El presidente Jimmy Morales y la Corte de Constitucionalidad de Guatemala se enfrentaron ayer por el titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig), Iván Velásquez. 

Morales ordenó la expulsión de Velásquez, el titular de una comisión creada para investigar los crímenes durante la guerra civil guatemalteca pero que terminó convirtiéndose en la principal grupo anticorrupción en el país, dos días después de que anunciara que había comenzado los trámites para quitar la inmunidad del jefe del Estado para que pueda ser juzgarlo por corrupción, en el marco del presunto financiamiento ilegal de los partidos políticos en la campaña de las elecciones generales de 2015. 

Después de expulsar a Velásquez, el mandatario destituyó a su canciller, Carlos Raúl Morales, y nombró en su reemplazo a Sandra Jovel.

El presidente Morales primero anunció la salida del titular de la Cicig y, luego removió al canciller sin dar explicaciones. 

“En el ejercicio de mis facultades constitucionales y de conformidad con el Artículo 183 Inciso C de la Constitución, declaro non grato a Iván Velásquez en su calidad de comisionado de la Cicig y ordeno que abandone inmediatamente la República de Guatemala”, sentenció el presidente en un comunicado difundido por la Presidencia.

Morales dijo entonces que dio instrucciones a su canciller, Carlos Raúl Morales, para que cumpla con el marco legal diplomático para que Velásquez, a cargo de la Cicig desde 2013, “abandone inmediatamente el territorio de la República de Guatemala”. Poco después, anunció vía Twitter que la encargada de ese trámite diplomático sería Jovel. 

Pero antes de que la flamante canciller pudiera cumplir con esa orden, la Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo a Velásquez y dejó en suspenso la expulsión del país del abogado colombiano.

“Esta corte otorga el amparo provisional solicitado y se deja en suspenso la decisión que profirió el presidente”, informó a la prensa el presidente del tribunal, Francisco de Mata Vela, y pidió notificar de inmediato a varios ministerios, entre ellos Interior y la Cancillería, para que “se abstengan de ejecutar la decisión del presidente, que quedó en suspenso”.