Desde hoy una comitiva de Aministía Internacional Argentina y de la Oficina Regional de esta organización e integrantes de la Comisión creada por el gobierno nacional para relevar hechos de violencia institucional en Jujuy trabajarán intensamente en la provincia para entrevistar a docentes, otros trabajadores, dirigentes gremiales e integrantes de comunidades indigenas que sufrieron la represión por parte del gobierno de Gerardo Morales.
La visita es en el marco del decreto 435/2023 del gobierno nacional, que crea una Comisión de recepción de denuncias sobre violencia institucional en Jujuy.
Esta Comisión funcionará en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y estará integrada por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, al pastor Leonardo Schindler, la antropóloga Diana Lenton y los juristas Eduardo Salvador Barcesat y Humberto Podetti, quienes desempeñarán sus tareas ad honorem.
Se previó que la Comisión trabajará en Jujuy hasta el viernes próximo. Durante la semana realizarán entrevistas a personas que han sido afectadas directamente por hechos ocurridos desde el 16 de junio a agosto de 2023, cuando se profundizó la violencia institucional tras la jura de la reforma de la Constitución jujeña, el 20 de junio último.
El informe final de esta Comisión se presentará a la Presidencia de la Nación y se leerá en el Congreso de la Nación, que reunirá todos los datos y las experiencias de los maloneros y deberá pronuciarse.
Un decreto anticomunidades
En ese contexto el Tercer Malón de la Paz lleva más de 54 días de lucha en Buenos Aires y más de 76 días en Jujuy. Además, distintas comunidades se encuentran en los lugares donde se llevaron adelante cortes de rutas. Comuneros y comuneras agradecieron a quienes les "ayudan a romper el cerco mediático" y expresaron su solidaridad con las y los maloneros que están encadenados en la Ciudad de Buenos Aires. “Que la Pachamama les dé fuerza", deseó una comunera de la Quebrada de Humahuaca. También agradeció a la Multisectorial contra la Reforma por la ayuda que les brinda y denunció "el accionar del gobierno”.
Las comunidades indígenas de Jujuy repudian un nuevo decreto del gobernador Morales, del 4 de setiembre, por entender “afecta los intereses y tierras que ocupamos milenariamente, también a ciudadanos”, según afirmó el comunero Fabián Sumbaino, de Rinconada.
El decreto suspende "todo trámite de análisis y aprobación de planos de prescripción adquisitiva sobre inmuebles del Estado provincial, sean estos de dominio público o privado, iniciado o a iniciarse en la Dirección de Inmuebles”. Sumbaina dijo que les "preocupa este decreto porque está consumando un hecho y violación a los derechos cuando ellos dijeron que la reforma (constitucional) no afectaba a las comunidades originarias. Ha sido una mentira porque acá están suspendiendo planos, mensuras, prescripciones adquisitivas de las comunidades. Denunciamos este accionar del gobernador porque mintió al pueblo y es un atropello más. Este gobierno no respeta la Constitución Nacional y este decreto viola todos los derechos afectando a las comunidades. Estas tierras fiscales como ellos dicen, le decimos que no son fiscales , tienen posesión y las ocupan nuestros hermanos en distintos puntos de la provincia. Y no pueden vender", puntualizó el comunero.
Más informes sobre la violencia
En la semana que pasó se conoció el informe final de la Misión de Solidaridad y Derechos Humanos. También se conoció la presentación de una denuncia en la Justicia Federal para que se investigue al gobernador Gerardo Morales; al fiscal de Estado, Miguel Rivas; al abogado Sebastián Albesa; al ministro de Seguridad, Guillermo Corro; al jefe de la Policía de la provincia, Herbas Mejías, y otros agentes. La denuncia alcanza también al fiscal general del Ministerio Publico de la Acusación, Sergio Lello Sánchez; los fiscales Walter Rondón, Diego Funes, Rodrigo Fernández Ríos y Fernando Alancay y los jueces Rodolfo Fernández y Emilio Carlos Cattán.
Se estima que esta semana se corra traslado de la denuncia a Fiscalía de Estado para que responda.
La denuncia fue elaborada por las y los integrantes del Colectivo Nacional de Abogades en Causas por Crímenes de Lesa Humanidad “Mario Bosch” junto a más de 12 organismos de derechos humanos de distintos lugares del país, encabezados por Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.
La denuncia registra más de 100 hechos de violencia institucional sucedidos en Jujuy en el marco de las protestas contra la reforma de la Constitución provincial de junio a agosto. Se detallan violaciones a los derechos humanos: amenazas, intimidación y seguimiento de personas con vehículos no identificados, lesiones gravísimas, abusos sexuales, tormentos y privaciones ilegales de la libertad.
También se investigarán hechos sucedidos en la Universidad Nacional de Jujuy, y el allanamiento a la casa de la dirigente Milagro Sala.
