La violencia institucional provoca una muerte cada 25 horas, en Argentina. En Rosario, la lista es larga. Franco Casco, golpeado en la comisaría 7ª y fondeado en el río Paraná; Jonatan Herrera, acribillado por agentes que perseguían a un ladrón; David Campos y Emanuel Medina, víctimas de una balacera en una dudosa persecución policial; Maximiliano Zamudio, Jonatan Ojeda, Carlos Godoy, Alejandro Ponce, Gerardo Escobar, Michel Campero, Diego Fernández. Y sigue. Los hechos se repiten; las prácticas, también. Con esos y otros nombres estampados en remeras, carteles y banderas, mañana se hará por primera vez en Rosario la marcha nacional "contra el gatillo fácil", organizada por la Multisectorial contra la Violencia Institucional, que tendrá su edición en varias provincias. La convocatoria local es a las 17, para movilizar desde Tribunales provinciales a Gobernación. "Somos muchísimos los familiares de víctimas y lamentablemente cada vez somos más. Estamos unidos y fortalecidos para pelear contra el Estado que criminaliza a los pibes asesinados por la policía", expresó Julieta Riquelme, una de las fundadoras de la MCVI, hermana de Jonatan Herrera. 

Terminar con la violencia estatal "es una de las deudas más importantes de la democracia y recrudece actualmente en un contexto político, social y cultural que avala y habilita, cada vez más decididamente, prácticas represivas y violatorias de los Derechos Humanos", expresaron desde la Multisectorial. Consideran que se trata de "un fenómeno sistemático, extendido en el tiempo y focalizado contra un grupo social específico: jóvenes de sectores populares, sobre quienes recaen prácticas de las fuerzas de seguridad que van desde detenciones por averiguación de antecedentes, torturas y ejecuciones sumarias, hasta desapariciones forzadas de personas seguidas de muerte".

Para la Multisectorial, los casos son "gravísimos", pero también lo es que el Estado no tome cartas en el asunto. "Las prácticas son sistemáticamente negadas por el Estado que no implementa políticas de prevención, detección y sanción, ni garantiza acceso a la justicia de víctimas y familiares". Por eso involucran "no solo a las fuerzas de seguridad sino a los tres poderes del Estado".

En Rosario, expresaron, "la historia reciente muestra la profundización de estas prácticas: en 2013 hubo récord de homicidios dolosos y se intensificaron los casos de gatillo fácil. Sólo a partir de la organización y activismo de las víctimas, familiares y allegados, con la constante y tenaz labor de organizaciones sociales, políticas, académicas, sindicales y de derechos humanos, podremos incidir en las decisiones que deben tomarse para detectar, prevenir, sancionar, detener y erradicar estas prácticas".

Julieta lucha por justicia en el caso de su hermano, pero también por otros hechos aberrantes que une a familias enteras. En ese sentido, pidió que la sociedad toda se haga eco del reclamo y salga a la calle. "Es una práctica de la que nadie está exento. Cuando te toca es muy doloroso", aseguró, sobre casos que casi no tienen sanción en la Justicia.