Un promedio del 40 por ciento de atenciones que se dan en los hospitales públicos de la provincia de Salta es a personas que tienen afiliación a obras sociales o prepagas.

Los datos surgieron de consultas realizadas al Ministerio de Salud de la provincia, ante la posibilidad de que profesionales de la medicina de la provincia puedan adherir al cobro de un bono complementario por la diferencia entre el llamado valor ético federal que deberían cobrar por consulta, y lo que están pagando las entidades que dan cobertura de salud a trabajadores registrados.

Según los datos consignados por la provincia, durante 2022 se realizaron 2 millones 500 mil consultas en toda la provincia, de las cuales 931.838 eran personas con cobertura social de salud. Esto representó un poco menos del 38 por ciento del total de las atenciones. Ya en 2023, de 1 millón 588 mil consultas que se llevan adelante, unas 616.480 personas atendidas tienen obra social o prepaga. Esto aumenta (aunque resta conocer qué sucede el resto del año) al 45 por ciento aproximadamente la cantidad de atenciones de personas con cobertura de salud en los hospitales públicos. 

En principio este porcentaje aumentaría sobre todo en el interior provincial dado que, según señalaron en los hospitales Materno Infantil y Arturo Oñativia (ambos ubicados en la ciudad de Salta), entre el 20 por ciento y el 25 por ciento de las atenciones que se dan son a afiliados a las obras sociales.

“Un 25 por ciento del total, entre consultas e internados, son los que se atienden en el Hospital”, ratificó el gerente del Oñativia, Daniel Nallar, al contestar la consulta de Salta/12. En el cuadro estadístico al que accedió este diario, especifica que los pacientes con obra social atendidos hasta el momento llegaron al 28.2 del total.

En cuanto a los datos del Hospital San Bernardo, se indicó que en lo que va de este año hubo 4949 egresos de personas con obras sociales, lo cual representa un 37 por ciento del total de atenciones que se brinda en ese centro sanitario.

La complejidad del cobro

Muchas de las causas de que se acuda a la salud pública tienen que ver con las complicaciones para conseguir respuestas en las prestaciones de las obras sociales. La falta de acuerdos suficientes en los pagos genera que especialistas atiendan algunas obras sociales o prepagas y otras no, lo que termina acotando al paciente la posibilidad de ir a profesionales de su elección o, en caso de ir, deben pagar consultas particulares o algún plus.

“A los hospitales públicos van muchísimos pacientes con obra social y le puedo asegurar que he visto pacientes con planes altos de prepagas solucionar la urgencia en el hospital y luego van a buscar hotelería a una clínica de lujo”, dijo el presidente del Círculo Médico de Salta, Sergio Beretta. La declaración que hizo en Radio Nacional Salta tiene relación con el posible cobro de un bono complementario por parte de especialistas médicos, medida que fue anunciada por distintas asociaciones y federaciones médicas del país.

Beretta afirmó que en Salta el mínimo ético (el piso del cobro por consulta), está en 7.800 pesos en consultorio y 9.800 pesos a domicilio. Como referencia del pago de consultas por parte de las obras sociales (el Círculo que preside firmó con unas 55 de estas entidades), el Instituto Provincial de Salud (IPS) está pagando por consulta 3.044 pesos. “Hay profesionales del padrón A y otros del B”, explicó el médico, al sostener que los que se encuentran en este último son los únicos autorizados a cobrar un plus.

“No tenemos previsto pero no quiere decir que no se vaya a hacer”, respondió ante la consulta sobre la posibilidad de cobrar un “bono complementario”, como él mismo definió, para salvar la diferencia. Esta decisión ya fue anunciada y avalada por otras entidades médicas del país.

“No estamos en condiciones de un día para el otro salirnos del convenio… porque hay un contrato de por medio”, afirmó. Para optar por un bono complementario indicó que primero se debe llamar a asamblea.

Al describir la complejidad de la situación, Beretta dijo que a la situación inflacionaria se suma que las prepagas tienen que cumplir con la disposición de no aumentar las cuotas de afiliación. Este factor incide en la falta de actualización al pago de prestadores. Y en caso de actualizar hay obras sociales que pagan a los dos o tres meses de rendida la consulta, lo cual al momento de ser abonado ya generó una pérdida en lo que se recibe. Mientras, hay prepagas que cobran “100 mil pesos por el grupo familiar, y pagan 3.100 pesos la consulta”, añadió.

Una posibilidad es que el valor mínimo ético que dispone el Colegio Médico sea actualizado cada dos meses, y no cada seis como sucede. “Pero el valor mínimo ético es lo que condiciona el pago de la cuota de los matriculados al Colegio”, explicó por su parte el presidente del organismo colegiado, Alberto Robredo.

A la ya enmarañada condición para definir el valor de la consulta, Robredo sumó que tampoco los profesionales pueden dejar de atender a alguien que viene con alguna situación grave del interior provincial porque no tenga los recursos económicos suficientes.