Culminadas las audiencias donde declararon los principales testigos, terminaron de caer las teorías del supuesto enfrentamiento entre los Albatros de la Prefectura y la comunidad mapuche en territorio recuperado de Villa Mascardi, como así también quedó descartado el uso de armas de fuego de parte del grupo indígena.

"Quedó derribada la famosa teoría del enfrentamiento armado de la defensa de los prefectos, que fue la hipótesis de la entonces ministra Patricia Bullrich al momento de los hechos, esto es, que los imputados del grupo Albatros se defendieron de un ataque de la comunidad mapuche con armas de fuego y tuvieron que responder con sus armas de munición letal". Así sintetizó el abogado Mariano Przybylski ante Página12 lo sucedido durante los casi dos meses del juicio por el asesinato del joven mapuche de 22 años Rafael Nahuel --ocurrido el 25 de noviembre de 2017 cuando Prefectura ingresó al lugar donde dos días ante había sido desalojada la comunidad Lafken Winkul Mapu-- que se lleva adelante en el Tribunal Oral Federal de General Roca. 

"Quedó claro con las testimoniales de los peritos que hicieron la inspección ocular y recogieron las vainas, que eran todas de 9 milímetros de la Prefectura, se confirmó que no hubo ni un solo rastro de arma de fuego por parte de la comunidad mapuche, ni impronta en los árboles ni vainas que no fueran las de Prefectura", explicó Przybylski, director de Políticas contra la Violencia Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. "Esas vainas estaban dispersas de modo ascendente en el terreno, lo que demuestra que hubo una persecución a los tiros, que es lo que declararon también esta semana los miembros de la comunidad mapuche que fueron víctimas y estuvieron presentes al lado de Rafael Nahuel, que describieron con mucha precisión cómo fue la escena del crimen", completó. Entre el martes y el miércoles pasado Johana Colhuan, Fausto Jones Huala y Lautaro González Curruhuinca explicaron que la Prefectura cuando se encontró con ellos les dio la voz de alto, pero sin esperar reacción alguna comenzó a disparar, ellos suben al cerro y los persiguen a lo largo de unos 200 metros a los tiros, en total efectuaron 130 disparos con munición letal.

--¿Cuáles fueron esos testimonios importantes?

--Fue muy importante el de Fausto Jones Huala. La defensa de los (cinco) prefectos planteó que él en un juicio abreviado por la causa de usurpación firmó que hubo un enfrentamiento armado, que eso estaba acreditado y era cosa juzgada. Fausto Jones Huala dijo que él firmó el juicio abreviado pero que en ningún momento habló de armas de fuego ni enfrentamiento, que ellos se defendieron con piedras, que es la verdad de lo que pasó, y que firmó eso porque cuando se entregó tras estar diez meses prófugo, no podía ver a sus hijos ni trabajar para ganarse el sustento, se tuvo que entregar. En ese momento, la fiscal y el juez le ofrecieron eso a cambio de su libertad. Es decir, que lo firmó bajo extorsión, pero en su declaración ratificó que ellos no tenían armas de fuego.


Przybylski de pie conversa con abogados de la querella, ante la mirada atenta de la madre y el padre de Rafael Nahuel, en segunda fila.


-- ¿Cuáles son las similitudes con otros casos de violencia institucional?

-- Lamentablemente hay coincidencias con muchos otros casos graves, un homicidio por parte de alguna fuerza de seguridad que una vez cometido se intenta disimular plantando armas o aduciendo que fue en legítima defensa por un supuesto enfrentamiento o una agresión de la víctima. Cuando durante el juicio se descubre, como en el caso de Lucas González, que el arma de juguete estuvo plantada, lo mismo en el caso de Blas Correa en Córdoba, y numerosos otros episodios que hablan de un patrón, después de matar la fuerza de seguridad aduce enfrentamientos. En el caso de Rafael Nahuel no hubo ningún enfrentamiento, hubo 130 disparos de armas letales por parte de Prefectura, ni una sola por parte de la comunidad mapuche, y eso es lo que se está demostrando en el juicio.

-- ¿Cuál es la expectativa a la hora de la sentencia?

-- Con los testimonios recabados hasta ahora no habría lugar para una absolución, pero ni siquiera habría lugar para la acusación que vino de parte de la fiscalía al juicio, que es el exceso de la legítima defensa. Descartada la presencia de armas de fuego por parte de la comunidad y confirmada la persecución y el disparo de 130 municiones de plomo no hay lugar para eso. Esto fue una persecución a los tiros con intención de matar. Dos de los imputados, (Carlos Valentín) Sosa y (Francisco Javier) Pintos en su indagatoria tuvieron expresiones muy racistas y discriminatorias contra los miembros de la comunidad, y abiertamente dijeron que ellos en realidad hicieron lo que muchos políticos y miembros del poder judicial no se animan a hacer. Eso es toda una declaración de lo que pasó ese 25 de noviembre de 2017.

La única prueba de la acusación es que tres personas, entre ellas Jones Huala y el propio Nahuel, tenían rastros de pólvora. Le preguntaron a los peritos si esto era excluyente de que hayan usado armas de fuego y dijeron que no. Si no usaron armas de fuego es posible que estuvieran cerca de otros que sí usaron, o que les trasfirieran los rastros. Para la querella de la secretaría de Derechos Humanos eso es lo más posible. En el lugar se dispararon 130 proyectiles, lo cual fue “una invasión”, y a Jones Huala y a Lautaro González Curruhuinca los esposaron y los detuvieron, en ese momento pudieron haberles trasferido la pólvora. Przybylski es parte de la secretaría que conduce Horacio Pietragalla, que está presentada como querellante en 16 procesos considerados emblemáticos de violencia institucional como una política de su gestión.



Cuatro de los cinco imputados de Prefectura siguen las audiencias por vía remota.


La voz mapuche

Esta última semana hubo mucha gente afuera del Tribunal, sobre la calle España, en General Roca, denominada Fiske Menuco por la comunidad mapuche. Radio Libre de Familiares de Luciano Arruga armó una radio abierta donde se pidió colaboración para que la familia de Lautaro Curruhuinca pudiera volver a su territorio. Desde Neuquén se hicieron presentes la rapera Gise Be y Asunción Ávalos, padre del joven estudiante Sergio Ávalos desaparecido el 14 de junio de 2003, miembros del Frente Popular Darío Santillán, del Polo Obrero, del FOL y del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro.

Ante el micrófono, Alejandro Nahuel, padre de Rafita, agradeció el acompañamiento. "Para nosotros los mapuche pobres no hay justicia, a Rafael Nahuel lo atacaron por la espalda, hirieron a dos lamienes (hermanos), siempre los muertos los ponemos nosotros, a los abogados de los prefectos les paga el Estado, nosotros dependemos de la solidaridad para pagar todo", dijo María Nahuel, tía de Rafita. "Era una persona solidaria y buena, le gustaba cocinar, la última vez que lo vi le dije que no fuera al cerro, pero él me dijo que iba a ir porque estaba su gente. Seguimos sufriendo el despojo de nuestro territorio, él no está en cuerpo, pero sí espiritualmente, que vayan presos los prefectos", agregó. 

"Hemos pasado muchas cosas como pueblo preexistente al Estado, atropellos de años pero aún seguimos acá, muchas comunidades se levantan en lucha, en reivindicación territorial y la recuperación de nuestra espiritualidad, nosotros tenemos a nuestro weichafe (guerrero) Rafael Nahuel que dejó su vida por esta causa, que es parte de nuestro ser", dijo la machi (sanadora) Betiana Colhuan. "Seguimos luchando para que nuestro espacio no siga pisoteado, levantamos un lugar ceremonial, el 4 de octubre fuimos encarceladas más de ocho meses, pero seguimos resistiendo, tantas balas y represiones no son en vano porque nuestra gente se seguirá levantando", agregó.