Por primera vez un juez ordenó que dos padres que no pagan la cuota alimentaria de sus hijos sean inscriptos en la Central de Deudores del Sistema Financiero que funciona bajo la órbita del Banco Central de la República Argentina, en la máxima categoría de riesgo crediticio hasta tanto se pongan al día. Es decir, una vez que queden inscriptos van a empezar a aparecer en el Veraz. Los dos fallos fueron dictados por el juez de Paz de la localidad de Daireaux, Javier Heredia, quien además cumple la misma función en la vecina General La Madrid al cubrir una vacancia. En uno de los casos, el deudor --que debía casi 900 mil pesos-- se acercó a los pocos días al juzgado, acordó un plan de pagos y ya abonó la primera cuota, contó a Página 12 el magistrado. En el otro caso, el padre debe 94 mil pesos de cuota y el juez dispuso que además se le secuestre la licencia de conducir hasta que pague.

“Es la primera vez que se usa una medida de estas características”, destacó en diálogo con Página 12 la abogada feminista Sabrina Cartabia, asesora del Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires en relación a la inscripción de los deudores alimentarios en la Centra de Deudores del Sistema Financiero. Se trata de una medida novedosa pero que la justicia podía aplicar desde la reforma del Código Civil y Comercial, en 2015, porque el artículo 553 habilita a magistrados a ordenar “medidas razonables” para lograr la regularización de la deuda alimentaria, explicó la funcionaria.

La primera sentencia la dictó Heredia como juez de Paz de General La Madrid el 7 de setiembre. En 2011 se había homologado un acuerdo por el cual el padre pasaría por un hijo el 28 por ciento de lo que percibía como empleado rural. En 2016, la expareja, una empleada de casas particulares, hizo la primera denuncia por incumplimiento. El magistrado contó a este diario que “se probaron distintas medidas conminatorias sin resultado”. Desde entonces no pagó. Acumulaba una deuda de 860 mil pesos. La orden de inscribirlo en la Central de Deudores del Sistema Financiero que funciona bajo la órbita del Banco Central de la República Argentina, en la máxima categoría de riesgo crediticio, generó que dos semanas después, el hombre presentara una propuesta de pago y se firmara el acuerdo.

En el otro caso, de la semana pasada, la causa se inició en febrero como un incidente de aumento de cuota alimentaria, para un niño de 7 años. En el reclamo se denunció además que el progenitor no tiene contactos con su hijo, es decir, tampoco se hace cargo de su cuidado. La madre realiza tareas de moza sin registración y tiene a su cargo también a otra hija de 4 años. De ambos niños percibe la AUH. El demandado en este caso es chofer de camiones sin registración.

En los fallos, Heredia hace mención a la falta de pago de la cuota alimentaria como “violencia económica”. “El manejo autoritario del dinero y el control de los recursos por parte del varón pueden estar tan naturalizado que pocas veces se percibe como una forma de disciplinamiento o maltrato (...) el problema no es meramente anecdótico, sino básicamente estructural, y que por un abordaje integral de la violencia de género conduce necesariamente a reconocer el papel relevante que la privación de los recursos económicos tiene como factor de consolidación del ciclo del maltrato”, señaló en una de las resoluciones.

El partido de Daireaux está ubicado hacia el oeste del centro de la provincia de Buenos Aires, en una zona agrícola-ganadera. Tiene una población de unos 20 mil habitantes. General La Madrid se encuentran a unos cien kilómetros hacia al sur, y tiene 11 mil habitantes.

En lo que va del año ingresaron al juzgado de Paz de Daireaux 142 demandas por alimentos, lo que representa un 21 por ciento del total de causas iniciadas en 2023, informó el juez.

--¿Según su experiencia, los progenitores demandados no pagan porque no pueden o porque no quieren? --le preguntó este diario al magistrado.

--Lamentablemente tenemos un alto índice de incumplimiento. Hay una mezcla de ambas situaciones, pero mayoritariamente no pagan porque no quieren porque tampoco se contribuye con el cuidado. Yo puedo entender que alguien no tenga empleo o no tenga un trabajo que le genere una remuneración adecuada como para lograr cierto estándar de cuota alimentaria pero nos encontramos con que se desentienden de los hijos en todo sentido.

Heredia precisó que en el 90 por ciento de los casos de alimentos que interviene la madre que los demanda requiere que se le asigne el sistema de defensa gratuita por la imposibilidad de poder pagar los honorarios de un abogado particular.

Para concientizar a jueces y juezas sobre la necesidad de apelar a “medidas razonables” y “creativas” para lograr que los deudores paguen, desde el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense, que encabeza Estela Díaz, vienen desarrollando charlas en los distintos municipios y a partir de la semana próxima lanzan un curso de capacitación. Como primer paso, el año pasado presentó los resultados de la primera encuesta provincial para ver la magnitud del problema del incumplimiento alimentario y encontró lo que casi el 70% de las mujeres separadas y con hijos no recibe como debe la cuota alimentaria. 

Este año, el Ministerio de Economía de Nación impulsó la creación del Índice de Crianza, que elabora ahora mensualmente el Indec para establecer un valor de referencia para saber cuánto destinan las familias a alimentar, vestir, garantizar vivienda, trasladar y cuidar a niñas, niños y adolescentes. “Ya tenemos 15 fallos que han usado la Canasta de Crianza para fijar cuotas provisorias en las provincias de Buenos Aires, Río Negro, San Juan, La Rioja, Entre Ríos, Neuquén y Santa Fe”, destacó la directora Nacional de Economía, Igualdad y Género, Sol Prieto. En mayo se conoció el primer índice y se actualiza cada mes. Al mismo tiempo, puntualizó Prieto, junto al bonaerense hay otros diez gobiernos provinciales “trabajando para mejorar el cumplimiento de la obligación alimentaria”.