Fuentes cercanas al expediente de Wenance sostienen que la empresa pronto podría obtener el concurso preventivo dos veces solicitado y rechazado, la última por motivos formales, en los tribunales civiles y comerciales de San Isidro. Sin embargo, aparecen nuevos problemas judiciales para Alejandro Muszak: ya fueron incorporados a la causa testimonios de arrepentidos, que explican la operatoria, coincidente con las sospechas de fraude. A la vez, los más de 200 despedidos que podrían ir por su patrimonio, cosa que no pueden hacer los inversores, por haber ingresado a un fideicomiso. 

Wenance es una empresa que prestaba dinero por internet a sectores no bancarizados de la población a tasas altísimas. Desde 2018 acumula denuncias de usuarios y tomadores de crédito por usura y estafa. El 30 de junio pasado dejó de pagar a sus inversores, alegando un “crecimiento de la mora” por “la situación económica del país”, argumento que ya fue refutado y expuesto como falaz en el expediente. Desde entonces, tiene abiertas causas civiles y penales.

La jueza Gabriela Paladín, titular del Juzgado número 9, había rechazado el pedido de concurso, por entender que, más allá de las formalidades, la empresa Wenance se dedicaba a las finanzas y, como tal, su liquidación correspondía al BCRA. No se trata de que la jueza en cuestión desconociera la ley de entidades financieras, sino que intentaba aplicarle otra doctrina, la que sostiene que se trataba de “un banco de hecho”.

Fue esto lo que encendió todas las alarmas de la fintech y puso en marcha las capacidades de lobby de su dueño, que repite como un mantra, contra toda evidencia, que se trata de “una entidad de crédito no financiero”. Por eso el rechazo inicial fue apelado por los abogados de Muszak ante la cámara, que rápidamente dictaminó la competencia de Paladín. La jueza rechazó por segunda vez el pedido, pero esta vez por motivos formales. En el apuro, a los abogados de Muszak se les traspapelaron algunos documentos.

¿Cuál es el apuro? La causa penal, en manos de la jueza Paula Verónica González, viene lenta. Tanto que los querellantes presentaron varios recursos de queja por retardo de justicia. Ambas causas corren por fueros y carriles separados, pero a nadie escapa que, si Muszak obtiene el concurso y retoma el control de las operaciones, las chances de los damnificados de cobrar se reducen aún más y, en ese caso, es probable que las demandas penales pierdan fuerza. A la inversa, de comprobarse que hubo delito, sería mucho más complejo e incómodo para la jueza Paladín otorgarle el tan deseado concurso. Retomar las operaciones le permitiría al financista encubrir su accionar reciente a través de distintas maniobras.

El malestar de los querellantes se debe a que la documentación secuestrada en los allanamientos aún no fue periciada y las medidas cautelares tendientes a impedir que Muszak se insolventara o enajenara su patrimonio fueron rechazadas sin fundamentos en un escrito de dos párrafos. Con la misma celeridad se le concedió la eximición de prisión. 

Las dilaciones de la jueza provocaron una creciente tensión con la fiscal interviniente, Mónica Cuñarro, hasta que hace dos semanas atrás, González, decidió apartarla y tomar la investigación en sus propias manos. Fuentes judiciales aseguran que es una práctica muy poco frecuente. Uno de los abogados querellantes presentó un pedido de recusación de la jueza González, por este preciso motivo.

El lobbista político y judicial de Muszak es su socio minoritario, Santiago Hardie, ex Secretario de Agricultura Familiar en tiempos de Miguel Etchevehere como titular de la cartera.

Alcances del fideicomiso

El fideicomiso es un tipo de contrato, en este caso financiero, que “encierra” unos recursos para un fin determinado, es decir, establece una “estanquedad” infranqueable entre estos y el patrimonio de quien lo opera, de manera que los inversores no pueden ir contra la mansión de Muszak en Nordelta ni contra su colección de autos clásicos. Pero los 200 despedidos sin indemnización tienen con la empresa y con su titular otro tipo de relación.

El abogado Ernesto Martorell sostiene en un medio especializado que “es de toda evidencia que la plantilla de ex empleados damnificados podrá demandar solidariamente no sólo a todas las Empresas del Grupo Wenance sino también a las personas humanas que las operaron, si se logra su encuadramiento en la tipología del Art.31 de la Ley de Contrato de Trabajo Nro. 20.744".

Sin embargo, hay antecedentes de tribunales que revocan la mencionada estanqueidad, cuando queda acreditado el dolo y liquidan los bienes del fiduciante o fiduciario, según corresponda. Como se desprende de la investigación, el main business de Muszak no consistía en prestar dinero a altas tasas, sino en emitir y vender títulos por esa deuda. 

Si se comprueba que Muszak vendió más de una vez el mismo préstamo, su estrategia se derrumbaría como un castillo de naipes. El expediente ya contiene testimonios de arrepentidos que lo afirman, que fueron tomados por el propio juzgado y no por la fiscalía. La pregunta que se hacen los abogados es, con estas novedades, hasta cuándo la causa podrá permanecer dormida.