Se cumplen 40 años de democracia ininterrumpida en Argentina y la ampliación de derechos genera incomodidad entre los sectores más patriarcales de la sociedad, representados por partidos políticos conservadores que, paradójicamente, tanto en el país como en la región, son liberales en términos económicos. La Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo es uno de los derechos conquistados que entra en jaque ante el avance de la derecha en la primera elección presidencial luego de su aprobación.

Esta ley se profundiza a diario con la ampliación de equipos que garantizan la práctica, la incorporación de más centros de salud con distribución federal y el acceso a la información y a los medios para quienes deciden realizarse un aborto, ya sea autogestionado o a través del sistema de salud. El paradigma que propone para la objeción de conciencia es la no obstrucción; pero existen algunas dilaciones llevadas adelante por efectores de salud identificados con frecuencia por los colectivos que socorren y acompañan. La gratuidad es otro punto a revisar: en provincias como Misiones, Corrientes y Catamarca la solicitud de ecografías o estudios que no son requisitos para efectuar la práctica son moneda corriente.

En 2010 activistas de Neuquén de La Revuelta impulsaron el dispositivo "Socorro Rosa" para cubrir esa demanda masiva que no era escuchada por el parlamento y que obligaba a personas gestantes a acceder al aborto de forma insegura. Dos años más tarde, junto a la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, se organizaron como Socorristas en Red (SenRed). Su activismo voluntario, solidario y feminista tiene autonomía en su funcionamiento y está integrado por movimientos de mujeres, movimientos sexo-genéricos, investigadores científicos, personal de salud y otros sectores sociales que llevan adelante a diario "acompañamientos cuidados, amorosos y afectados" de forma presencial, virtual y telefónica. También realizan una sistematización de su activismo y contribuyen con la difusión de información para hacerse un aborto seguro con medicamentos.

La sanción de "la ley más colectivamente luchada", como sostienen desde SenRed, implicó transformaciones en el accionar de la organización. Laura Zubriggen, representante de Córdoba, cuenta que el trabajo construido con los hospitales y centros de salud que garantizaban la práctica desde antes de la sanción de la ley fue fundamental para que el derecho se desplegara rápidamente en su región: "Hay un montón de cosas que aún faltan aceitar, pero creo que es parte de cómo funciona el sistema de salud en general para todo, no solamente para el aborto". La "articulación de hormigas" generada con referentes de la salud, las ayuda a socorrer a aquellas personas a las cuales el sistema les pone alguna traba.

La importancia del trabajo transdisciplinario también es destacado por Griselda Cifuentes, referente de Bahía Blanca, quien comenta que las integrantes locales se encuentran en diálogo permanente para facilitar las intervenciones. "En nuestro territorio está funcionando muy bien. En las interrupciones voluntarias del embarazo se respetan los tiempos, hay todo un entramado que hace que funcione bien. Tanto en nuestra ciudad, en Punta Alta, y también en la mayoría de los lugares de la zona". La estigmatización del aborto es frecuente en la zona: personas viajan varios kilómetros desde los pueblos del sur bonaerense al Hospital Interzonal José Penna para lograr un mayor anonimato.

Ruth Zurbriggen, una de las fundadoras de SenRed y activista de La Revuelta, remarca sobre la coordinación con el sistema sanitario: "Los rangos dentro del sistema de salud son amplios y a mí me parece que esto que nos enseñó el socorro también. ¿Qué es socorrer? También es escuchar socorrer; también es dedicarse y disponer de tiempo para armar desde allí unas pedagogías que buscan otras prácticas en relación a este derecho y ojalá que eso impacte para todas las prácticas dentro del sistema de salud". "El texto de la ley en términos políticos es un texto muy interesante, aunque quisiéramos que fueran voluntarios sin términos de semanas, etcétera. Es muy importante en relación a los principios que tiene", dice y destaca también la autogestión amparada en esta ley como práctica de salud "comunitaria y feminista".

La adecuación de los efectores sanitarios bajo el seguimiento del Ministerio de Salud de la Nación es a la vez monitoreada por SenRed y por el Proyecto Mirar, perteneciente al Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) junto a Ibis Reproductive Health. La coordinadora del área legal de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, Sonia Ariza Navarrete, sostiene que han "trabajado en coordinación con la Superintendencia de Servicios de Salud (SSSalud) y con la Dirección de Protección al Consumidor para adecuar los mecanismos de cobertura y reintegro". Destaca que es un comportamiento habitual de las obras sociales "con todas las prácticas; esto no es particular del aborto aunque una puede pensar que por ser una práctica que todavía está estigmatizada, debe haber alguna resistencia adicional".

La provisión de insumos logró superarse, según lo expone Valeria Isla, directora nacional de Salud Sexual y Reproductiva: "Hay una alta inversión presupuestaria y salió la primera orden de compra de Mifepristona de Domínguez, que es el laboratorio nacional; con eso de acá a fin de año vamos a estar recomendando el tratamiento combinado exclusivamente para el aborto". Pero también habla de la importancia de poner el foco en dos cuestiones: "Trabajar la calidad dentro de los equipos que garantizan, cómo se garantiza", y una campaña de comunicación masiva "para dar información al resto de la población, seguir consolidando el apoyo a los equipos garantistas de derechos y la sanción a los equipos que son obstaculizadores".

SenRed publicó en 2022 un informe sobre la calidad de atención en los primeros meses de la Ley, "Malas prácticas. Experiencias sobre acceso a interrupciones de embarazos". Este documento surgió como parte de la iniciativa cotidiana de la organización, "Hacer vivir la ley", y se escribió a partir del análisis del registro de situaciones en las que vulneraron derechos en el acceso a una IVE o una ILE en el sistema de salud. Desde el Gobierno nacional, Valeria Isla sostiene que esta experiencia les sirvió para la profundización de políticas públicas que abordaran esta problemática: "Fue muy interesante porque ellas trabajan en situaciones bien cualitativas y, sí, hay que trabajar la calidad dentro de los equipos que garantizan, ver cómo se garantiza".

40 años de democracia

El 30 de octubre de 1983, la fórmula encabezada por Raúl Alfonsín y Víctor Martínez se impuso con el 51,75% de los votos. Hacía diez años que no se llevaban adelante elecciones presidenciales en Argentina debido a la dictadura que tomó el gobierno por la fuerza e implementó un genocidio entre marzo de 1976 y diciembre de 1983. Las cifras más altas de participación en los comicios desde la vuelta a la democracia se registraron en estas elecciones y las de 1989, y superaron el 85% en ambos casos. Las cifras más bajas en una elección presidencial se registraron en los últimos comicios: las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias de 2023, alcanzando el 69% de electores en todo el país.

Una vez obtenida la Ley, el siguiente paso es "construir la política pública", y esto genera resistencias en algunos sectores de la sociedad. "Fuimos aprendiendo con quienes acompañamos que a veces la decisión de abortar le permitía a una persona separarse de alguien violento, de querer mejores condiciones laborales o lo mejor para sus hijas y sus hijos (...) atrás de esa decisión hay otras demandas y expectativas que por supuesto no están acorde a nada de lo que la derecha quiere", dice la referente bahiense de SenRed, Griselda Cifuentes, y agrega que estos sectores quieren "no solamente precarizar la vida de las mujeres, sino también criminalizarlas, adoctrinarlas".

En estos últimos comicios, el referente de La Libertad Avanza, Javier Milei, fue el precandidato presidencial más votado, seguido de Sergio Massa (Unión por la Patria) y Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio). En su plataforma electoral, el candidato que obtuvo el primer puesto proclama "la defensa del derecho a la vida desde la concepción", y en una entrevista televisiva afirmó que si fuera Presidente "haría un plebiscito. Y, si el resultado es a favor mío, se elimina la Ley. Pero que elijan los argentinos. Si los argentinos creen en el asesinato de un humano indefenso en el vientre de la madre, se verá".

Sea cual sea el resultado en las elecciones generales de octubre -o noviembre, en caso de balotaje-, este discurso de derecha tiene una fuerte presencia social que probablemente se transforme también en presencia legislativa. Quienes trabajaron por la sanción de la Ley y siguen trabajando para garantizar su implementación a lo largo y ancho del país están preocupados. Pero también saben la potencia que tiene la "ley más colectivamente luchada". En palabras de Valeria Isla: "Hay una trama feminista que está sosteniendo esta agenda. Y esta agenda también está sostenida desde la calle".

El desafío es cuidar la ley, ampliar sus alcances, hacerla llegar a cada rincón de nuestro país, expandirla, defenderla de los ataques. "Tenemos que hacerla vivir profundamente; enraizarla en las instituciones de salud, en las instituciones educativas, en los espacios comunitarios, en las bibliotecas populares. Es un tema que hay que ponerlo todo el tiempo en agenda, porque corremos el riesgo de pensar ´bueno, ya lo conseguimos, listo´", sintetiza Ruth Zurbriggen. Desde SenRed se impulsa una campaña de visibilización del cotidiano del aborto legal, seguro y gratuito y se convoca a su defensa: "Más que nunca el derecho al aborto en Argentina necesita que quienes fueron parte de la Marea Verde empujen el cumplimiento efectivo del derecho ganado en cada rincón del país".

*Comunicadoras. Integrantes de Socorristas en Red (SenRed)

Abortos registrados por el Ministerio de Salud de la Nación: 73.487 (2021) + 96.664 (2022). En 2022 se incorporó el insumo de combipack (mifepristona + misoprostol), uno de los procedimientos más eficaces. Más de 1.700 efectores del sistema público de salud realizan IVE en todo el país.

Línea salud sexual:   0800-222-3444