Santiago Omar Riveros, el único jerarca de la última dictadura que sigue vivo, comenzó a ser juzgado hoy por un crimen de lesa humanidad que tiene a Campo de Mayo, la base de su reinado de terror, como escenario: el secuestro y los tormentos que sufrió Mario Ángel Hernández, militante y abogado de presos políticos durante los primeros años 70. El caso fue elevado a juicio en 2014, pero recién esta mañana comenzó a ventilarse en una instancia oral y pública. En la jornada inaugural del juicio quedó claro que en los casi diez años transcurridos la Justicia Federal ya identificó el cuerpo de la víctima, quien fue asesinada, arrojada a las aguas del Río de la Plata y enterrada como NN en el Cementerio de La Plata. La fiscalía y las querellas solicitarán la ampliación de la acusación por homicidio agravado en la próxima audiencia.

Hasta hoy, el expediente por los delitos que sufrió Mario Hernández apenas instalado el golpe de Estado en Argentina contabilizaba su secuestro, su cautiverio en Campo de Mayo y su desaparición forzada. El testimonio del hermano de la víctima, que se oyó después de la lectura de los cargos, la negativa de Riveros a declarar en instancia indagatoria, y el pedido de la fiscalía para confirmar algunas decisiones judiciales producidas por fuera de la causa actualizaron la situación de un saque: Hernández fue, además de detenido y desaparecido, asesinado durante la dictadura.

Riveros tiene 100 años. Cumple en su casa las 12 penas que recibió por haber la Justicia confirmado su responsabilidad en el terrorismo de Estado. En su mayoría son condenas a prisión perpetua, a las que se le suman otras 7 que se encuentran en análisis en intancias superiores. Desde la comodidad de su hogar, mantuvo el silencio que en pocas oportunidades quebró sobre los crímenes cometidos. Podría haber sido él el que aportara información sobre el asesinato de Mario Hernández, la forma en la que su cuerpo fue arrojado al Río de la Plata, su inhumación como NN. Pero no: fue el hermano de la víctima, el primer testigo del juicio.

Una identificación

José Hernández tiene unos 20 años menos que Riveros. Es militar retirado. Cumplió tareas en la Base Aérea de Mar del Plata y en 1976, tras el secuestro de su hermano, pidió la baja, que le dieron recién en 1978. “No pensábamos igual, pero yo lo quería mucho”, contó al pasar durante su testimonio, el primero de los dos que hubo este martes y de los tres que, en total, se escucharán en la causa. Hoy también declaró Gustavo Roca, hijo de un colega de la víctima. El próximo 12 de octubre lo hará Pablo Hernández, el hijo Mario.

Mario Hernández era militante peronista y dedicó su carrera a esa militancia. Fundó la Asociación Gremial de Abogados junto a Eduardo Luis Duhalde, Rodolfo Ortega Peña y Roberto Sinigaglia, entre otros, durante la primera mitad de los años 70. Defendió a los presos políticos de Trelew antes de ser fusilados, a los fundadores de Montoneros acusados de matar al expresidente Pedro Aramburu. El 11 de mayo de 1976, una patota del Ejército lo fue a buscar a su casa, en la localidad de Beccar, en la zona norte del Gran Buenos Aires. Lo sorprendieron llegando, de madrugada, junto a su colega Sinigaglia. Antes de llevarse a los dos, destruyeron la vivienda y se robaron lo que pudieron, incluido el vehículo del abogado, un Peugeot 504.

“Extraoficialmente se decía que había sido llevado a Campo de Mayo y que estaba herido”, testimonió en el debate. Dijo también que “años después”, Eduardo Luis Duhalde le comentó que “se suponía que los habían tirado en los Esteros del Iberá”. Y dijo también que en 2018 supo que su hermano estaba muerto, algo que sorprendió a la inmensa mayoría de las partes intervinientes en el debate, ya que desconocían el dato.

“En el año 18, recibo una comunicación de la Secretaría de Derechos Humanos. Me dicen a ver si podía viajar a Buenos Aires porque tenían una documentación relativa a la desaparición de mi hermano, me la querían entregar”, contó. Según explicó, la documentación fotocopiada que recibió constata que días después del secuestro de Mario, “unos cuantos” cadáveres aparecieron “flotando en el Río de la Plata, en la zona de Ensenada”, que la Policía bonaerense tomó “las huellas digitales y los enterraron como NN en el Cementerio de La Plata”. Y también que, años después, “hicieron un cotejo de las huellas de los documentos de cuando (Mario) había solicitado pasaporte con las huellas dactiloscópicas tomadas cuando hallaron los cadáveres y que coincidían”.

Efectivamente, el cotejo de información documental –las huellas digitales– fue realizado por la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires en el marco de “las tareas tendientes a determinar el destino de aquellas personas cuyo paradero se desconoce y que han sido calificadas como “desaparecidas” durante el período 1976/1983” que lleva a cabo el tribunal. La resolución de identificación de los restos de Hernández, fechada el 28 de junio de 2019, indica que el cuerpo de Mario no apareció en Ensenada, como declaró su hermano, sino en la localidad de Berisso el 23 de junio de 1976. Entonces, consignó la Cámara, la Policía bonaerense le tomó las huellas dactilares y lo inhumó como NN en el Cementerio de La Plata, donde así quedó registrado. Hubo un acta de defunción labrada para el cuerpo del abogado, aunque sin identificar. Allí dice que murió por “asfixia por inmersión”. El expediente judicial que se elaboró en base al hallazgo del cuerpo fue destruido en 1993.

Un dato perdido

Luego de determinar la identificación de Hernández y ordenar la rectificación de su partida de defunción, la Cámara envió el expediente al Juzgado Federal 3, a cargo de Daniel Rafecas, debido a que la zona donde apareció el cuerpo era jurisdicción del Primer Cuerpo del Ejército, área que ese juez investiga. “La información nunca llegó al expediente que se está juzgando ahora”, puntualizaron fuentes vinculadas con la causa. De haber llegado en tiempo y forma al juzgado que encabeza Alicia Vence, quien tiene en sus manos la causa Campo de Mayo, podría haberse sumado incluso al juicio por los vuelos de la muerte que partieron de la guarnición militar a cargo de Riveros, un debate que comenzó en octubre de 2020 y culminó dos años después con condenas a él y a otros tres represores del Batallón de Aviación 601, por el homicidio de cuatro víctimas que pasaron por El Campito y cuyos cuerpos aparecieron en las aguas del río y el Mar Argentino.

La fiscalía solicitó la incorporación al debate de la resolución sobre la identificación y, en base a eso, solicitará que a Riveros se lo acuse y condene por el homicidio agravado de Hernández.