Por unanimidad, la Cámara de Diputados de Catamarca otorgó media sanción al proyecto que promueve crear el “Programa Provincial de Promoción de Políticas contra el Negacionismo del Terrorismo de Estado”, iniciativa de la Diputada Adriana Díaz.
Entre los argumentos, Díaz se refirió a antecedentes de este tipo de programas en países como Alemania, en donde se tipifica la exaltación del nazismo como una de las formas del delito de incitación al odio racial. Mencionó además a Francia, que hace una distinción entre la apología de crímenes y la negación, por lo que su legislación contempla penas de 1 a 5 años de prisión. Chile, que buscó sancionar con penas de cárcel la justificación o aprobación de las violaciones a los DD.HH. ocurridas durante la dictadura de Augusto Pinochet.
“Nuestro país no escapa a esta concepción de nuestro pasado histórico reciente, particularmente respecto del Terrorismo de Estado perpetrado por la última dictadura militar, civil y eclesiástica, entre 1976 y 1983”, dijo Díaz. Y agregó: “El negacionismo de los crímenes contra la humanidad, tiene un método sistematizado para insertarse y ser aceptado como un pensamiento válido y no aterrador: la racionalización, que implica deslegitimar o falsear las pruebas y testimonios del genocidio”.
“Es lamentablemente común escuchar a referentes de algunos espacios políticos, negar o relativizar los crímenes de Lesa Humanidad cometidos durante la última dictadura militar a pesar de que los secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones forzadas de personas están ampliamente documentados y probados a través de los juicios por la justicia y la que se vienen desarrollando desde el histórico juicio a las Juntas Militares en 1985”, dijo.
“Este negacionismo ha ido en aumento en estos últimos años, en parte avalados por medios concentrados de comunicación que, excusándose en el derecho a la libertad de opinión -un derecho fundante de nuestro sistema jurídico, lo interpretan de manera absoluta. Ciertamente la libertad de expresión es un derecho fundamental, que permite a las personas expresar sus ideas y opiniones sin censura o represión. Sin embargo, el negacionismo no puede escudarse detrás de la libertad de expresión. Pues se trata de dos conceptos diferentes. Como mencionamos, la libertad de expresión garantiza la capacidad de decir y comunicarse ideas, opiniones e información sin censura o represión. En contraposición, el negacionismo busca negar o minimizar hechos históricos que han sido probados y documentados, abandonando en algunos casos el papel pasivo de la negación, para avanzar en el activismo de la propaganda y la incitación al odio”, refirió.
Por último, señaló: “Desde nuestro lugar, entendemos la necesidad de la presencia del Estado para regular el negacionismo y los discursos que fomentan el odio, la discriminación y la violencia. Proponemos esta herramienta de manera de que se debata y se logren los consensos para que las libertades de unos no avasallen las de otros, y para que ese gran acuerdo político y social al que llamamos Nunca Más, se reafirme y se consolide en nuestra sociedad”.
El proyecto
En su articulado, el proyecto aprobado sostiene como objetivos promover políticas tendientes a prevenir, identificar, denunciar y difundir las conductas negacionistas de los crímenes de lesa humanidad, violaciones de derechos humanos, autoritarismo y terrorismo de Estado que hayan sido perpetradas durante las dictaduras cívico-militares, o cometidos durante gobiernos democráticos.
Prevé crear una base documental sobre el negacionismo a nivel provincial, nacional, regional y mundial. Llevar adelante actividades de concientización, difusión, educativas y culturales, sobre las consecuencias del Terrorismo de Estado, en consonancia con los objetivos del Programa, tendientes a la eliminación de las actitudes negacionistas.
También busca promover acuerdos de prevención y erradicación del negacionismo en los medios de comunicación, elaborando un protocolo de buenas prácticas en materia de expresiones negacionistas.
Por último, establece que “cualquier persona que tenga conocimiento respecto a la existencia de expresiones negacionistas, puede denunciarlas ante el Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, mientras que se faculta al órgano de aplicación, a generar dictámenes ante cada denuncia que reciba por expresiones negacionistas, con recomendaciones amparadas en la normativa vigente”.
