El senador Lisandro Enrico, uno de los hombres en el armado del futuro gobierno de Maximiliano Pullaro, se metió de lleno en un tema polémico al ser consultado por este diario sobre posibles cambios de nombres en la Corte Suprema santafesina. "La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe debe tener un recambio, todos sus integrantes tienen más de 65 años, la gran mayoría superó los 75 años de edad. Todos tienen muchos años de antigüedad en sus cargos, entre 17 y 25 años. Creo que hay una necesidad de recambio en muchos lugares y también en un órgano como la Corte, donde sin dudas tiene que haber un cambio", aseguró Enrico, entre redundancias, "en términos personales". La afirmación no parece menor teniendo en cuenta que el gobierno de Unidos para cambiar Santa Fe obtuvo la mayoría en la Cámara de Diputados y de Senadores, y avanza asi el máximo órgano de control judicial de otro de los poderes del Estado. Para saber el rol que va a desempeñar en el próximo gobierno santafesino, este diario le consultó.
-¿Es verdad que le ofrecieron el Ministerio de Seguridad y que usted prefirió ir a Infraestructura y que aquella cartera la ocupe Pablo Cococcioni?
-Lo que es verdad es que Maximiliano Pullaro hace tiempo nos habló y nos pidió formar un gobierno con personas de su confianza. Y así se analizaron varias hipótesis y lugares para desarrollarlo, pero el tema está en manos de Pullaro, que será quien decida sus colaboradores.
El diálogo de este diario con Enrico se dio en la misma semana en que fuera denunciado el fiscal Matías Edery, cuyo tramite llegará en unos días a la Legislatura santafesina. La comisión Bicameral de Acuerdos -de la que forma parte el senador del departamento General López- convocó para el próximo miércoles al auditor general del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Leandro Mai, para que informe sobre el procedimiento administrativo que se abrió con el integrante de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos de Rosario.
Pero lo más llamativo es que tras esa denuncia el senador peronista Armando Traferri decidió pedirle a sus pares que voten su desafuero para someterse a la investigación de la justicia, por las acusaciones en su contra sobre el manejo de fondos del juego clandestino de manos de Leo Peiti. Enrico fue justamente uno de los primeros en destacar ese gesto: “Me parece que Traferri hizo lo correcto al pedir su desafuero, para presentarse a declarar ante la justicia".
Sin embargo cuando se le preguntó cuál había sido su voto en aquella oportunidad, confesó: "Cuando tuve que votar por los desafueros me abstuve". Y lo explicó: " Por un lado correspondía que un legislador cuando es requerido por la justicia fuera a declarar, pero también era razonable que un legislador tenga fueros para no ser perseguido políticamente, como lo fue el senador Traferri por el ex ministro de Seguridad Marcelo Sain”.
Al mismo tiempo, puntualizó que “de ese armado de causas por parte de Sain hay una investigación penal en curso. Empresarios, partidos políticos, legisladores, periodistas, era objeto durante la gestión de Sain de armado de carpetas, de causas". Una causa, vale la aclaración que tiene un trámite más que extenso y moroso en manos del fiscal Ezequiel Hernández. Según Enrico en aquel entonces le dijo a su par de San Lorenzo "que el mejor lugar donde podés defenderte es en la justicia”.
-¿Qué tratamiento le piensan dar al caso del fiscal Edery?
-El caso del fiscal va a ser analizado como el de todos los otros fiscales que resultaron denunciados, y que han llegado a la Legislatura para su análisis. Le recuerdo que ha habido casos donde hubo remociones hubo un pedido del organismo fiscal, y también que la mayoría no prosperaron porque no eran faltas graves, y en otros como Serjal, o el fiscal Blanco.
-Se van a avocar también al caso del fiscal Aldo Gerosa de Reconquista (acusado por su mal desempeño en una causa contra Marcelo Galaz, mano derecha del senador nacional Dionisio Scarpin, acusado de haber violado a su sobrina cuando era una niña) que tiene en sus manos la diputada socialista Erika Hynes? Porque hasta el momento no se han conocido avances. ¿Se mide con la misma vara a los fiscales o se tiene en cuenta el espacio político al que pertenecen?
-En el caso del fiscal Edery quiero recordar que en primer término lo rechazamos, pero el caso de Gerosa está en pleno curso esa investigación. El sistema funciona así, cuando el caso se presenta la Comisión de Acuerdo analiza el avocamiento,y designa al acusador y en ese caso la legisladora Hynes es la tiene que resolver la situación. Entiendo que está en eso.
Cabe recordar que luego de la denuncia sobre Edery, se abrieron dos canales de investigación. Uno es el penal. Según indicó la titular de la Fiscalía Regional de Rosario, María Eugenia Iribarren, le solicitó a la fiscal general de la provincia, María Cecilia Vranicich, para que el procedimiento se lleve adelante en “otra jurisdicción con mayor objetividad". El otro frente es el administrativo. En ese plano, Mai ya notificó a la Legislatura que abrió un procedimiento en el que recolectará distintas pruebas. Si entiende que Edery incurrió en una falta leve, a la que pueda caberle una sanción de hasta dos meses de suspensión, quedará en la órbita del MPA. En cambio, si la sanción prevista supera los dos meses -o incluso contempla la suspensión- el trámite pasará a los senadores y los diputados.