El Senado de Salta convirtió en ley un proyecto que crea un régimen para la promoción, fomento y desarrollo de la producción de frutas tropicales y subtropicales en la provincia, que comprende el cultivo de banana, palta, mango, papaya y maracuyá.
La iniciativa, que pasó al Ejecutivo provincial para su promulgación, busca lograr una mejora en la calidad, la competitividad, la sanidad y la sustentabilidad de la producción de estas frutas, de manera de consolidar un proceso de aumento sostenible de la oferta y la generación de valor agregado de los productos en los lugares de origen.
El proyecto fue impulsado por el oficialismo provincial. En la última sesión, el jueves último, el senador de Iruya, Walter Cruz (Compromiso por Salta) fue el encargado de presentarlo y pedir el acompañamiento. Empezó por señalar el potencial de crecimiento que tiene esta producción. "La provincia de Salta dedica a esta rama de producción frutícola alrededor de 850 hectáreas sobre un total de 7.500 hectáreas dedicadas a la producción frutícola en general, en otras palabras del total de hectáreas que la provincia dedica a la producción de frutas, 5.700 aproximadamente a las frutas de otras caractéristicas, especialmente cítricas, como naranjas, limones o pomelos y solo el restante 10% a las frutas tropicales o subtropicales", detalló.
Con estos datos planteó que el proyecto que se estaba tratando "reviste para la economía provincial una importancia particular, en tanto bien empleada puede constituir una herramienta para invertir o incentivar la producción de un tipo de fruta que tiene un mercado asegurado y una rentabilidad considerable, sin contar con la importante creación de fuentes de trabajo".
La producción frutas tropicales y subtropicales no cubre la demanda interna en la provincia, por lo que se importan estas frutas.
"Salta, junto a Tucumán, Formosa, Jujuy y Misiones" son provincias productoras de estas frutas. Cada una encabeza la producción en un tipo distinto: Salta está primera en la la producción de bananas; Misiones encabeza la producción de papaya; Formosa, la del mango; Tucumán, la palta, y Jujuy, la maracuyá. Pero siempre en volúmenes que no alcanzan a cubrir el mercado interno, por lo que "el desarrollo potencial de esta actividad es inmenso y merece seguramente una política que acompañe ese crecimiento", aseguró Cruz.
En la provincia las frutas tropicales y subtropicales se dan especialmente en los departamentos San Martín, Orán, Rivadavia, Rosario de la Frontera y General Güemes.
El senador informante sostuvo que el proyecto tiene el objetivo de "mejorar la calidad, la competividad, sanidad y sustentabilidad de la producción de este tipo de frutas". Con ese fin dispone que la autoridad de aplicación realizará la actividad necesaria para impulsar la producción racional de estas frutas, apoyar técnicamente los procesos productivos, fomentar la diversidad e impulsar inversiones, colaborar con el mejoramiento de la infraestructura de la producción tratando de que se enmarque en la sutentabilidad económica, social y de protección ambiental.
Del resto de legisladores, solo habló el representante de Cachi, Walter Wayar (FdT). Destacó lo de que Salta es la mayor productora de banana en el país, con "casi el 65% de la producción de banana argentina, que no llega a cubrir ni el 10% del consumo nacional. Todas nuestras frutas tropicales no logran abastecer un consumo del 10, 15%", afirmó. Y aprovechó la ocasión para fustigar ideas liberales: "Si fuera real lo que dicen algunos, que el mercado regula (...), nuestra zona tendría que ser más poderosa que la que tiene petróleo" o litio, "porque tenemos un producto de mucha demanda pero poca oferta". Ocurre que "cuando nosotros producimos nos entra la producción de otros países" a un menor costo, lo que perjudica a la producción nacional. "Entonces no es todo el mercado, se necesita del estado" y eso es lo que plantea esta ley, que un estado fomente el desarrollo de frutos tropicales, "porque tenemos cinco, seis veces más de hectáreas para cultivar", destacó.
"El estado es fundamental para todos los argentinos, para los que tienen plata también", aseguró. Y destacó que a "los planeros y choripaneros", como llaman a gente que está pasando hambre, el estado les da el 1% del PBI, mientras a "los que no son planeros ni choripaneros" les da más del 4.5 del PBI en subsidios. Wayar dijo que ahora pareciera que se cuestiona la defensa del estado, y consideró que eso en parte se debe a que no se responde a ese sentido común creado por la propaganda. "No quiero ser de los que se quedan callados, quiero hacer ver que necesitamos del estado", sostuvo antes de recordar que esta fue consensuada, aunque afirmó que "debe tener ejecutividad después".
Sanciones por tirar basura en lugares públicas
El Senado también aprobó un proyecto del senador por Rosario de la Frontera, Javier Mónico, que modifica el artículo 89 de la Ley 7135, del Código Contravencional de la Provincia, para agravar las sanciones. El artículo establece que será sancionado con arresto de hasta 40 días o multa equivalente quien arroje "en lugares públicos elementos, objetos o sustancias que constituyan residuos domiciliarios".
En Al presentar el proyecto, Mónico reseñó que en todos los municipios hay problemas en este sentido. "La conformación de microbasurales viene a afectar la calidad de vida de todos". "No es algo que tenga que ver solo con la estética o con el confort" sino con "cuestiones de cuidados de salud de nuestra población", sostuvo. Asimismo, recordó que por esta desaprensión, las administraciones municipales tienen que destinar recursos y personal para "ocuparse continuamente de la limpieza de estos espacios". Y afirmó que por eso se busca endurecer las penas previstas para estas faltas, por ejemplo, si se usa un vehículo para llevar la basura, se lo podrá secuestrar.
Otra vez fue Walter Wayar el segundo en hablar, adelantó que acompañaría el proyecto, pero aclaró que hay personas que llegan a estas prácticas "porque no le queda otra, porque también los estados municipales, el estado provincial, dejan mucho que desear".
