Tras denunciar al juez del Tribunal de Juicio de Orán, Edgardo Osvaldo Laurenci, el procurador general Pedro García Castiella convocó a una conferencia de prensa ayer para brindar mayores detalles de esta acusación pero comenzó la exposición alertando sobre el crecimiento del crimen organizado, “con mayor intensidad en el distrito de Orán”, en el norte de la provincia.
“El crimen organizado en Orán hoy en día está prácticamente convertido en un polirrubro", no solamente se dedica al narcotráfico, sino también al sicariato, los ajustes de cuenta y los robos, muchas veces muy violentos, dijo. "Cada día aparecen con mayor habitualidad situaciones de sicariato, 'mejicaneadas', ajustes de cuentas, y aparecen muertos ya con bastante reiteración en un lugar, en otro, y por eso digo yo que es un tema que tenemos que ponerlo en la prioridad de la agenda y ocuparnos con seriedad para frenar el avance de esta situación", advirtió el jefe de fiscales de Salta.
El procurador entendió que en la capital provincial quizás "se pierde de vista el drama que viven nuestros comprovincianos del norte de la provincia, angustia a la que están habitualmente sometidos en términos del incesante avance de organizaciones criminales que tienen un importante rol de organización y de actuación", insistió. Tras cuestionar dichos de un legislador, al que no nombró, afirmó que esta realidad debe "preocuparnos y ocuparnos a todos los que estamos en roles institucionales y que hemos asumido esa responsabilidad".
Flanqueado por el coordinador de fiscales, Pablo Rivero; la directora del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, Gabriela Buabse, y el secretario de Políticas Criminales de la Procuración, Gaspar Solá Usandivaras, el procurador general dijo que por esta situación del crimen organizado, desde que asumió, en noviembre de 2021, se ocupó también de "generar redes y vínculos" con organismos de otras provincias y de la Nación”.
"Entiendo que nuestra paz social y nuestras instituciones necesitan que quienes tenemos la responsabilidad de haber asumido un cargo estemos al nivel de cumplir acabadamente con nuestro compromiso. Y como yo estoy decidido a hacerlo, también estoy dispuesto a exigir que todo juez, todo magistrado, sea juez, sea fiscal, sea defensor, esté a la altura de las circunstancias para afrontar el desafío de combatir el crimen organizado, por nuestra paz social, por la defensa misma de nuestras instituciones y el rol que la justicia debe cumplir en este sentido. Y aquel que no esté en las condiciones mejor que vaya buscando dedicarse a otras actividades”, afirmó en procurador en lo que podría leerse como una referencia a la acusación contra el juez Laurenci.
Un robo millonario y policías corruptos
García Castiella puso como ejemplo de crimen organizado el robo en Orán, en diciembre de 2022, a la frutihortícola Abra del Sol, de propiedad de la familia Salomón. "Es un claro ejemplo de la contundencia y violencia que puede ejercitar el crimen organizado en una localidad”, afirmó. Recordó que uno de los dueños fue muy golpeado por los asaltantes y que el robo fue de unos 60 millones de pesos. Según indicó, esta causa ya está próxima a ser elevada a juicio, aunque se sigue investigando "la entrega" de un empleado de la firma.
“Hay un denominador en el norte de la provincia en muchas de las causas que están siendo investigadas" por robos entre bandas y sicariatos, y robos como el de Abra del Sol, sostuvo el procurador. En esta causa está prófugo Cristian Gabriel "Gringo" Palavecino, que en realidad viene escapando de la justicia desde 2017, después de ser sindicado como hombre confianza del narcotraficante y asesino, Ricardo Raúl "Coya" Rojas, que cumple condena por tráfico de drogas ilegales y por un homicidio y una tentativa de homicidio. Palavecino está bajo sospecha de haber participado de estos crímenes y fue también señalado en otro homicidio cometido en Orán. El procurador confió que hace poco, "por segundos, logró fugarse”, y añadió que Palavecino "es la persona más buscada en el norte de la provincia en este momento”.
Por el robo a Abra del Sol fueron detenidas cinco personas, entre ellas el adolescente hijo de Palavecino. En enero de este año, en una de las manifestaciones de la familia frente a los tribunales oranenses reclamando la liberación del chico, se exhibió un video en el que propio Palavecino, desde la clandestinidad, sostuvo que su hijo es inocente y aseguró que "una persona que está al lado del señor Salomón, dueño de la empresa, fue el mismo que le sustrajo la plata". También señaló como el ideólogo del robo al contador y ex funcionario municipal José Dimas "Oso" Ruiz, quien es uno de los acusados por este hecho y que el año pasado coqueteó con la posibilidad de candidatearse a la intendencia de Orán.
García Castiella citó también el caso de corrupción institucional en el que están acusados ocho policías, cuatro de ellos con prisión preventiva, por haber recibido coimas para informar a personas investigadas de procedimientos ordenados por la fiscalía. El procurador consideró que podría ser interesante ahondar en esta causa “para tener una noción de la dimensión de lo que está ocurriendo en el norte de la provincia”. Y afirmó que esta investigación, a cargo de la fiscala Mariana Torres, “devela una situación que implica un avance a un estadío más grave del crimen organizado" cuando "empieza a trasvasar a las fuerzas de seguridad y/o a las instituciones judiciales". "Ahí hay que ser absolutamente inflexibles en cuanto a la contundencia de las investigaciones y de sus resultados y del enjuiciamiento de los responsables”, concluyó.
El procurador también informó que solicitó al Ministerio de Seguridad y Justicia de Salta “la asignación de una custodia" en su domicilio particular y un refuerzo a la seguridad que ya tiene el edificio de la Procuración General de la Provincia. Dijo que no siente temor, pero sí sabe de "la situación a la que nos estamos enfrentando y nos estamos exponiendo, y los riesgos que podemos llegar a tener”.
Negligencia, impericia e incumplimiento de deberes
Sobre la acusación que presentó ante el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados en contra del juez Edgardo Laurenci, el procurador general aclaró que no se le cuestiona el haber concedido libertades transitorias a Lino Moreno,"a pesar de de dictámenes negativos que había por parte del personal del Servicio Penitenciario y también la oposición de la fiscal” Claudia Carreras, sino por irregularidades cometidas después de que el asesino se fugara.
Empezó reseñando las condenas que tuvo Moreno y las fugas que perpetró. En 2001 fue condenado a 6 años de prisión por tentativa de homicidio y abuso de armas, pero se evadió. Fue capturado otra vez y en febrero de 2005 fue condenado, otra vez, a 6 años de prisión por evasión, robo calificado y privación ilegítima de la libertad agravada. Ese mismo año le unificaron ambas condenas en una única pena de 12 años de prisión. Al año siguiente, fue "detenido por el crimen de la productora rural Liliana Ledesma, por haber sido el autor, el brazo ejecutor del cuchillo con el cual fue asesinada". En 2016 Moreno fue condenado a prisión perpetua por este asesinato junto a otras tres personas.
“La acusación en contra del juez Laurenci se sostiene en la gruesa negligencia, impericia e incumplimiento del deber a su cargo, de haber dilatado 52 días la correcta introducción de su pedido de captura en las fuerzas de seguridad y los organismos encargados de su búsqueda”, sostuvo el procurador. Reseñó que el 18 de junio de 2023, un domingo, Moreno había salido con la libertad transitoria, pero no regresó a la cárcel de Orán, donde cumplía su condena. Esa misma noche, alrededor de las 20, el Servicio Penitenciario" le informó "telefónicamente al juez que Lino Moreno no se había presentado al penal”.
Cuando lo esperable era que inmediatamente se alertara sobre la fuga y ordenara la captura, dijo el procurador, recién el 22 de junio, “ingresa formalmente el planteo desde el Servicio Penitenciario al Tribunal”, cuando “lo previsible hubiera sido que desde el mismo momento del anoticiamiento (el juez) dispare las alarmas y las alertas para su búsqueda". En este punto recordó que Laurenci también forma parte del Tribunal que en esos días estaba muy próximo a juzgar a los hermanos Raúl Amadeo "Ula" y Delfín Reynaldo Castedo, acusados de mandar a matar a Liliana Ledesma. "(Moreno) no era un preso que robaba bicicletas o un pasacasete, era un sicario condenado por un homicidio calificado”, subrayó el procurador.
Recién el 23 de junio, otra vez "en lugar de disparar las alertas", el juez “decide correrle vista a la fiscal para que opine lo que había que hacer. La fiscal obviamente le contesta que lo que tenía que hacer es ordenar su captura”, relató. Asimismo, destacó “18 días después, el día 29 de junio” Laurenci revocó el beneficio” de la libertad transitoria y ordenó la captura de Moreno, pero mandó a la Policía "primero con un domicilio equivocado” y después dio mal los datos de identidad del prófugo, lo que derivó en que no se pudieran realizar esas acciones. Al final, "después de tantos yerros”, 52 días luego de la fuga, Moreno "es inserto en el sistema de búsqueda y es esa la razón por la que se le promueve acción en contra del magistrado", afirmó el procurador.
Enseguida aclaró que esta acusación "no debería afectar ni impactar en absoluto en la continuidad del juicio" que se realiza ante el Tribunal de Juicio de Orán en contra de los hermanos Castedo, cuya próxima audiencia prevista es para el miércoles venidero. Explicó al respecto que mientras dura el proceso tras el pedido de enjuiciamiento, "el juez tiene la obligación de continuar con el trabajo habitual de su despacho” y “este juicio es un trámite habitual más con el que tiene que continuar" porque además Lino Moreno no tiene "ningún tipo de vinculación procesal en cuanto a intervención en el juicio" contra los Castedo, sostuvo.
En respuesta a una pregunta sobre las siete veces que la Sala I del Tribunal de Juicio de Orán suspendió el inicio de este juicio, el procurador sostuvo en la octava convocatoria al debate, en una convergencia de la Procuración General y la Corte de Justicia "se tomó la determinación" de que "no podía tolerarse una vez más la suspensión y por eso los días previos nos abocamos tanto de la Procuración como de la Corte de Justicia a abastecer al Tribunal, al Ministerio Público Fiscal de todos los recursos necesarios para que no haya pretexto ni argumento para que este juicio se suspendiera porque tenía que realizarse, iniciarse y llegar a su fin".
Por otra parte, el procurador informó que la fiscala Mariana Torres investiga al tutor de Moreno, que debía garantizar que regresara a la Unidad Carcelaria N° 3 de Orán luego de cada salida. En esta causa tamibén se investiga a funcionarios del Servicio Penitenciario. “Eventualmente sí tendría un grado de responsabilidad el tutor”, adelantó García Castiella.
