El Centro de Justicia Penal se vio alborotado en la mañana de ayer cuando las fiscales santafesinas  María Laura Urquiza y Bárbara Ilera junto a funcionarios de la Auditoría del Ministerio Público de  la Acusación, se hizo presentes en la Agencia de Criminalidad Organizada, donde trabaja el fiscal Matías Edery, denunciado la semana pasada por brindarle protección a Mariana Ortigala. La mujer fue acusada de ser la presunta testaferro de Ariel Máximo “Guille” Cantero -capo de Los Monos-, imputada y detenida por participar en extorsiones de la banda a un dueño de agencias de quiniela. Ayer también tuvo lugar otro hecho delicado: el defensor Leonel Iesari, abogado de Mariana Ortigala denunció a los fiscales Pablo Socca y Miguel Moreno ante el auditor del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Leandro Mai, por no respetar el principio de objetividad, el no respeto por los Derechos Humanos, e incumplir con el deber de protección respecto Ortigala en la causa donde se la investiga.

Las fiscales Ilera y Urquiza se llevaron documentación sobre la causas en la que Edery trabaja y en las que está involucrada Ortigala, así como los teléfonos del fiscal y una empleada de la Agencia. Al promediar la tarde además se conoció que la fiscal regional María Eugenia Iribarren desplazó a Edery de las causas en las que había sido denunciado y en donde habría prestado información Ortigala. En rigor el fiscal sigue en plena tarea, ya que ayer cuando llegó la inspeccion estaba en una audencia de juicio contra el "Gordo Dani" un líder narco de Villa Gobernador Gálvez.  

En su denuncia, los fiscales Pablo Socca y Miguel Moreno apuntaron a la relación presuntamente irregular de Edery con Ortigala, que era su informante, un rol que los superiores de Edery en el Ministerio Público de la Acusación conocían.

Socca y Moreno denunciaron a su colega en el marco de la investigación por extorsiones y ataques a tiros e incendiarios contra el dueño de una agencia de quinielas al que Los Monos le exigían un millón y medio de dólares. En ese expediente está involucrada Ortigala, a quien la dupla de fiscales señaló como una “una narco protegida” por Edery. Así lo aseguraron al ventilar una serie de conversaciones de WhatsApp que la sospechosa mantuvo con el funcionario judicial acusado.

En cuanto a la denuncia del abogado de Ortigala,  Leandro Iesari  puntualizó en su denuncia que Socca y Moreno vulneraron el deber de protección establecido la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Acusación. Argumentó que ya en la jornada del 19 de septiembre se había opuesto a que los fiscales mostraran el video del allanamiento en el domicilio de su defendida, dado que en ese material se ventilaba la relación de Ortigala con Edery. Se trata de un video en el que agentes policiales con la cara tapada indagan a la mujer mientras está esposada, y se la ve diciendo que usaba un celular "para pasarle información al fiscal Matías Edery".

"Todo ello conforme a que las audiencias deben ser meramente argumentativas y resultaría innecesaria la reproducción de dicho allanamiento en este tipo de audiencia y más teniendo presente la connotación periodística que ha tenido la misma", consideró Iesari. Remarcó así que los fiscales "solicitaron de manera manifiesta e insistente que se reproduzca dicho video".

Para el defensor de Ortigala esa situación tiene relación directa a un hecho violento ocurrido horas después de desarrollada la audiencia. Cuando la noche del 19 de septiembre se produjo un ataque a balazos a la estación de servicios YPF de Rondeau y Marull, los autores del hecho dejaron una nota intimidante: "Fiscal Matías Edery, dejá de hablar por teléfono con Mariano (sic) Ortigala y armar la causa contra los pibes porque te vamos a matar a tu familia. La mafia”.

Iesari destacó que la vida de Ortigala está en peligro desde que se convirtió en una testigo clave en la causa que juzgó y condenó a Alvarado, un contexto que tiene un caso testigo en el asesinato de Carlos Arguelles, también testigo en la misma causa. En ese marco, recordó que en marzo de 2020 la mujer fue víctima de un ataque a balazos y que el fin de semana previo a las audiencias recientes fue baleado el Complejo Penitenciario Rosario, donde está alojada. "Todo ello no hace más que demostrar el riesgo inminente que padece Ortigala y que más allá de que debe ser investigada en la IPP (Investigación Penal Preparatoria) que la tiene como imputada, este defensor entiende que la conducta abusiva que desplegaron los fiscales Socca y Moreno al reproducir este video ha puesto a Ortigala en un total estado de vulnerabilidad y no respetándosele sus derechos humanos fundamentales", consideró.

Además, el abogado puntualizó en la jornada del 20 de septiembre en la que los fiscales Socca y Moreno hicieron públicas las conversaciones que Ortigala, en su carácter de informante, había mantenido con Edery. Sostuvo que era innecesario y argumentó que quedó evidente cuando al final de las audiencias la jueza María Trinidad Chiabrera, al momento de fundamental la medida cautelar contra Ortigala "no valora ni menciona dicha información aportada por los fiscales como extrema necesidad de difundirla en audiencia".

A su vez indicó que los fiscales hicieron "caso omiso" a las directivas de la fiscal regional María Eugenia Iribarren y destacó que los fiscales ahora denunciados también vulneraron la Ley de Víctimas. Ortigala, considerada víctima por haber sufrido una tentativa de homicidio, para Iesari debía tener ciertas garantías que no se cumplieron al momento de ser detenida. Indicó que está alojada en una celda que da al patio del pabellón donde está presa la pareja del hombre vinculado a Alvarado que será acusado por el ataque sufrido por su defendida en marzo de 2020.