Familiares, amigos y asociados del presidente, de su jefe de gabinete y de su secretario Legal y Técnico ocupan lugares destacados en la lista de personas que se acogieron al blanqueo de bienes no declarados. Entre ellos figuran el hermano y socio presidencial, Gianfranco Macrì, el primo del jefe de gabinete de ministros, Alejandro Jaime Peña Braun; el socio y amigo de Macrì, Nicolás Caputo; el emprendedor Marcelo Mindlin, quien el mes pasado anunció que compraba la constructora de la familia presidencial, hasta entonces en manos del primo Ángelo Testaferra y un cuñado del secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Pablo Clusellas Zorraquín. 

A la cabeza de esa nómina de allegados figura Mindlin, quien blanqueó bienes por 770 millones de pesos, equivalentes a 44 millones de dólares, una suma homóloga a la que trascendió que habría pagado por la constructora de los Macrì: entre 40 y 50 millones. Lo sigue Gianfranco Macrì, con 622 millones de pesos, o 35,5 millones de dólares. Gianfranco integra los directorios de varias empresas familiares. Nicky Caputo, a quien Macrì describe como hermano de la vida, socio en la primera empresa que inició aparte del holding familiar (Mirgor, fabricante de aire acondicionado para automotores), testigo de su última boda y asesor de facto de la presidencia, blanqueó 465 millones de pesos, o 26,5 millones de dólares. La fortuna de Caputo creció como contratista de obras públicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el gobierno de Macrì y de la Nación desde que asumió la presidencia (con otra empresa que no lleva su nombre, para simular que se cumple la promesa de ambos de que no volvería a contratar con el Estado. Intentaron engañar a la aliada revoltosa Elisa Carrió, que exigió excluir a los contratistas del blanqueo, pero no les preocupó que los viera toda la sociedad, que es más incrédula). Alejandro Jaime Peña Braun, primo del jefe de gabinete, blanqueó 109 millones de pesos, o 6,2 millones de dólares. El secretario Legal y Técnico de la presidencia, Pablo Clusellas Zorraquín, es una pieza fundamental del universo macrista. Compañero de Macrì desde la primaria, abogado y directivo de SOCMA, no sólo es el último filtro antes de la firma presidencial. También fue quien organizó el fideicomiso opaco, a cuyo frente quedó José María Fernández Ferrari, el socio del escribano general del gobierno, Carlos D’Alessio, quien renunció a ese cargo para ocultar el conflicto de intereses. Clusellas Zorraquín tiene cinco hermanos. La mayor,  Susana, está casada con Manuel Lucio Torino Ortíz, quien blanqueó 353 millones de pesos, equivalentes a 20,1 millones de dólares. Además, Pablo Clusellas Zorraquín es revisor de cuentas del Buenos Aires Golf Club, que preside Gianfranco Macrì. 

Estos 2319 millones de pesos, o 132,5 millones de dólares, pueden parecer una suma exigua, comparada con los 116.000 millones de dólares que blanquearon 254.700 CUITs distintos, de acuerdo con los datos oficiales divulgados por el ministro Nicolás Dujovne y el recaudador Alberto Abad, de los cuales 96% corresponden a personas físicas y 4% a personas jurídicas. Pero adquieren otra dimensión si se recuerda que Maurizio Macrì declaró bienes por 82,6 millones de pesos, más otros 44 en el fideicomiso, en total 126,6. Es decir que su hermano golfer blanqueó cinco veces más. Esto ratifica la conocida práctica de la familia presidencial, que ha sido un actor destacado en la constitución de sociedades offshore y la fuga de capitales. La declaración jurada de Marcos Peña Braun es la más modesta del gabinete, con 600.000 pesos, pero su primo blanqueó 181 veces más. En el imprescindible libro recién editado por el economista y doctor en historia Eduardo Basualdo (“Endeudar y fugar. Un análisis de la historia económica argentina, de Martínez de Hoz a Macrì”) se afirma que la reanudación del ciclo de la valorización financiera desde que comenzó el gobierno de Macrì ha incrementado en forma paralela el endeudamiento externo y la fuga de capitales, dos paralelas que se tocan en los grandes bancos transnacionales, que gestionan tanto la deuda como la fuga, y que tienen a varios de sus operadores en el gobierno. Que casi la mitad de los bienes declarados por los miembros del gabinete nacional estén fuera del país ratifica este perfil estructural del atraso argentino. Hoy esas tenencias son legales, como las de todos quienes figuran en el cuadro, porque el blanqueo perdonó los delitos que habían cometido, aunque no su memoria. Esa autoamnistía fue tan o más importante para el gobierno que la recaudación lograda, equivalente a un mes de recaudación impositiva, que dio un breve respiro a las castigadas cuentas públicas, con un déficit que supera al del tan denostado gobierno anterior. Lo que se fuga, sostiene Basualdo, no es el consumo de los sectores de altos ingresos, que nunca se han privado de nada, sino la inversión, lo cual refuerza la transferencia de ingresos en contra de los trabajadores y la desindustrialización. ¿Qué inversiones externas pueden esperarse en un país cuyas elites, ahora en el poder, funcionan como exportadoras netas de capital, como Angela Merkel le recordó a Macrì?

La clase alta va al paraíso

El blanqueo de capitales fue la respuesta oficial a la publicación de los Panama Papers, que revelaron la existencia de empresas del presidente en guaridas fiscales, que no habían sido declaradas bajo juramento a las autoridades tributarias.  La lucha contra esos santuarios ha sido declarada prioritaria por la OCDE. El blanqueo fue camuflado dentro de una ley ómnibus que incluía presuntas mejoras para los jubilados y ninguna restricción para que pudieran aspirar a ese perdón los familiares de funcionarios ni los contratistas de obras públicas. Se trató del blanqueo más exitoso de la historia argentina y uno de los más importantes del mundo. Pero fue diseñado a la medida de los blanqueadores, no del Estado. El informe de cierre de la AFIP, divulgado en abril de este año, consigna que el 80 por ciento de los bienes blanqueados estaban, y siguen estando en el exterior, ya que la ley obligaba a exteriorizarlos pero no a traerlos de vuelta al país. Las estimaciones de los especialistas en la materia son que luego del blanqueo quedan más de 250.000 millones de dólares de argentinos en la clandestinidad fiscal.

El entonces ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso de Prat Gay, comenzó afirmando que los funcionarios públicos podrían acogerse al indulto, Carrió hizo saber en público que sólo lo aceptaría si excluyera a funcionarios públicos y a empresarios que hicieron negocios con el Estado, y el ex ministro de Economía Axel Kicillof dijo que se trataba de una autoamnistía. De Prat Gay volvió a la actividad profesional, que incluye el asesoramiento sobre el manejo de fondos de grandes evasores, como la familia Fortabat, que estaba en el listado Falciani del HSBC y tiene tres miembros en la nómina del blanqueo; Carrió apuntó hacia otros blancos menos sensibles para el gobierno; Kicillof acertó al suyo. La primera concesión oficial fue excluir del blanqueo a una lista restringida de funcionarios, aquellos que están obligados a presentar declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción. Luego, debió extender la veda a un gran número de funcionarios de los tres poderes del Estado y de los tres niveles de la administración pública, nacional, provinciales y municipales. Pero fue inflexible en el grado de consanguinidad admisible. El dictamen de minoría del Frente para la Victoria hubiera impedido blanquear a quienes “ejerzan o hayan ejercido la función pública, sus cónyuges y parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o afinidad ascendente o descendente”. Esto incluiría a los principales miembros de la Prima Famiglia.  Una vez aprobada la ley, los impedimentos remanentes para familiares fueron levantados por decreto presidencial. 

Respecto de Gianfranco Macrì y Tomás Peña Braun, aún sin el decreto rectificatorio hubieran podido presentarse al blanqueo, dado que la prohibición alcanzaba a padres, hijxs y esposxs pero no a hermanxs. Pese a todos los intentos de la oposición, el gobierno fue inflexible en mantener la puerta abierta para “quienes participaron en licitaciones y contrataciones públicas, concesionarios de servicios públicos, juegos de azar, etc. Muchos de estos se encuentran seriamente comprometidos en maniobras fraudulentas que la justicia investiga”, según el dictamen en minoría de las diputadas Margarita Stolbizer y Alicia Ciciliani, que impugnó la ley porque “canalizará el blanqueo de bienes fruto de la evasión y de la corrupción”. En este punto, el Frente para la Victoria coincidió con el gobierno y Stolbizer no volvió a tocar el tema una vez que sus temores se concretaron. 

El proyecto protegía con los dos años de prisión del artículo 157 del Código Penal “el más absoluto secreto” de toda la información obtenida. La obligación de guardarlo no comprendía solo a los funcionarios intervinientes sino a cualquier tercero que divulgue o reproduzca “documentación o información de cualquier modo relacionada con las declaraciones voluntarias y excepcionales” de los blanqueadores. A la prisión añadía “una multa igual a una vez el valor de los bienes exteriorizados”. Escribí entonces que “si un periodista contara que Nicky Caputo se propone blanquear 100 millones de dólares que esconde en Jersey, el doctor Glock podría detenerlo, poner su casa patas arriba y multarlo en 100 millones de dólares”. Sólo me equivoqué en el monto que el amigo del alma se proponía blanquear. Las críticas fueron tantas y tan fuertes que el dictamen de mayoría excluyó a los periodistas y medios de comunicación del castigo por informar sobre la evasión fiscal. Sin ese cambio, esta nota hubiera constituido un delito penal. Pero hasta llegar a ese punto, el gobierno minimizó la cuestión y reivindicó el sigilo, para lo cual recurrió a razonamientos falaces. El presidente explicó que “hay actos que son públicos y otros que no lo son” y que es preciso “respetar la privacidad de las personas” (sic). Para el jefe de gabinete Peña Braun la norma no iba contra los periodistas, “tiene que ver con el secreto fiscal, con el mismo espíritu que está en el Código Penal”. Para los diputados oficialistas Pablo Tonelli (Unión PRO) y Fernando Sánchez (Coalición Cívica Libertadora, ahora colaborador de Peña Braun en la jefatura) desde 1978 la ley 11.683 establece el más absoluto secreto de la información tributaria y extiende la responsabilidad de guardarlo a “los terceros que divulguen o reproduzcan dichas informaciones”.

No es cierto. Aquel decreto mal llamado ley establecía esa restricción, pero fue modificado en democracia por el presidente Carlos Menem mediante el decreto de necesidad y urgencia 606, convalidado luego por el Congreso. En consecuencia, desde 1999 el artículo 101 de la ley de procedimiento tributario establece que “no están alcanzados por el secreto fiscal los datos referidos a la falta de presentación de declaraciones juradas, a la falta de pago de obligaciones exigibles, a los montos resultantes (…) y al nombre del contribuyente o responsable y al delito que se le impute en las denuncias penales”. Es decir que hasta la sanción de esta ley, el delito no estaba protegido. Esto es lo que Macrì engloba como si fuera lo más natural del mundo dentro de la privacidad de las personas, que no debería ser expuesta al público, lo cual dice mucho sobre su conducta privada en relación con el interés público. El proyecto regresó al decreto de Videla, abriendo una ventana de oportunidad para el periodismo, por la que nos asomamos en esta nota. Esto es coherente con el interés propio del gobierno de las grandes empresas en el blanqueo de capitales ocultos y la amnistía para las deudas previsionales y aduaneras. 

Requerimiento fiscal

El fiscal federal Ramiro González requirió al juez Marcelo Martínez de Giorgi que pida informes al registro de la propiedad de la provincia de Buenos Aires sobre las parcelas de 32,5 y 17,3 hectáreas en Bella Vista, que el presidente no incluyó en su declaración jurada. La desmentida que según el diario Clarín el presidente Maurizio Macrì encargó a un vocero sin cargo oficial genera más dudas que certezas. La velocidad de la respuesta en los medios del Grupo Clarín mide la inquietud del gobierno por la revelación. La nota de PáginaI12 fue citada por el diputado nacional Rodolfo Tailhade quien denunció al presidente por omisión maliciosa. El vocero presidencial sin cargo sostuvo que Macrì vendió esos lotes antes de asumir como jefe de gobierno de la Capital. Ese es el año en el que la exposa de Macrì, Isabel Menditeguy, embargó la parte del campo que pertenecía a su consorte. El embargo fue levantado en noviembre de ese año.

El vocero reconoce que la Agencia de Recaudación Bonaerense emitió la boleta del impuesto inmobiliario a nombre del presidente, cuyo facsímil se publicó aquí, pero pretende que eso “no significa en absoluto que ese terreno sea de su propiedad”. La explicación de esa incongruencia sería “una sutileza técnica” que el presidente se abstiene de explicar. También hace silencio sobre algo más importante: la minuta de inscripción de la “adjudicación de inmuebles por subdivisión de condominio” en el Registro bonaerense de la Propiedad, fue registrada el 13 de julio de este año, no de 2007. Allí se afirma que los adquirentes en partes iguales son el presidente, casado en terceras nupcias con Juliana Awada, y su hermano Gianfranco Macrì, casado con Eliana Badessich. Lo mismo dice el Catastro provincial. Si la Agencia de Recaudación puede tener su registro desactualizado, al estilo de las compañías prestadoras de servicios que continúan enviando su facturación de electricidad o gas a nombre del propietario anterior de un inmueble, nada de eso es posible con el Registro de la Propiedad, donde la inscripción debe coincidir con la realidad. Por otra parte, la información suministrada por el vocero presidencial no obtuvo confirmación de Emprendimientos Inmobiliarios de Interés Común (Eidico), que construyó y vendió en las tierras de Macrì el barrio privado Buenos Aires Village. Su gerente general, Mateo María Salinas, es el apoderado de Macrì en la escritura por subdivisión de condominio. Su presidente, Jorge O’Reilly Lanusse, respondió una serie de preguntas sobre el sistema que utiliza y aclaró que los ocupantes de las casas tienen cada uno su título de propiedad. Es claro que el mismo terreno no puede tener dos propietarios distintos en forma simultánea. De modo que Macrì tiene la posesión del lote, como indican el registro de la propiedad y la agencia de recaudación bonaerense, o el dinero que percibió por su venta. Al llegar a este punto, O’Reilly cortó el contacto y no respondió más. Pero tampoco avaló la versión presidencial, que fue difundida hace hoy una semana.

Para la Agencia de Recaudación bonaerense, la valuación fiscal de ese predio es al presente de 122 millones de pesos. Otra boleta emitida a nombre de Maurizio Macrì por una parcela contigua, suma otros 11,6 millones de pesos de valuación fiscal. En total 133 millones de pesos, lo cual supera la suma de los bienes declarados bajo juramento por el presidente, más los depositados en el fideicomiso opaco. La minuta de inscripción de la división del condominio consigna además de la valuación fiscal el valor al acto del predio, que asciende a 477 millones de pesos. La valuación al acto se utiliza para calcular las tasas fiscales y los tributos a la herencia. Es siempre superior a la valuación fiscal pero inferior al valor venal o de mercado de la propiedad. Según el descargo del vocero presidencial la venta a la desarrolladora Eidico se realizó por un millón de dólares, que fue transferido en pesos a la caja de ahorro de Macrì en el Banco Galicia. El 13 de julio de este año, esa suma equivalía a 17,6 millones de pesos actuales. Cualquiera haya sido el origen del millón de dólares mencionado en el descargo presidencial, su traducción a pesos es siete veces menor que el valor real a la cotización actual.