Karina P. está por cumplir 48 años. Hace casi diez que batalla en los tribunales para que la Justicia le crea a sus tres hijos lo que ellos manifestaron con palabras, dibujos, conductas: que su papá abusó sexualmente de ellos cuando los mellizos tenían 2 años y la nena, uno. En este largo tiempo enfrentó a una jueza de Familia que obligó a los niños a “revincularse” con el progenitor denunciado, bajo amenaza de quitarle a ella la tenencia de los chicos y entregársela a él, y llegó a mandarles un patrullero para llevarlos por la fuerza a los encuentros. También tuvo que luchar para revertir los fallos que lo sobreseían por el beneficio de la duda, por jueces que no querían escuchar lo evidente. “Se trata de un caso testigo, que muestra prácticas sistemáticas en los fueros penales y civiles que niegan o desestiman los relatos de víctimas, justifican la pedofilia, minimizan los hechos y naturalizan las conductas incestuosas”, destacó a PáginaI12 Nora Pulido, coordinadora del Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia, una coalición de ONG de todo el país que se ocupa del seguimiento de la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño en la Argentina. El Colectivo llegó a esa conclusión  luego de realizar una investigación con una muestra de causas que tramitan en juzgados de distintos lugares del país. “Pudimos ver que este accionar no es casual ni particular de un tribunal. Vimos un accionar de acoso legal a la niñez”, alertó Pulido. 

Incluso, desde el Colectivo y otras ONG denunciaron ese patrón ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “La revictimización en sede judicial de distintas provincias del país alcanza niveles de crueldad extrema. Apoyados en ideologías patriarcales, operadores judiciales desestiman testimonios culpabilizando a víctimas y a adultos protectores (generalmente madres). Los procesos incluyen la denegación de justicia en el ámbito penal y persecución judicial en el fuero civil, obligando a los niños, bajo amenazas, multas y utilización de la policía, a mantener contacto con sus agresores, convivir con los mismos y permanecer incomunicados de aquellos adultos que intentaron proteger realizando las denuncias”, dice la presentación que hicieron este año ante la CIDH, para solicitar una audiencia para abordar el problema. Firman la petición también el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Cátedra Libre de Derechos Humanos, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Buenos Aires, la Cátedra de Psicología Forense, Área de Victimología, Facultad de Psicología, Universidad Nacional de La Plata, Salud Activa, Asociación Civil y Red por la Infancia.

Huellas

“Ponerle el cuerpo, la mente y el alma a la lucha me dejó sus huellas”, dice a PáginaI12 Karina P. El año pasado la operaron de urgencia y estuvo un mes internada. Estudió en un colegio bilingüe para hijos de la clase media alta de un partido del conurbano. Cuando se casó con su novio de la juventud, se mudó a un barrio cerrado. Pero ese mundo de sueño que pensó que había alcanzado, se derrumbó de la peor manera. Y la vida le cambió por completo cuando, luego de divorciarse de G.M.T. en 2008, empezó a tener sospechas de que sus hijos podrían haber sufrido abuso sexual de parte de su ex, cuando iban a su casa, y peregrinó por consultorios de psicólogas especializadas, buscando descartar esa impresión. Pero con enorme dolor, en cambio, la confirmó o, mejor dicho, lo hicieron los mellizos y la nena, con las palabras a su alcance en esa corta edad, con dibujos, e incluso actitud y conductas compatibles con ese trauma, como no controlar esfínteres y sufrir pesadillas o agredir a compañeritos del jardín de infantes, tal como acreditan distintos peritajes de expertos. 

En todo el recorrido, Karina estuvo acompañada y apoyada por el Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia y otras organizaciones conocidas por su trabajo por la niñez vulnerable y los derechos humanos, como el Comité de Seguimiento de la Convención Internacional de Derechos del Niño (Casacidn), Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Red Infancia Robada, que encabeza la monja Marta Pelloni, y la sección Argentina de la organización Defensa de Niños y Niñas Internacional (DNI), además de la Defensoría General de la Nación y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Necesitó de su respaldo, con amicus curiae, y otras estrategias judiciales, para evitar que le revirtieran la tenencia de los chicos –como es frecuente que ordene la Justicia de Familia, según surge de la investigación del Colectivo, cuando una madre por proteger a sus hijos impide que tengan contacto con el progenitor que han denunciado (ver aparte)– y los lleven por la fuerza policial a ver a su padre. No fue el caso de Karina P. pero algunas “madres protectoras”, incluso, terminan presas. O acusadas penalmente de falso testimonio. 

El ex juez federal Carlos Rozanski, especializado en la problemática del maltrato y abuso en la infancia, llevó la historia judicial de Karina a congresos locales e internacionales, para ejemplificar el esfuerzo que significa para las “madres protectoras” en el país lograr que no haya impunidad frente al abuso incestuoso que denuncian sus hijo. No todas, claro, advierte Rozanski, tienen los recursos, las relaciones y la energía para hacerlo. A Karina P, “le costó” un colapso pulmonar.

Derrotero judicial

También Karina P. tuvo que luchar para que los tres niños fueran escuchados en la Justicia. G.M.T. fue sobreseído en primera instancia en 2011 –sin ser indagado ni citadas las terapeutas de los chicos– por el juez Luis Alberto Zelaya, del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 13. La absolución fue ratificada por la Cámara de Apelaciones en lo Penal, sobre la base de informes que generaban dudas sobre los hechos: no negaban ni confirmaban los abusos. 

Entonces la querella presentó un recurso en queja ante la Cámara Nacional de Casación Penal, que ordenó al juez Zelaya continuar con la instrucción de la causa, y le señaló una serie de pruebas que debía producir y sobre todo, destacó la necesidad de que garantizara el derecho de los tres niños a ser oídos. Pero el magistrado no siguió las indicaciones, por lo que la querella planteó su recusación y la Cámara de Apelaciones dispuso su apartamiento del caso.  El expediente pasó, por sorteo, al Juzgado de Instrucción en lo Criminal N° 21, donde le dieron otro rumbo a la investigación y finalmente procesaron al imputado el 11 de diciembre de 2014. La defensa apeló, sin éxito. Y quedó firme el procesamiento de G.M.T. como autor penalmente responsable del delito de “abuso sexual gravemente ultrajante reiterado en al menos dos ocasiones agravado por haber sido cometido por un ascendente en concurso real con el delito de amenazas coactivas por el que también responderá en calidad de autor”.

Unos meses antes, Karina P. logró que la causa en el fuero civil dejara de estar en manos de la jueza de Familia de Lomas de Zamora Silvia Villaverde –con pedido de jury por sus actuaciones en causas similares– que fue quien ordenaba las “revinculaciones”, y pasó a otro juzgado, el N° 4, a cargo de Alicia Taliercio. En lugar de obligar a los chicos a “revincularse” con el padre al que habían       denunciado, Taliercio ordenó a G.M.T. una restricción de contacto con sus hijos, una medida que la Justicia demoró cinco años en otorgar. Y después de ocho años de iniciada la denuncia por sospecha de abuso sexual  el caso llega ahora a juicio oral y público. El inicio del debate está previsto para el próximo miércoles 30 de agosto, con audiencias los días 6, 18 y 20 de septiembre. Estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 30, conformado por los jueces Luis María Rizzi, Guillermo Friele y Marcela M. Rodríguez.