El gobernador Ricardo Quintela vetó la ley que autorizaba La Rioja endeudarse por 100 millones de dólares. El veto de la norma fue publicado en el Boletín Oficial del 22 de septiembre.

La Legislatura de La Rioja, por iniciativa del Bloque Justicialista que preside el diputado Carlos Machicote, aprobó el 7 de septiembre  la ley 10.661 que autorizaba a la Función Ejecutiva a realizar, “mediante los mecanismos y/o instrumentos que juzgue más apropiados, operaciones de crédito público por un monto total en circulación de hasta la suma de US$100.000.000 con la finalidad de generar fuentes de financiamiento que propicien y/o sustenten la ejecución de obras públicas en energía renovable y obras de infraestructura del Corredor Bioceánico". La norma,  que es modificatoria de otra ley, la 10.486,  menciona "el trazado mediante el Paso Internacional Pircas Negras como variante de tránsito de cargas Los Pozuelos, polos logísticos en los departamentos: Chamical, Patquía, Vinchina y General Felipe Varela y en el puesto aduanero Barrancas Blancas". 

El artículo de la mencionada norma establece la toma de deuda por el mismo monto pero destinada a la ejecución de obras públicas en energía renovables. 

Cuando la norma llegó a la Función Ejecutiva se hicieron las consultas técnicas al Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas que elaboró un informe y aconsejó el veto de la norma. Bajo el decreto 1.707 del 19 de septiembre de 2023 y, de acuerdo con el informe solicitado,  la cartera “fundamenta la objeción a la promulgación de la ley en razón de considerar cuáles fueron los objetivos planteados por la actual gestión de gobierno al momento de decidir avanzar en la toma del crédito público, resaltando que las operaciones autorizadas además de satisfacer necesidades sociales, deben permitir al Estado Provincial recuperar la inversión de forma tal que los ingresos cubran buena parte de la amortización del endeudamiento y los resultados de la producción garanticen el nivel de vida económico financiero de la Provincia”.

“En consecuencia, tal como están programadas las inversiones a realizar con los recursos producto de las inversiones autorizadas, no es posible disponer el cambio de destino de los mismos", dijo Hacienda  que consideró que "no era procedente la promulgación del texto legal sancionada en la Legislatura.