El juicio por la muerte de 43 gendarmes el 14 de diciembre de 2015 tras el vuelco del colectivo que los transportaba, por desperfectos mecánicos, a la altura de la ciudad de Rosario de la Frontera, se reanudó este viernes luego de casi dos años de iniciado. En la audiencia se volvió a leer la requisitoria fiscal de elevación a juicio "íntegra", por pedido de una de las defensas, lo que llevó toda la mañana y motivó la disconformidad de familiares de las víctimas que consideraron esto como una estrategia dilatoria más.  

Hace 8 años, el 13 de diciembre de 2015, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, dispuso que 150 gendarmes viajaran a Jujuy para brindar apoyo a las fuerzas de seguridad de Jujuy ante disturbios públicos en esa provincia cuando el gobernador Gerardo Morales afrontaba protestas sociales. En cumplimiento de esa orden partieron los efectivos de Gendarmería, distribuidos en dos colectivos del Destacamento Móvil 5 de Santiago del Estero y otro ómnibus contratado. 

El juicio está a cargo del Tribunal Oral Federal 2 de Salta, presidido por el juez Domingo Batule e integrado por las juezas María Alejandra Cataldi y Liliana Snopek como vocales.

La audiencia se inició con la extensa lectura de la requisitoria fiscal de elevación a juicio contra Ricardo Ernesto Villasanti y Juan Carlos German. El fiscal Carlos Amad había solicitado que se agilizara el trámite presentando los hechos y las calificaciones legales, y que se avanzara con el debate debido a que las partes ya conocían las acusaciones. Sin embargo, el abogado Pablo del Pino, en su rol de defensor del suboficial mayor encargado de la División Motorizada del Destacamento Móvil 5 de Santiago del Estero, Ricardo Villasanti, con adhesión de otros defensores, solicitó la lectura íntegra de las requisitorias con el argumento de que de esta manera los acusados iban a conocer los hechos que se les imputan.

El escrito de la requisitoria fiscal es de 132 páginas. Llegado el mediodía, luego de que transcurriera toda la mañana y la secretaria no pudiera terminar de leer, el juez Batule reconsideró proseguir con esa lectura "íntegra" y cayó en la cuenta de que se que se tornó extensa, también razonó que era dificultoso prestar atención a tanta información y eso igualmente estaba afectando los derechos de los imputados.

Algunos familiares de las víctimas se estaban durmiendo del agotamiento ante la lectura monocorde de un texto con lenguaje técnico jurídico no adaptado para la oralidad ni para facilitar la comunicación de ese contenido a un público no especializado. Entre las familias, había una adulta mayor que superaba los 70 años, y otras mujeres que viajaron desde Tucumán para presenciar la audiencia.

El fiscal Amad insistió con que se agilice el procedimiento leyendo cuestiones puntuales, porque además aún faltaba la lectura de la segunda requisitoria de elevación a juicio a Elio Rafael Méndez, Ramón Antonio Maidana y Juan Carlos Bordón. 

Luego de la disquisición entre las partes, finalmente, Batule dispuso que se termine con la lectura de la calificación legal realizada en la primera requisitoria de la fiscalía, ya habían pasado las 12 del mediodía y aún no se había llegado a oralizar esa parte del texto. Después el juez dispuso un cuarto intermedio. 

La acusación fiscal contra el suboficial mayor Villasanti y contra el comandante Juan Carlos German es por estrago culposo con resultado de muerte, figura prevista y reprimida por el artículo 189 del Código Penal. 

El fiscal Amad señaló que "el comportamiento de los imputados elevó el riesgo jurídicamente permitido y posteriormente, ese mismo peligro se vio realizado en la producción del acontecimiento ilícito provocando en consecuencia la muerte de numerosas personas". 

Testimonio clave 

El testimonio clave en esta causa es del cabo primero Hugo Oliveira, quien manifestó que el 8 de diciembre de 2015 le informó verbalmente a su superior, el suboficial mayor Villasanti, que el ómnibus Nº 08017 no se encontraba en condiciones de circular porque tenía los neumáticos delanteros en malas condiciones, en particular el neumático derecho.

Oliveira declaró que cuando se le ordenó conducir el colectivo 08017 para viajar a Jujuy el 13 de diciembre de 2015, se negó porque había advertido que no se cambiaron los neumáticos, en especial el delantero derecho que estaba desgastado. 

Según los informes policiales, el siniestro se produjo por la explosión del neumático delantero derecho, en la ruta 34, lo que motivó que el colectivo se precipitara sobre por el puente al arroyo Balboa, que se encontraba seco, y quedara con las ruedas hacia arriba y 50 gendarmes atrapados en el interior. Para las tareas de rescate hubo que desmantelar el vehículo, inmediatamente murieron 42 efectivos de Gendarmería, y luego se contabilizaron 43 porque uno había sido rescatado con vida pero gravemente herido y murió después. 

La situación de Villasanti tiene la particularidad de que se encuentra imputado en esta causa pero tambien es padre del gendarme fallecido Ricardo Emilio Villasanti, que viajaba en el colectivo siniestrado. Durante toda la audiencia sostuvo la foto de su hijo. 

En la próxima audiencia, el viernes venidero, se leerá la segunda requisitoria fiscal, aunque el juez se comprometió a dinamizar la cuestión, además se deben leer las requisitorias de los querellantes. El abogado querellante Mauricio Arriagada dijo que "se está juzgando la pérdida de 43 vidas" y pidió que "no se opte por recortar lo que pertenece a las querellas".

Que puedan descansar en paz 

Los familiares de los gendarmes consideraron lo sucedido en la mañana como una estrategia dilatoria de la defensa de Villasanti. 

Luis Ruiz, el hermano del gendarme fallecido Sergio Gallardo, dijo a Salta/12 que estaba de acuerdo con el pedido del fiscal ya que el acto de leer íntegramente se tornó "muy tedioso". "Es algo que ya se sabe, los mismos abogados ya tenían esas copias y se les paga para que hagan su trabajo. Supuestamente estas personas han estudiado 6 años y vienen a tratar de seguir dilatando esto. Yo no estudié pero no soy tan cabeza dura como para no darme cuenta de lo que intentan hacer", manifestó.

"Ellos (los defensores) se ven contra la pared porque las pruebas están y no quieren llegar a eso, quieren seguir dilatando. Es algo inaceptable. No entiendo esa actitud y el Tribunal lo permite. (La lectura d)el requerimiento a juicio ya estaba antes de que se suspendiera el juicio hace dos años, son las mismas cosas que se han leído", insistió Ruiz, quien estuvo junto a su madre, una adulta mayor, y dijo que seguirán presenciando las audiencias y reclamando justicia.

La madre del gendarme fallecido Claudio Patricio Gómez (26), Graciela Valdez, viajó desde el interior de Tucumán hasta la capital salteña para presenciar el juicio. En su caso, no llegó a constituirse en querellante por falta de asesoramiento jurídico y cuando se enteró que tenía ese derecho ya habían vencido los plazos. 

"Espero que siga el juicio y que se haga lo más pronto, por las distancias y la situación económica que pasamos, porque para ir y venir y estar escuchando lo mismo, lo que ha pasado anteriormente no nos da ninguna solución. Hemos escuchado lo que ha pasado en la otra audiencia de hace dos años y ahora espero que siga para adelante y se haga justicia, que aparezcan los responsables", manifestó Valdez. Tras ocho años, la madre manifestó el agotamiento que viven como familiares y la necesidad de que este juicio culmine para que los gendarmes fallecidos puedan "descansar en paz"; "y uno ya como familia tenga una tranquilidad y se tome un descanso ya".

Valdez también expresó que espera que este tipo de hechos "no siga sucediendo y que se arreglen los vehículos de la fuerza para que estén en condiciones cuando tengan que salir, porque salir con vehículo desarmado es hacer peligrar la vida y eso ha sido lo que ha pasado con ellos". Sin embargo, recalcó que ahora hay otras muertes y heridos en el Ejército tras una situación similar por el vuelco del camión que los transportaba en San Martín de los Andes, Neuquén.