Sumó testimonios de damnificados la investigación sobre una organización que prestaba dinero en condiciones irregulares, con la intención deliberada luego de entablar juicio a los deudores en un tribunal civil y comercial con el fin de desapoderarlos de bienes, y forzar el remate de los inmuebles que siempre terminaban adquiridos por las mismas personas. Mientras el caso se investiga en la Justicia federal por la aparente maniobra de lavado de dinero que implica, ahora tomó intervención un fiscal provincial, Mariano Ríos Artacho, con nuevos testimonios que acrecientan la dimensión de la estafa. El epicentro: una inmobiliaria céntrica donde se realizaban préstamos usurarios a personas que llegaban hasta allí movilizadas por necesidades urgentes y sin chance en el mercado financiero formal. 

Este diario reveló en abril la existencia de esta investigación que movilizó a la Procelac, el organismo nacional a cargo de perseguir el lavado de activos, y ahora accedió a las declaraciones de 14 damnificados más que acumularon sus padecimientos en la fiscalía federal n° 3, actuaciones que pasaron al fuero provincial penal, en el escritorio del fiscal Ríos Artacho. Antes de eso, el mismo Ministerio Público de la Acusación había desestimado la posibilidad de investigar el caso. 

"Va quedando en evidencia la falsedad de las escrituras, de los documentos públicos en los que se plasmaban las hipotecas. El delito más claro de toda esta maniobra para quedarse con las casas de los deudores es la falsedad de los instrumentos públicos que plasman mutuos con garantías hipotecarias, porque fueron firmados por personas que no se conocen entre sí. Son falsos porque no materializan una operación de un simple préstamo de dinero entre A y B, sino que se usan para intermediar financieramente y se ponen entre personas que no se conocen. Eso es la falsedad ideológica", señaló la abogada Micaela Domínguez, que impulsa la causa.

El caso tiene como epicentro la inmobiliaria Solares, de Italia al 1200. Según las declaraciones de los damnificados, por lo menos desde 2017 llegaron hasta allí atraídos por avisos publicados en La Capital, redes sociales, comentarios de terceros, acerca de préstamos de dinero de fácil otorgamiento. En su mayoría, los tomadores fueron personas urgidas de plata por diversas situaciones.

Quienes tomaron los créditos coinciden en haber firmado pagarés sin destinatario especificado y contratos de mutuo. Plata fácil prestada solo contra presentación de DNI, una boleta de impuesto o servicio a su nombre, y un recibo de sueldo, para el caso de préstamos chicos. Para montos mayores, se celebraron contratos de mutuo con garantía hipotecaria. A la primera dificultad de pago o atraso, se activaba la maniobra de ejecución a cargo de un estudio jurídico céntrico que está en la mira, aunque todavía sin acusación penal en su contra.

El abogado en cuestión es el que aparece en todos los juicios sembrados por el fuero civil y comercial en el último lustro, y en representación siempre de las mismas personas que se repiten expediente por expediente como ejecutores de la hipoteca. Así la organización se apoderó de decenas de inmuebles, según lo que va surgiendo de la causa.  

Quienes aparecían como titulares de los préstamos reclamados son personas que la Justicia no ha podido ubicar. Y todos los damnificados refieren que jamás conocieron a esas personas que le reclaman la devolución a través de juicios. En numerosos casos, por ejemplo, aparece como dador del préstamo un tal Marcelo Ferreyra, que resultó ser una persona insolvente y por ahora inhallable.

Los montos prestados son diversos, desde unos 10 mil pesos de hace 5 años, que terminaron en embargo de sueldo, hasta un crédito de 80 mil dólares que derivó en una ejecución hipotecaria.

"En las testimoniales surgió que también hacían estas maniobras con préstamos comunes de dinero que luego terminaban en embargos de sueldo. Les hacían firmar pagarés a nombres de terceras personas que aparecían luego, pero que la fiscalía nunca pudo ubicar", agregó la letrada.

Primero empezó con un pedido de la Procelac al fuero federal para que investigue el caso como una probable organización de lavado de activos. Esa causa recayó en primera instancia en el juzgado de Marcelo Bailaque y la impulsa la fiscal federal Adriana Saccone. En paralelo, se investiga la misma organización en la Justicia provincial por los delitos de falsedad ideológica de instrumento público, usura e intermediación financiera no autorizada.

"Entendemos que hay adulteración de documento público porque a los deudores les daban copias con datos alterados para que nunca pudieran ubicar a las personas que figuran como acreedores hipotecarios. Es decir, aparecen debiéndole a una persona que no conocen", señaló la abogada Domínguez a Rosario/12. "Además, hay un claro aprovechamiento de estas personas urgidas de dinero pero sin capacidad cierta de pago, solo para quedarse con propiedades en muchos casos, y en otros para terminar embargándoles el sueldo y terminar cobrando dos veces la misma deuda", añadió.