La Cámara Federal de Casación Penal es un hervidero. Hay pocas certezas. Una es que la jueza Ana María Figueroa consiguió el aval del Senado para quedarse por cinco años más en el máximo tribunal penal del país. La otra es que la Corte Suprema consideró que había cesado en sus funciones el 9 de agosto pasado, cuando cumplió 75 años, sin esperar el trámite de la Cámara alta. Mientras en la Casa Rosada se prepara el decreto que refrende la decisión de los senadores, el ministro de Justicia, Martín Soria, salió al cruce de los supremos en lo que presagia la discusión acalorada que está por venir. “Lo que han intentado hacer con la jueza Figueroa muestra una vez más el desprecio que tienen por la independencia judicial que consagra la Constitución Nacional, cuyo principio rector consiste justamente en que los jueces no pueden ser removidos por otros jueces de instancias superiores”, le dijo a este diario.

Hasta agosto, Figueroa fue la presidenta de la Casación Federal, el tribunal por donde pasan las causas penales más importantes del país. Si bien había defendido su pliego en abril, el Senado no había llegado a debatirlo porque el Frente de Todos (FdT) no reunía los votos necesarios. La jueza había anunciado que iba a quedarse en la Cámara hasta que los senadores trataran su situación –como pasó con otros magistrados que cumplieron los 75 años y a quienes el Poder Ejecutivo les quería prorrogar su permanencia–, pero algunos de sus colegas tuvieron otros planes.

Después de que le informaran desde la Casación que Figueroa había cumplido 75 años, la Corte Suprema –con la firma de sus cuatro integrantes– la consideró cesante desde el día de sus cumpleaños. Todo sucedió en medio de una situación de asedio contra la camarista, a quien se la presentaba como la “jueza de Cristina” o se la consideraba “atrincherada” en la Casación. Desde ese mismo tribunal salían versiones que la señalaban como quien retrasaba dos fallos adversos contra la vicepresidenta: la reapertura de la denuncia de Alberto Nisman por la causa del Memorándum con Irán y la de Hotesur-Los Sauces.

Horas después de que la Corte la cesanteara, en Casación se decidió que Mariano Borinsky continuara en la presidencia. Era quien estaba formalmente a cargo porque era el vicepresidente primero de Figueroa. Daniel Petrone quedó en el lugar de Borinsky y Diego Barroetaveña como segundo. Casualmente Petrone y Barroetaveña son los que normalmente comparten la Sala I con Figueroa y son los dos magistrados que reabrieron los expedientes contra Cristina Fernández de Kirchner.

En Casación esperan que el presidente Alberto Fernández firme el decreto para devolver a Figueroa al tribunal. En el gobierno deslizan que saldría con el Boletín Oficial (BO) del lunes. Allí, con los ánimos todavía encendidos por el debate presidencial que tendrá lugar el domingo, comenzará otra batalla: ¿Puede la jueza reincorporarse a sus funciones con una decisión de la Corte que la declaró cesante? ¿Hay que tomarle juramento? Son varias de las preguntas que se hacen los integrantes del máximo tribunal penal mientras corre la versión de que podrían ir nuevamente en consulta a la Corte, que está en pie de guerra con el gobierno y ya dijo que no quiere a Figueroa en Casación.

Entre los más optimistas de la Casación se preguntan también si Figueroa debería reintegrarse como presidenta del cuerpo o si debería volver a la Sala. El problema es que por este año designaron a Carlos Mahiques en el lugar de Figueroa en la Sala I. En breve, se abrirá otra vacante en la Sala III –que está vacía desde que se jubilaron Liliana Catucci y Eduardo Riggi y por la licencia de Juan Carlos Gemignani. Allí se le termina la subrogancia a Petrone y deben decidir quién lo suplantará. Ese tema se tratará el jueves en un plenario de la Casación –en el que se presume que el tema divisorio será la situación de Figueroa.

Contra una nueva jugada de la Corte

Soria denuncia que toda la incertidumbre que rodea a la jueza Figueroa es obra y gracia de los cortesanos. “La Corte Suprema con una simple resolución ha intentado desconocer que para seleccionar y cesar magistrados existe un procedimiento constitucional y administrativo en el que participan distintos órganos y poderes del Estado, como lo son el Consejo de la Magistratura, el Senado de la Nación y el Poder Ejecutivo Nacional. Esto es así porque la Constitución establece en su primer artículo que nuestro sistema es representativo, republicano y federal. Todos esos principios se los llevó puestos la Corte del prófugo (Fabián) ‘Pepín’ Rodríguez Simón cuando dictó la resolución administrativa para intentar echar a una jueza a pedido de la oposición y de sus medios”, dice el ministro de Justicia.

"Hay que decirlo con claridad –reclama Soria–. Los únicos jueces que violan la Constitución Nacional –y se mantienen en sus cargos fallando y cobrando– son los que pusieron a dedo y sin acuerdo del Senado durante el gobierno anterior –Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli. Ellos cuentan con la protección de esta Corte macrista, que para blindar al partido judicial se metió a manejar el Consejo de la Magistratura con un fallo insólito”.

Denunciantes oportunos

La oposición se lanzó a la denuncia en las últimas horas. Antes de que el Senado tratara el pliego de Figueroa, Bases Republicanas –con las firmas de Valeria Viola y Pablo Noceti, exjefe de gabinete de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad– presentó una denuncia contra CFK por abuso de autoridad y violación de los deberes de funciones públicos. Bases Republicanas es la ONG que no esconde su encono con la vicepresidenta: cuando el fiscal Guillermo Marijuán pidió su sobreseimiento en la causa conocida mediáticamente como la “Ruta del dinero K”, Bases pidió ser tenida como querellante para mantener ese expediente a flote –y consiguió el aval de la Cámara Federal porteña.

Jimena de la Torre es la referente de Bases. La abogada –que fue la número dos de la AFIP macrista– integra el Consejo de la Magistratura. Este viernes, volvió a pedir que la comisión de Selección de ese órgano concurse el cargo de Figueroa –haciendo caso omiso a la decisión del Senado.

Después de la votación en la Cámara Alta, llegó otra denuncia de la Fundación Apolo contra los 35 senadores y senadoras que prestaron su acuerdo para que Figueroa siga en su cargo. La presentación –que quedó radicada en el juzgado 11, actualmente en manos de Julián Ercolini– lleva las firmas de Juan Martín Fazio, Juan Manuel Otegui y José Magioncalda. Todos se referencian, además, con Republicanos Unidos, el sector que lidera Ricardo López Murphy.

Según el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), Magioncalda es uno de los denunciadores seriales contra CFK. La vecina de la vicepresidenta, Ximena de Tezanos Pinto, contó que fue el abogado quien la acercó a Republicanos Unidos. Los abogados de CFK llevan tiempo denunciando que Tezanos Pinto albergaba en su casa a personas ligadas a Revolución Federal o los grupos que reclamaban “bala” para el kirchnerismo. 

Entre otros, recibía a Gastón Guerra y Leonardo Sosa –del grupo que solía pasearse con las guillotinas–, a la abogada Gladys Benita Egui –que los representaba judicialmente– y a la panelista libertaria Delfina Wagner, que funcionaba como un nodo en el que se unían todas las líneas políticas que la querella de CFK reclama que se investiguen para entender cómo se produjo el ataque del 1 de septiembre del año pasado.