La legisladora Ofelia Fernández presentó el tercer monitoreo del Mapa de la Policía, una iniciativa que toma la lógica de las propuestas punitivistas sobre "mapas del delito", pero la invierte y propone realizar un control ciudadano sobre los abusos en el ejericicio de la fuerza pública en la Ciudad de Buenos Aires. Desde su lanzamiento, a mediadios de 2022, recibieron 236 denuncias contra el accionar de la Policía de la Ciudad, de las cuales 107 fueron verificadas. En el tercer monitoreo, que corresponde al primer semestre de 2023, se hace mención particular de la muerte de Facundo Molares Schoenfeld durante un operativo represivo en el Obelisco.  

"No es que estamos partiendo del prejuicio, tenemos información para hablar de los abusos de la Policía", sostuvo Fernández en la presentación del informe y agregó: "La conducción política de las fuerzas es clave. En la Ciudad, se perdió una oportunidad interesante. Armaron una Policía nueva pero su funcionamiento deja mucho que desear". El reporte también analiza el sistema carcelario en CABA, donde actualmente hay 1400 personas detenidas en comisarías y alcaidías.

El Mapa de la Policía, que se puede consultar online, precisa en qué comuna se registró la denuncia y qué tipo de abuso se denuncia: "Acoso callejero"; "Secuestro o tortura"; "Violencia sistemática" ; "Hostigamiento"; "Hostigamiento a trabajadores ambulantes".  Los casos de golpes y hostigamiento --insultos, expulsión del espacio físico,  amenazas o pedido de coimas-- fueron los más registrados. En ese sentido, en el barrio de Constitución, se destaca el de "Violencia sitemática", respecto del hostigamiento policial contra trabajadoras sexuales y vecinos de ese barrio. 

Las denuncias se pueden realizar a través de la plataforma mapadelapolicia.com y son verificadas a través de un contacto telefónico con la víctima, análisis de la información recibida y la eventual triangulación de la información recibida con lo publicado por medios de comunicación y  consulta a instituciones como el Ministerio Público de la Defensa y la Defensoría del Pueblo porteña. 

Cómo surgió el Mapa de la Policía

El mapa surgió por iniciativa de Fernández con el respaldo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Equipo de Investigación Política (EDiPo) y el Movimiento deTrabajadores Excluidos (MTE), con el objetivo de "visibilizar hechos de abuso policial para evitar que este tipo de violencia se naturalice". 

En ese sentido, el tercer monitoreo también hace un análisis sobre la "derechización" de las decisiones políticas del jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, en su fracasado intento presidencial, y pone como ejemplo el nombramiento del gobernador Gerardo Morales como precandidato a vicepresidente tras la cruda represión desata en Jujuy tras la reforma constitucional. 

"La represión policial causó una nueva muerte"

El tercer monitoreo destaca el caso más crítico registrado que fue el del fotógrafo y militante Facundo Molares Schoenfeld durante el operativo represivo de la Policía de la Ciudad el 10 de agosto pasado contra un acto político pacífico realizado por la organización en la que militaba Schoenfeld. El informe advierte cómo medios de comunicación ayudaron a instalar la versión oficial que fue dicha por el exministro de Seguridad porteño, Eugenio Burzaco, a solo tres horas de sucedida la muerte del militante: "Es un hecho lamentable, pero no tiene que ver con la acción policial". 

El informe recupera los testimonios de la reportera gráfica Susi Maresca, quien estuvo en el lugar del hecho para filmar el momento en que la Policía de la Ciudad golpea y aprisiona contra el piso a Schoenfeld, como también los testimonios de sus compañeras y la reconstrucción de los videos que circularon que dan muestra de la responsabilidad del acciones policial en la muerte del militante. "A pesar de todas estas evidencias la causa judicial permanece estancada. Según los abogados que representan al padre de Facundo Molares esta parálisis se debe a la inacciónde la fiscal a cargo, Marcela Sánchez", sostiene el documento del Mapa de la Policía. 

La referenta de la Correpi, María del Carmen Verdú, señaló en la presentación del tercer monitoreo que "para responder qué Policía se nos puede venir hay que entender cómo estamos y de dónde venimos", en ese sentido, la abogada habló de los candidatos presidenciales Patricia Bullrich y Javier Milei y señaló: "Sabemos lo que hizo Bullrich en Seguridad. En el caso de Milei, no hay mucho lugar para la imaginación cuando nos dicen que Villarruel sería la encargada de Seguridad, una persona que reivindica el genocidio y lo considera justicia. Por lo tanto, tenemos que hacer todo lo posible para que esto no suceda".

La Correpi, que realiza su "Archivo de Casos" de forma anual, pudo registrar cómo un cambio de políticas respecto de los años de la "doctrina Chocobar" de Bullrich y los protocolos que habilitaban el gatillo fácil modificaron la situación al inicio del gobierno del Frente de Todos. "La quita de armas a la PSA cuando terminan su servicio, redundó, en que en estos 4 años bajaran considerablemente los casos de gatillo fácil de las fuerzas federales. No es casualidad. Es conducción política".

El sistema carcelario 

El reporte también analiza el sistema carcelario de la Ciudad de Buenos Aires, donde hoy 1400 personas están detenidas en comisarías y alcaldías, a pesar de que no ser lugares preparados para alojar personas. El reporte indica que, en los últimos tres años, la población detenida en comisaría y alcaldías aumentó más del 900 por ciento; y denuncia que el 12 por ciento de los detenidos se encuentran cumpliendo condena 

"Las condiciones de detención son tan extremas y la vida cotidiana en esos espacios estan difícil que los detenidos organizaron varias protestas exigiendo ser trasladados. Enuna de ellas tomaron a un policía de rehén", denuncia el reporte y precisa que "en abril del 2020 eran 139 personas alojadas en alcaidías", mientras que las comisarías no contaban con detenidos, el cambio de esta situación en medio de la pandemia de Covid-19 fue denuciado por el Ministerio Público de la Defensa en julio de 2020.

El informe señala que una de las causas de la sobrepoblación y la detención en alcaldías se debe a las reformas legislativas de endurecimiento penal y la desfederalización de la Ley de Drogas en 2019, a partir de lo que la Policía de la Ciudad se enfocó en perseguir los delitos menores de drogas.