A Horacio Rodríguez Larreta le está costando abrir la billetera. El Tribunal Electoral de la Ciudad de Buenos Aires resolvió este miércoles que su gobierno debe hacerse cargo del costo de la impresión de las boletas en papel que se utilizarán para la elección porteña, un gasto que por ahora se niega a afrontar. En el fallo, los jueces electorales de CABA le dieron la razón a los apoderados del Frente de Izquierda, quienes habían elevado un amparo bajo el argumento de que el Ejecutivo local, al retacear esos fondos, “vulnera los derechos de los partidos políticos y alianzas” y “genera una evidente desigualdad entre las agrupaciones de acuerdo a sus ingresos”. En el Instituto de Gestión Electoral (IGE) de la Ciudad evaluaban los pasos a seguir, pero no se descarta que apelen la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) local. 

El Jefe de Gobierno debió reponer el uso de la boleta de papel para las elecciones que definirán a su sucesor luego de que la jueza con competencia electoral porteña, María Servini, le exigiera abandonar la Boleta Única Electrónica (BUE). La jueza había sido muy clara respecto de los incumplimientos de la empresa que se hizo cargo de los comicios, MSA Argentina, que incluyeron máquinas en mal estado, problemas para emitir el voto y largas filas en las escuelas durante el domingo de las PASO. Larreta acató y volvió al sistema tradicional, pero en el decreto que confirma esa decisión no se hace cargo del costo de impresión de las nuevas boletas, lo que motivó la presentación del FIT y de otros partidos políticos de la Ciudad. 

La artimaña del Gobierno porteño para no hacerse cargo de ese costo fue que el Código Electoral de la Ciudad establece que el único sistema de votación vigente es el de la boleta única (no especifica si de papel o electrónica) por lo que “no prevé el pago de un aporte económico para los gastos de las boletas partidarias”, según consta en las distintas actuaciones que figuran en la causa.

Los jueces electorales Roberto Requejo, Rodolfo Clérici y Romina Tesone echaron por tierra ese argumento. Señalaron que, según lo establece la legislación nacional en materia electoral, "es el Estado quien debe cubrir los gastos de impresión de boletas para garantizar el eficaz ejercicio de la democracia durante el acto eleccionario". También citaron un fallo del propio anterior del propio Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño y la letra de la propia Constitución, que señalan la responsabilidad del Estado en garantizar la igualdad y “el pleno ejercicio de los derechos políticos”. Básicamente, le dijeron que al retacear los fondos estaba perjudicando a los frentes con menos recursos.

El costo financiero de una decisión política

Otro tramo del fallo le recuerda al Jefe de Gobierno sus idas y vueltas en la aplicación de un sistema electoral concreto. Primero apostó por el mecanismo “desdoblado y concurrente”, con el uso de la BUE (pese a que el código electoral lo facultaba a utilizar la boleta única en papel), para luego dar marcha atrás. En las PASO, los porteños votaron con dos sistemas distintos: BUE para los cargos locales y boleta partidaria en papel para los nacionales. Hubo máquinas y biombos para cada votación, y dos urnas. Por presión de Servini, para las generales del 22 de octubre Larreta optó por volver al papel. Habrá entonces dos filas de boletas partidarias distintas, una con los cargos nacionales y otra para los locales, que los electores meterán dentro de un mismo sobre, que depositarán luego en una sola urna. Los jueces coincidieron en que, si el gobierno porteño optó finalmente por ese sistema, debe hacerse cargo de la decisión que tomó y financiar el costo de la impresión de las boletas.

El Tribunal Electoral porteño ya fijó el monto, que tomaron del cálculo que realizó la Dirección Nacional Electoral para las PASO nacionales: los partidos –en CABA quedaron cuatro para las generales– recibirán $2,92 pesos por cada boleta. El costo es a todas luces menor que los 3,08 dólares por cada elector que la Ciudad le pagó a la empresa MSA para la BUE.

Según fuentes de la firma consultadas por Página/12, el contrato original entre MSA y el Gobierno porteño se interrumpió a fines del mes pasado. Del convenio original, que era por 25 millones de dólares e incluía las generales y una posible segunda vuelta, la firma terminó acordando llevarse más del 50 por ciento estipulado, una suma que supera los 12 millones de dólares.

En el juzgado de Servini, en tanto, crecía la preocupación por que se repita el fiasco de las PASO. Esta vez, las alarmas estaban puestas en que las boletas lleguen en tiempo y forma. En lo que coinciden todas las voces vinculadas a la cuestión electoral en caba es en el nivel de improvisación del Ejecutivo porteño.