: una Argentina sojizada, con tierras y rentas concentradas en poquísimas manos, y alimentos deslocalizados geográficamente (un litro de leche recorre 1.000 kilómetros en promedio), para no hablar del pasivo ambiental que pagamos todos. En este contexto, no se le pueden cobrar las mismas DEX a un mega productor que a uno pequeño. No se le pueden cobrar los mismos impuestos a un tambero chico que a quien tiene miles de vacas en ordeñe. No se le puede cobrar la misma retención a un productor que siembra 20 hectáreas de trigo o maíz, que a uno que siembra 200, 2.000 o 200.000. Eso sucede hoy, sin que se reconozcan impositivamente las obvias diferencias y es a causa de haber dejado actuar políticas planas que ponían a todos los productores cualquiera fuera su tamaño a competir sin reglas entre sí. Resultado final desaparecieron más de 160.000 explotaciones agropecuarias, todas mixtas y pequeñas. .

En cuanto a la instrumentación, no es sacando retenciones, sino segmentándolas por el tamaño de la explotación agropecuaria. Como no es sacando el IVA, sino devolviéndolo a partir de los ingresos que percibe el beneficiario. Mientras más segmenta su política pública un gobierno, más progresista es y mejor Estado construye. Una política pública es todo lo que el Estado hace, deja hacer u omite, mirando para otro lado. El falso universalismo de las políticas planas se nutre esencialmente del Estado que no mira ni interviene; y si lo hace, lo hace a favor de los ricos. Es una forma de legitimación política que encubre a la mano invisible del Mercado. El resultado es una regulación asimétrica que nunca se explicita, y facilita la concentración. El ejemplo es lo que sucede con el pago del Impuesto a las Ganancias: todos los Responsables Inscriptos tenemos que pagar una alícuota del 35%; sin embargo, las grandes empresas pagan, en promedio, el 2.44%, sacando provecho de dichas regulaciones, aparentemente igualitarias, pero totalmente asimétricas en la práctica…

Sin Estado conducido por un gobierno popular, que segmente, no hay justicia tributaria posible.

Conclusión: las políticas públicas diferenciadas ayudan a calibrar la democracia, le dan contenido y le ponen justicia. Son una apuesta al sentido común político, social, productivo, tributario y cultural en favor del bien común. Cuanto más se diferencian, ayudando a los más débiles, mayor es la justicia social y la mejora comunitaria en todos sus aspectos.

El mayor bienestar económico trae aparejado una mejora en el humor social que, sin duda, impacta en la gobernabilidad; cuanto más y mejores recursos se distribuyan segmentadamente a favor de los sectores populares mejor será la performance electoral. Sin mejoría económica no hay votos para un gobierno popular; y sin votos, no hay gobierno ni gobernabilidad posible. Por eso es tan importante que direccionemos los recursos correctamente; para lo cual hay que cobrar impuesto, a quienes más tienen, no a todos por igual. Las PPD son para eso. Aunque su implantación y adaptabilidad están directamente ligadas al grado de movilización y respaldo popular con que cuente la iniciativa. Con diálogo y promesas no alcanza. Razón sin lucha no pasa de ser una buena idea …