La prepotencia fáctica, la política del hecho consumado, el manejo comunicacional, el sometimiento del partido judicial, el “voto cero” para la principal fuerza opositora, una carga electoral que más que carga fue una cargada, la escenificación de un triunfo inexistente previo a la visita del vicepresidente de los Estado Unidos de Norte América y del vencimiento de las Lebacs, el discurso cínico de poner cara de yo no fui, y decir que festejamos pero no dijimos que ganaríamos, desmentido por la puesta en escena con globos que en lunfardo significa “mentiras”, son datos de una realidad de profunda gravedad institucional.

El Correogate, los Panamá Papers, Avianca, Fly Bondi, la venta de dólares a futuro, el desguace de ferrocarriles, las omisiones las declaraciones juradas, los tarifazos, las falsas promesas de campaña, el endeudamiento, el errorismo de Estado, la devaluación y el alza del costo de vida, el déficit comercial, la timba financiera, el cierre de Pymes, la restricción de medicamentos para los adultos mayores, la quita de pensiones, el aumento del desempleo (no del empleo público clientelístico), el aumento del hambre y la mortalidad infantil o de la tuberculosis, la anunciada flexibilización laboral y la modificación regresiva de los derechos de los jubilados y de la seguridad social, la prisión de Milagro Sala, la represión de la protesta social o sindical y la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Institucionalmente son hechos o Decretos que violan leyes, tratados y la Constitución Nacional. En definitiva son violaciones a los derechos humanos.

Resoluciones que desmantelan beneficios sociales, como la supresión de Conectar Igualdad, el Plan Fines, el Plan Progresar, el Plan Qunita, la eliminación de los Repro y la aniquilación del programa Remediar, el aumento del trabajo en negro, el ataque a los tribunales de Trabajo, a los que defienden trabajadores, a los sindicatos, todo ello en abierta violación de tratados internacionales (art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional), del art. 14 bis de la Constitución, de los convenios de la OIT, la violación de los derechos civiles, políticos y culturales construyendo con ardides pseudomayorías –Consejo de la Magistratura de la Nación– que condicionan la independencia judicial. La destrucción de la ley de medios para lograr la hegemonía de la información, generando oligopolios o monopolios mediáticos, hace agonizar a la República y a sus principios medulares con la consiguiente pérdida de libertades en el sentido más profundo.

Lo gravísimo de este panorama es la pérdida de legitimidad de ejercicio del gobierno nacional. Finalmente, quiero afirmar que se debe corregir el rumbo y ser fiel al juramento hecho al asumir.

* Presidente del Bloque FpV-PJ en la Cámara de Diputados.