El Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, presentó el informe anual de seguimiento del Decenio Internacional de los Afrodescendientes (2015-2024) ante la Asamblea General el martes 19 de septiembre. Como parte de los acuerdos de los Estados miembros, en el marco del Decenio, el Secretario General debe informar todos los años sobre las actividades relativas a las políticas públicas para las personas afrodescendientes que desarrollan los Estados, y establecer recomendaciones, si es que así lo considera. En este caso, el documento da cuenta de los avances en materia de reconocimiento de derechos de los afrodescendientes, y señala la importancia de que los Estados desarrollen medidas de reparación, que incluyan entre otras cosas, las indemnizaciones:

“(...) el informe se centra en la necesidad de poner coto y revertir las consecuencias perdurables de la esclavitud, la trata de esclavos, la trata transatlántica de esclavos, el colonialismo, el apartheid, el genocidio y tragedias pasadas para las personas afrodescendientes, entre otras cosas a través de la justicia reparadora” (párr.1).

El informe se basa en los aportes de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) hechos en junio de este año, y en observaciones y recomendaciones de varios órganos y expertos de las Naciones Unidas. Por otro lado, también se recogieron comentarios realizados en abril de este año de 11 Estados miembros y de 14 organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo. Además, se tuvieron en cuenta los aportes de 3 entes autárquicos, de la Comisión de Derechos Humanos de México, del Procurador de Derechos Humanos de Guatemala, y de la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina.

Esta no es la primera vez que una máxima autoridad de la Naciones Unidas se refiere a las afrorreparaciones, vinculándolas con los crímenes de lesa humanidad de la trata transatlántica y la esclavitud. Este debate tomó fuerza en el ámbito de la ONU hace poco más de veinte años, tras los acuerdos de la Declaración y el Programa de Acción de la III Conferencia Mundial contra el Racismo del 2001, donde los Estados miembros de la ONU reconocieron por primera vez el carácter estructural y sistémico del racismo y sus consecuencias para los afrodescendientes en la actualidad. Pero si son pocas las veces que un Secretario General se hace eco de un reclamo histórico de las organizaciones de la sociedad civil, la ausencia de afrorreparaciones:

“Hasta la fecha no ha habido reparaciones integrales por los daños sufridos a causa de la esclavitud, el comercio de africanos esclavizados, el colonialismo y sus secuelas actuales, como el racismo sistémico y la discriminación racial. Cuando se abolió formalmente la esclavitud, se pagaron indemnizaciones a algunos propietarios de africanos esclavizados, pero no a las víctimas. Aunque en años recientes algunos Estados han tomado iniciativas para pedir disculpas y encarar las secuelas del pasado, el Alto Comisionado señaló que (...) ningún Estado había rendido cuentas de forma exhaustiva por el pasado ni había encarado sus secuelas contemporáneas y sus manifestaciones actuales” (párr.6).

También se había pronunciado sobre las indemnizaciones y el nulo desarrollo de las políticas de reparación el Foro Permanente sobre los Afrodescendientes en diciembre del 2022. Ambos documentos, el de las conclusiones del Foro, y el informe presentado por el Secretario General el 19 de septiembre también coinciden en señalar la complejidad que acarrea dimensionar las consecuencias de estos crímenes en términos económicos, y en la importancia de entender la reparación en un sentido integral:

“(...) existen distintas formas de reparación, a saber, la indemnización, la restitución, la rehabilitación, la satisfacción y las garantías de no repetición, que son complementarias en el marco de una justicia reparadora efectiva. Hace falta una pluralidad de medidas en reconocimiento de la magnitud y gravedad de las infracciones y sus consecuencias perdurables” (párr. 29).

Más allá de los debates en relación a las indemnizaciones, el documento plantea recomendaciones concretas de reparación. Señala la necesidad de promover investigaciones académicas sobre los afrodescendientes en particular y sobre el racismo en general, la necesidad de crear instituciones concretas para el desarrollo de políticas públicas, y del desarrollo de políticas de memoria y garantías de no repetición. Entre estas garantías lista la creación de museos, la incorporación de estos temas en los tres niveles educativos, y la valorización de líderes históricos y su monumentalización. Finalmente pone de manifiesto la necesidad de que los Estados reconozcan el daño causado y expresen disculpas públicas.

Entre las buenas prácticas de algunos Estados, el informe señala la creación de la Comisión para el Reconocimiento Histórico de la Comunidad Afroargentina en el año 2020 y su mandato de poner en valor sitios de memoria como un acto de reparación, y garantía de no repetición. Más allá de este reconocimiento, el informe concluye que los Estado partes todavía están muy lejos de los compromisos que habían asumido al comienzo del Decenio, y esto implica que se redoblen los esfuerzos de cara al último año del mismo:

“Se alienta a los Estados y demás interesados a aplicar de forma exhaustiva la Declaración y el Programa de Acción de Durban, el programa de actividades del Decenio Internacional de los Afrodescendientes y la agenda para un cambio transformador en favor de la justicia y la igualdad raciales” (párr. 69).

Un abordaje integral de las afrorreparaciones implica indemnizaciones, creación de museos, monumentos, reivindicación de próceres, reconocimiento de sitios de memoria, y desarrollo de políticas antirracistas, pedidos públicos de disculpas y reconocimiento de los crímenes, entre varias otras cosas más. Pero sobre todo, como el propio informe señala, hay que tener “(...) voluntad política y coraje moral para lograr tales reparaciones” (párr. 21).