La provincia de Jujuy vivió ayer una jornada de calles tomadas por numerosas manifestaciones. Por la mañana, con un acto multitudinario, gremios, docentes, trabajadores empleados y desocupados y comunidades originarias rechazaron una vez más la reforma de la Constitución impulsada por el gobernador Gerardo Morales, a la que consideran inconstitucional. También repudiaron las nuevas causas iniciadas contra maloneros y maloneras. Por la tarde se llevó a cabo la marcha por 28S, día de acción global por el aborto legal, seguro y gratuito. 

Otra vez la consigna "Arriba los derechos, abajo la reforma" unió a las tres columnas de integrantes del Tercer Malón de la Paz, la Intergremial, la Multisectorial contra la Reforma y las organizaciones sociales, que confluyeron en la céntrica plaza Belgrano. La jornada de lucha, paro y movilización reclamó también la reapertura de paritarias, aumento de sueldos que equipare el costo de la canasta familiar.

El conflicto social recrudeció así en la provincia. El malestar también se nutrió de las cifras de pobreza en Jujuy. Según los datos del primer semestre de 2023, en la provincia  hay 150.300 personas pobres y 31 mil indigentes.

Del otro lado, el ministro de Hacienda y gobernador electo de Jujuy, Carlos Sadir, dijo en declaraciones públicas que “el sueldo de los estatales jujeños ha quedado por encima de la inflación" y destacó que todos los meses se reúne con los dirigentes.

La docencia volvió a reclamar la devolución de los días de huelga, los descuentos arbitrarios que han sufrido en julio y agosto. “Por ley ningún empleador puede descontar más del 20%, mientras que en Jujuy descontaron más del 50% de los salarios en algunos docentes, de manera ilegal”, expresaba un docente con megáfono. El amparo presentado por el Centro de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS) para pedir que se devuelvan los días de paro fue rechazado por el Tribunal Contencioso Administrativo argumentando que no es la vía, aunque reconoció que no hay instrumento legal del estado provincial que encuadre el descuento a docentes.

La secretaria general del CEDEMS, Mercedes Sosa, expresó en la jornada de lucha: “Reafirmamos la posición de considerar inconstitucional a la reforma, consideramos que es el mecanismo para darle un marco jurídico a una política represiva, persecutoria de ajuste. Los trabajadores estatales reclamamos que no haya descuentos, se realizaron de una manera violenta descuentos irracionales. Hay colegas que han sufrido un descuento del 80%. Si no hubiéramos tomado las medidas de fuerza este año probablemente nuestros salarios seguirían bajos, logramos mejoras pero se pueden perder si siguen con el mecanismo de dilatar paritarias y burlarse de los trabajadores”.

Por otra parte Nicolás Fernández, secretario general de la Asociación de profesionales universitarios de la administración Pública (APUAP), informó que ya presentaron "un escrito pidiendo volver a las negociaciones que fueron cerradas de manera abrupta por el gobierno, ya que estamos en un contexto de devaluación permanente e inflación constante. Todo esto provoca que estemos en un 30% por debajo de la inflación, números peores que en pandemia”.

En la marcha los diferentes sectores reafirmaron la defensa de los derechos, rechazaron la reforma constitucional y resaltaron el sacrificio de la lucha del Tercer Malón de la paz en Buenos Aires y en el territorio de Jujuy.

“No somos delincuentes, defendemos nuestros derechos, defendemos el agua, la tierra. Hay una violencia institucional, Morales usa el poder político para utilizar a la policía y que nos reprima. Tenemos que unirnos más y esta lucha es de todos. Respetemos la tierra y el buen vivir para todos. Apostemos a la unidad, es un llamado de conciencia a todos”, dijo Hugo Flores, de La Quiaca.

Persecución a dirigentes y maloneros

En este contexto se conoció la imputación a comuneros por homicidio culposo por un hecho sucedido el 20 de julio en Abra Pampa, donde falleció una mujer oriunda de Bolivia, que fue atendida en el hospital de esa localidad, pero finalmente murió. 

La abogada Mariana Vargas, que defiende a uno de los imputados, resaltó que “esta es una causa sacada de la galera” y la consideró estratégica para el gobierno de Jujuy en su intención de evitar que haya mayor adhesión a los cortes de ruta. “El hecho existió y conmocionó el fallecimiento de la mujer. Esa muerte no fue provocada por la responsabilidad de ninguna de las personas en los cortes y ni siquiera por los cortes”, explicó la letrada. Asi también, detallo tras la lectura de un informe del SAME, que “no hubo demora de atención, el SAME se entera y en 20 minutos (la mujer) fue atendida en el hospital y fallece, lamentablemente”.

“Es una profunda mala fe del gobierno y del Ministerio Público de la Acusación, es sin lugar a duda el brazo ejecutor del gobierno, no es un órgano independiente", añadió Vargas. Consideró "gravísimo que se pretenda atribuir a gente que estaba protestando un hecho que no tiene nexo de causalidad". Dijo que este encausamiento a comuneros y comuneras de Purmamarca, La Quiaca, Abra Pama y Humahuaca, "genera preocupación en las personas perseguidas", y llamó a visibilizar "las mentiras, las falsedades, el uso político de las causas, que no tiene que ver con el derecho sino con la clara persecución y es parte de lo que internacionalmente se está planteando como delito de lesa humanidad que vive el pueblo de Jujuy”. 

La abogada también puso de resalto la falta de investigación en los casos de las personas que fueron afectadas por la represión de junio, como los jóvenes y hombres que perdieron la visión.

“Hay preocupación en los imputados, no están todos notificados, es una clara intimidación, una persecución", aseguró Vargas antes de resaltar que en los cortes "garantizaban el paso de ambulancias, fue una preocupación permanente.

Defender la agenda de género

Por la tarde, la Multisectorial de Mujeres y dDisidencias de Jujuy realizaron un pañuelazo en el marco de el Día de Acción Global contra el Aborto Seguro, con consignas de defensa del acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, Educación Sexual Integral, no al desmantelamiento de la salud pública y basta de violencia obstétrica.

La Ley 27.610 establece el acceso a la Interrupción Voluntaria y Legal del embarazo y a la atención postaborto de todas las personas con capacidad de gestar. Derecho conquistado por la lucha del movimiento de mujeres y disidencias en el país.

En ronda de prensa, Miriam Morales, referente de la Multisectorial sostuvo que defenderán los derechos conquistados "ante todo los antiderechos" y "vamos a seguir defendiendo nuestro derecho a decidir y defender la ESI para poder decidir, el aborto legal, seguro y gratuito para no morir en la clandestinidad por el aborto, sino para tener una maternidad elegida, deseada”.

En la manifestación se reclamó también por el desmantelamiento de la salud pública; en este sentido desde CUBA MTR, Cecilia Corregidor señaló que “se cerró prácticamente la maternidad de Palpalá, las compañeras tienen que ir a parir a Alto Comedero y a veces no tienen recursos. Entonces hay que entender que la deuda es con nosotras y se tienen que garantizar nuestros derechos”.

Asimismo, Daniela Jaled reclamó que se haga efectiva la ESI en las escuelas, que el avance en derechos sexuales y reproductivos se cumpla y "las personas que necesiten acceder a la salud pública sepan las herramientas que tienen y donde canalizar dudas en cuanto a la ESI”.

El colectivo feminista de La Cámpora, a través de Luz Díaz también se manifestó en defensa de los derechos conquistados y deseó poder "seguir encontrándonos en Jujuy, que hace 8 años venimos siendo el laboratorio de la represión y ajuste, a pesar de ello seguimos en las calles”.

“El movimiento tiene que ser una red y más juntas en las calles, ya no es una lucha por el aborto legal sino para que se cumpla esa ley y más en una provincia patriarcal”, dijo por su parte la joven Milagro, de la agrupación Marea.