El juez federal de Garantías N° 1 de Jujuy, Eduardo Hansen, condenó a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos a Roberto Gonzalo Mendoza, empleado de la sucursal San Pedro del Banco Nación, como autor del delito de "defraudación por persona a cargo del manejo, administración o cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos, en concurso ideal con el delito de defraudación en contra de la administración pública".

La sentencia fue dictada el 13 de septiembre pasado en el marco de un acuerdo de juicio abreviado, que incluyó una reparación a 23 de las 27 víctimas, por ser personas de entre 69 y 80 años, que cobraban la jubilación mínima y presentaban un alto grado de vulnerabilidad.

El acuerdo fue resultado de un proceso que demandó cuatro meses. Fue propuesto por el fiscal federal Federico Zurueta, titular del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de Jujuy. 

En carácter de reparación económica, Mendoza entregó 483 mil pesos, suma que fue distribuida por intermedio de la fiscalía entre los jubilados afectados, que representarían 21 mil pesos para cada uno. Además, se le impusieron el cumplimiento de ciertas reglas de conducta y la realización de tareas comunitarias durante los dos primeros años de la condena.

El daño provocado por el empleado bancario se estimó en una suma que supera los cuatro millones de pesos. En este contexto, el Banco aportó 1,8 millones con el fin de cubrir algunas de las maniobras fraudulentas cometidas por el acusado.

En la investigación se determinó que Mendoza había ingresado a trabajar al Banco Nación en 2014 y fue desafectado en octubre del año pasado. La fiscalía concluyó que Mendoza no era solo conocido por los clientes, sino también por toda la ciudad de San Pedro, donde reside.

En efecto, varios de los hechos se cometieron a finales de 2020 y principios de 2021, en momentos en que la pandemia había obligado a tener ciertas restricciones, lo que implicó menor cantidad de personal y, por lo tanto, un menor control.

Mendoza cumplió varias funciones dentro el Banco, entre las que se destacan la de responsable de plataforma operativa y la de ayudante de firma para gerente, con lo cual para la fiscalía conocía como ningún otro trabajador el movimiento interno, y a la mayoría de las personas que visitaban el banco.

Según surge de la investigación, el empleado desplegó una serie de maniobras fraudulentas. Una de las más frecuentes fue la toma de préstamos, cuyos valores eran inmediatamente redirigidos a otras cuentas, una de ellas perteneciente a su pareja.

Posteriormente, ejecutaba otras operaciones que tenían como objetivo cubrir rastros y evitar que la víctima tomara conocimiento de inmediato del fraude, para lo cual se valía de las claves internas del banco para usar dinero de otros clientes y así saldar los vacíos financieros.

En la primera de cuatro categorías delictivas, se descubrió el otorgamiento de un préstamo a nombre de un cliente por la suma de 150 mil pesos sin haber sido acordado por el gerente de la sucursal, dinero que fue acreditado en la cuenta del titular.

Después Mendoza generó una partida deudora simulada por supuesta diferencia monetaria, dio de baja la cuenta del titular y canceló la deuda con dinero de depósitos en efectivo que no habían impactado en cuentas destino y a su vez con dinero propio.

Entre otras de las categorías del fraude, expuestas en la audiencia ante el juez por la auxiliar fiscal Romina Verdur, se registraron operaciones realizadas entre noviembre y diciembre de 2020, 2021 y 2022 mediante el uso de un celular, con el que el empleado generaba a una cierta categoría de clientes una cuenta en la aplicación digital BNA+ sin su consentimiento.

Para ello, tomaba fotografías, tipo selfie de frente y perfil, a las víctimas y de sus documentos, con lo que lograba dar de alta el usuario y así concertaba préstamos que, luego de impactar en la cuenta de los clientes, eran transferidos a distintas cuentas destinatarias. Estos movimientos le resultaban fáciles de concretar debido a su condición de empleado.

De acuerdo con la fiscalía, Mendoza evitaba así que se advirtieran las cuotas que se debitaban en concepto de pago de préstamos. Un total de 23 jubilados resultaron afectados con esta maniobra.

Entre otras modalidades, la fiscalía también estableció la responsabilidad del ahora condenado en un caso ocurrido en abril de 2022, cuando se descubrió la extracción de dinero de la cuenta de un cliente en fechas posteriores a su deceso, en ese mismo mes, lo que llevó al banco a intimar a los familiares a realizar la devolución de esas sumas.

Al presentarse en la entidad para cumplir con esa exigencia, la familiar fue asistida por el imputado, quien la acompañó a las terminales de autoservicio para devolver el dinero, la mujer le dió la plata al empleado, quien se ofreció a realizar la operación y la depositó en una cuenta que no era la que correspondía. Esta modalidad fue irregular, pues esta clase de depósitos deben hacerse directamente por caja.

También se determinó la intervención del acusado en la constitución de plazo fijo de un cliente, quien entregó 300 mil pesos que nunca fueron acreditados en la inversión requerida.

La fiscalía puso de relieve que, para evitar que se descubriera la maniobra, Mendoza generó documentación de respaldo apócrifa, como el certificado de constitución de plazo fijo, incluso con la firma de directivos de la entidad bancaria.

Abuso de confianza

En sus argumentos, la fiscalía resaltó la condición de muchas de las personas afectadas, que eran jubiladas y a cuyo nombre se tomaron préstamos que afectaron seriamente sus condiciones económicas, pues cobraban el haber mínimo. Ello fue corroborado no solo por la información remitida por el Banco, sino también por lo informado por la ANSES.

En sus declaraciones, las víctimas informaron que no tenían correo electrónico y que no sabían emplear un teléfono o dispositivo electrónico, lo que le facilitaba al ahora condenado el despliegue de la maniobra fraudulenta. De hecho, dos de ellos exhibieron un documento suscripto por Mendoza que daba cuenta que no era necesario que sacaran turno para concurrir a la entidad bancaria y que debían ser atendidos solo por él.

Para la fiscalía, todas estas situaciones facilitaron la idoneidad del ardid del empleado, que a su vez actuó con abuso de confianza, buscando mantener la situación de engaño no solo en las victimas, sino también en la entidad bancaria. En los fraudes mediante préstamos, la víctima no advertía que se le estaban debitando las cuotas de esa índole y, por lo tanto, la entidad financiera tampoco podía hacerlo

Las modalidades de engaño no permitían a las personas afectadas advertir a simple vista el fraude. “Los mecanismos seleccionados por Mendoza indujeron a error a los clientes, creyendo realmente que debían permitir que se les saque fotografías de su persona y documentación o que debían realizar los depósitos de determinada manera o entregar una suma de dinero a los fines de que se constituya un plazo fijo”, sostuvo la auxiliar fiscal.

Añadió que estos engaños provocaron un gran perjuicio económico no solo para las personas físicas afectadas, sino también para la entidad bancaria que se calcula que superó los 4 millones de pesos y que a su vez el Banco debió responder frente a las personas afectadas. Debió anular las operaciones de préstamos y reintegrar las cuotas efectivamente debitadas por más de 1,8 millones de pesos, lo que fue consecuencia directa de cada una de las conductas fraudulentas realizadas por Mendoza.