Villa Soldati es dueña de una joyita tecnológica: el wi-fi Soldati Conectada, una red de internet comunitaria. Fue creada por la organización social y política El Hormiguero y, gracias a ella, en los comedores, centros culturales e iglesias de cinco barrios de la Comuna 4, así como en sus estaciones del Premetro, los vecinos pueden acceder a un wi fi público. El Hormiguero desarrolló además una red de internet para el hogar, con 150 socios, que está en expansión: todas las semanas conectan de diez a quince nuevas viviendas. Garantizan así la conectividad en una zona que las grandes prestadoras de servicios de internet dejaron de lado.

Esta experiencia es parte de una construcción más amplia: en los últimos tres años, mil quinientos barrios populares accedieron a internet con obras de infraestructura en conectividad realizadas por organizaciones sociales, PyMES y cooperativas.

Las obras fueron impulsadas por la Subdirección de Proyectos Especiales del Enacom, hoy a cargo de Natalia Vinelli, comunicadora popular, integrante del Frente Patria Grande (que tiene como principal referente a Juan Grabois). Se financian con un fondo integrado por el 1 por ciento de los ingresos brutos de las empresas de telecomunicaciones. Los programas de la Subdirección de Proyectos Especiales tienen como objetivo dar conectividad a villas y asentamientos inscriptos en el Registro de Barrios Populares, así como a zonas rurales aisladas.

“El fondo existía desde 2014, pero hasta 2020 no se usó, nadie lo ejecutaba”, cuenta Mariano Suárez, integrante de ese organismo. Desde el ‘14, cuando fue sancionada la Ley Argentina Digital y hasta finales del gobierno macrista se acumularon en el Fondo casi 15 mil millones de pesos que quedaron allí, sin emplearse.

La pandemia vino a cambiar las cosas, ya que obligó al Estado a desplegar políticas de conectividad para las poblaciones que, por su situación geográfica o económica, carecían de internet. La primera carencia que mostró el aislamiento fue que en los barrios populares los chicos sólo contaban con un teléfono celular y una conexión de datos para vincularse a las tareas escolares. La falta de acceso a internet provoca muchas más consecuencias, ya que la conectividad es necesaria hasta para sacar un turno, y ni qué decir si se piensa en la posibilidad de hacer teletrabajo.

El esquema que implementó el Enacom es financiar el 100 por ciento de obras de instalación de fibra óptica a cambio de que los nuevos prestadores -pequeños, muchas veces de carácter alternativo- bonifiquen el uso de internet en espacios comunitarios y otorguen una tarifa más barata para la internet domiciliaria.

El libro Los Desconectados, coordinado por Suárez y Vinelli, sistematiza los primeros resultados de estos programas. Cuenta una serie de experiencias, como la de El Hormiguero en Soldati y la de Atalaya Sur, en Villa 20, que da acceso a internet a mil familias. Otros casos similares son los de La Poderosa, que lleva conectividad a 16 barrios en una decena de provincias, y el de la Asociación Mutual Carlos Mugica, en Córdoba.

“La conectividad es un servicio tan esencial como el agua, la luz o el gas. Permite integrar localidades enteras. Tiene que ver con la calidad de vida y con el acceso a derechos”, plantean Vinelli y Suárez.

“Nuestro proyecto fue tener fibra óptica con la mejor tecnología, fuimos por todo desde el principio”, contó Nicolás Petrungaro (El Hormiguero), en la presentación de Los Desconectados.

“Nos dijeron ‘no lo van a poder hacer’, porque no teníamos experiencia, pero hicimos todo nosotros”. En el territorio, el desafío de dar conectividad incluyó problemas tan básicos como los cortes de luz. Para darle respuesta, El Hormiguero instaló paneles solares con los que garantizó 6 horas de funcionamiento ininterrumpido en casos de emergencias. En ese camino, generaron puestos de trabajo para los vecinos.

“Hoy operamos nuestra red y vamos ganando grados de autogestión, por ejemplo empezamos con un software que no era nuestro y ahora estamos desarrollando uno propio”.

También Atalaya Sur, la experiencia de la Villa 20, generó puestos de trabajo. En el sector hacen el siguiente cálculo: por cada 100 hogares conectados a la red se genera un puesto de trabajo.

Atalaya plantea que el acceso a nuevas tecnologías en las que todos somos usuarios enfrenta a la militancia a un punto de partida diferente: “No se trata tanto de luchar por el acceso a bienes de los que está excluido, sino de intervenir en el modo en el que se accede. Hoy prácticamente todos tenemos acceso a un teléfono celular, pero en las zonas consideradas ‘no rentables’ la conectividad está limitada al uso datos. Esa incorporación al consumo masivo es el único modo en que el mercado está dispuesto a incluirnos”.

Los resultados de estos tres años demostraron que donde la conectividad fue desarrollada por organizaciones sociales o cooperativas de servicios las tarifas fueron más económicas que las de mercado. Sin embargo, son procesos que dependen de la fortaleza organizativa de cada comunidad y de la presencia del Estado.

La construcción de estas cooperativas y asociaciones va en varios casos más allá de lo técnico, ya que además de dar conectividad apuntan a generar contenidos, por ejemplo con radios propias, y a dar formación con talleres de programación, robótica, infraestructura en redes.

No se piensan a sí mismas como un parche, una curita, sino como una apuesta a construir autonomía frente a un modelo de prestadoras de internet oligopólicas, dueñas de las redes y de los contenidos.