"Yo nunca vi a (Gerardo) Milman, pero decían que le pagaba a varias personas para que participaran en manifestaciones y con ello generar disturbios y violencia alrededor de la casa de Cristina Kirchner." Brenda Uliarte, imputada y detenida por el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, volvió a poner la "pista Milman" en el centro de la escena. 

La relación del diputado del PRO y ex jefe de campaña de Bulrich con el atentado contra Cristina Kirchner es una línea de investigación en la que, desde octubre pasado, insiste la querella de la vicepresidenta, pero ha sido recurrentemente descartada por la jueza federal María Eugenia Capuchetti. 

¿Sabía Milman que iba a atentar contra Cristina? La pregunta surgió a fines de octubre, cuando un asesor del diputado Marcos Cleri se presentó ante el juzgado de Capuchetti y declaró que, días antes del atentado contra la vicepresidenta, había escuchado a Milman hablar con sus asesoras en el bar Casablanca y decir: "Cuando la maten, yo estoy camino a la costa". 

El asesor de Cleri declaró bajo juramento y relató lo que había escuchado el 30 de agosto en el bar porteño. "Están las cámaras que no me dejan mentir", dijo el testigo clave. Las mujeres que acompañaban a Milman eran sus asesoras Carolina Gómez Mónaco e Ivana Bohdziewicz. 

Al declarar ante Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo,  Bohdziewicz primero negó haber estado en el bar, pero luego tuvo que desdecirse cuando le mostraron los fotogramas de las cámaras de seguridad de la zona que la ubicaban allí a ella, su compañera, Milman y también al testigo clave. Sin embargo, negó haber escuchado la frase de "cuando la maten...". Milman sí estuvo el fin de semana de principios de septiembre en Pinamar. 

Había otros datos previos a la declaración de este testigo para sospechar de Milman: el diputado del PRO y ex secretario de Seguridad Interior durante la gestión de Bullrich como ministra del Interior integra la Comisión Bicameral de Inteligencia, o sea que mantiene vínculos con espías y exagentes. 

Además, de esa Bicameral salió Gastón Marano, el abogado de Gabriel Carrizo --el jefe de "la banda de los Copitos" e imputado por el intento de magnicidio contra CFK--. Marano era asesor del senador de Juntos por el Cambio Ignacio Torres, gobernador electo de Chubut. 

La declaración de Ivana Bohdziewicz

A mediados de junio, Capuchetti decidió elevar a juicio la causa por el intento de asesinato contra Cristina Kirchner con Fernando Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo como únicos acusados. La vicepresidenta había advertido que "toda la investigación se caracterizó por evitar conocer la verdad" por la negativa de unificar la causa con la que investiga el financiamiento del grupo Revolución Federal --que Uliarte ahora relacionó con Sabag Montiel-- y la "pista Milman". 

"No se han podido reunir elementos objetivos de contundencia que permitan superar el terreno de la mera conjetura respecto de las hipótesis que aquí, de forma tan enfática, se sostienen", dijo la jueza al desentenderse de esas líneas de investigación. 

Sin embargo, un mes antes, a principios de mayo, la ya ex asesora de Milman, Ivana  Bohdziewicz pidió declarar por tercer vez en la causa para aportar nuevos datos que volvían a involucrar a Milman. En su segunda declaración testimonial, en 2022, había declarado que borró su celular por protección personal, pero en mayo --tras ser despedida por el diputado del PRO en enero-- cambió la declaración. Bohdziewicz sostuvo que, en realidad, fue llevada a oficinas de Patricia Bullrich, donde un perito se dedicó durante cuatro horas a eliminar todo lo que había en su aparato, el de la asesora Gómez Mónaco y también el de Milman.

De acuerdo a la nueva declaración de Bohdziewicz, el 10 de noviembre del año pasado se juntó a tomar un café con Gómez Mónaco y hablaron de la cuestión de los celulares y la posibilidad de que finalmente se los secuestren, algo que Capuchetti demoró desde octubre y hasta diciembre, cuando fue la Cámara Federal la que le dio esa orden.  

Gómez Mónaco habría intentado asustarla con el argumento de que violarían su intimidad y revisarían su vida personal y le dijo --según al declaración-- que irían a ver a Milman. El diputado las esperó en unas oficinas que Ivana atribuyó a Bullrich, lo que tendría lógica porque las situó en Avenida de Mayo al 900 y es precisamente en el número 953 de esa calle donde están las oficinas del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES), la fundación que la precandidata maneja y a través de cual se la acusa de haber desviado fondos para su campaña.

Bullrich se despegó de la acusación vía Twitter: "Ya no saben que inventar frente al total y absoluto fracaso de su patético cogobierno", dijo sin aclarar. Milman había dejado de ser su jefe de campaña en diciembre.  

En las oficinas de Avenida de Mayo, de acuerdo al relato, llegaron cerca de las tres de la tarde y se quedaron cuatro horas. Milman estaba junto al perito informático  Jorge Adolfo Teodoro, quien fue señalado como “representante tecnológico” de Juntos por el Cambio. Les pidió los aparatos a los tres y se dedicó durante todo ese lapso a borrar el contenido. Bohdziewicz dijo que su teléfono tenía información personal y de la oficina pero que no sabía qué tenían los del diputado y Gómez Mónaco. Mientras eso sucedía un abogado llamado "Diego" participaba por teléfono en altavoz. 

Uno de los temas que deliberaron tenía que ver con que a Gómez Mónaco le habían dado un celular nuevo que no estaba a su nombre y le advirtieron que debía desconectarlo y no entregarlo a la justicia. El perito les habría indicado comprar nuevos aparatos y evitar registrar cuentas personales para que no se descargue ningún "backup" de información que pudieran tener almacenada.

En esa tercera declaración, la ex asesora de Milman también recordó que, tras el ataque contra la vicepresidenta, el diputado del PRO envió por chat un proyecto de declaración que había presentado el 18 de agosto --dos semana antes del intento de magnicidio-- en el que pedía información sobre los custodios de fiscales, jueces y de Cristina Kirchner con el argumento de que "no vaya a ser que algún vanguardista iluminado pretenda favorecer el clima de violencia que se está armando, con un falso ataque a la figura de Cristina". Milman bromeaba con que había predicido el futuro, según el testimonio  de Bohdziewicz. 

El celular de Milman

Capuchetti, pese a la insistencia de la querella de Cristina Kirchner, resistió secuestrar los celulares de las asesoras de Milman en octubre y recién lo hizo en diciembre, después que la Cámara Federal le diera la razón al reclamo de la vicepresidenta. Lo mismo ocurrió con el pedido de la querella para que se secuestre el celular del diputado del PRO, sobre quien la jueza marcó que gozaba fueros como diputado. 

Otra vez fue por decisión de la Cámara Federal --los magistrados de la Sala I Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi-- que se ordenó avanzar en el secuestro del celular del diputado del PRO. Los magistrados comprendieron que era pertinente por "la excepcionalidad" del expediente dada "la gravedad que tiene el hecho objeto de investigación". "Estamos ante un hecho histórico sobre el que ninguna duda debe quedar pendiente de dilucidación", sostuvieron al dar marcha atrás con la decisión de Capuchetti.  

Una de las trabas que se podían interponer en la continuidad de la investigación era que si el teléfono no era entregado de forma voluntaria por Milman se debería abrir en la Cámara de Diputados un proceso de desafuero. El ex jefe de campaña de Bullirch tomó la decisión de entregar el aparato voluntariamente, pero su abogado Manuel Barros, histórico abogado de Gendarmería, presentó un escrito en el que anticipó la negativa para que sea peritado y la apelación a la Cámara de Casación. 

Además, tras ese gesto voluntario de Milman, los abogados de CFK, Marcos Aldazabal y José Manuel Ubeira, realizaron una nueva presentación en la que denunciaron que el celular entregado por el diputado del PRO es un iPhone 14 Pro, que salió a la venta en Estados Unidos en septiembre de 2022, después del atentado. Con ese argumento volvieron a pedir a Capuchetti medidas: "el allanamiento de todas las viviendas de Gerardo Milman" para secuestrar "todos sus dispositivos electrónicos".

También se conoció que en la misma caja en la que Capuchetti guardó el celular "trucho" de Milman, cuenta con informes de las empresas Telefónica Argentina y Telecom, que incluyen un registro de las llamadas y mensajes de texto entrantes y salientes del celular del diputado Gerardo Milman. Información que la jueza no puso a disposición de la querella.