“Se encuentra en juego el alcance de los atributos constitucionales de independencia y autonomía del Ministerio Público Fiscal. El debilitamiento de esta institución no solo afecta a quien actualmente ocupa el cargo de procurador general de la Nación, sino que perjudica a todos los futuros procuradores generales, a todos los actuales y futuros fiscales, a todos los actuales y futuros defensores y, en definitiva, a todos los ciudadanos, que son los verdaderos destinatarios de la independencia judicial y la división de poderes del Estado.” Con este argumento, la Procuración General de la Nación reclamó ser tenida como parte en la causa que iniciaron el Colegio de Abogados de la Calle Montevideo y su ONG Será Justicia con el objetivo de que Alejandra Gils Carbó sea removida por decreto u otro procedimiento distinto al que establece la ley, que es el de juicio político. Tal como informó a principios de mes PáginaI12, la demanda se hizo contra el Poder Ejecutivo y fue respondida por el Ministerio de Justicia, que les dio la razón a los denunciantes. Así, el caso se encaminaba a quedar cerrado, ya que al juez no le quedaba otra que fallar a favor del reclamo. Ahora el Ministerio Público presentó sus argumentos para oponerse y para solicitar poder intervenir en el caso, lo que hasta el momento le había sido negado. 

La ONG Será Justicia y el Colegio de Abogados de la calle Montevideo están vinculados al PRO y a la Sociedad Rural, con una historia que incluye la reivindicación del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Ambas organizaciones promovieron una “demanda contra el Estado Nacional, Poder Ejecutivo de la Nación, a fin de que declare la inconstitucionalidad del artículo 76 de la ley 27.148 (orgánica del Ministerio Público Fiscal), por medio del cual se establece el procedimiento del juicio político como mecanismo para remover al titular del Ministerio Público Fiscal”. El planteo fue respondido por el Ministerio de Justicia, que en términos jurídicos “se allanó”, es decir, “reconoció” que el demandante tenía razón y se unió al pedido de declaración de inconstitucionalidad. Esto fue rechazado por distintos especialistas que explicaron a PáginaI12 que el Ejecutivo, por principio, tiene que defender la constitucionalidad de las leyes. Al fundamentar su posición, el Gobierno citó el antecedente del fiscal nacional de investigaciones administrativas Ricardo Molinas, a quien Carlos Menem sacó de su cargo por decreto en 1991. Fue un episodio cuestionado, ya que lo echaron para impedir que avanzara en sus investigaciones por corrupción, y el caso fue resuelto por la mayoría automática menemista de la Corte Suprema. Por otro lado, se produjo antes de la reforma de 1994, que convirtió al Ministerio Público en un órgano extrapoder. 

Al contestar la demanda, el Ministerio de Justicia recordó también que en abril de 2016 el Poder Ejecutivo había presentado un proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal que tenía como objetivo, según sus fundamentos, “dejar atrás la desnaturalización que la ley orgánica del MPF ha realizo al disponer el juicio político, de carácter constitucional conforme a los artículos 53 y 59 de la Carta Magna, como procedimiento de remoción del procurador General de la Nación”. Pero ese proyecto fracasó en el Congreso, debido a cuestionamientos de distintos sectores, incluido el propio oficialismo. Con esta denuncia, los abogados de la calle Montevideo y el Ministerio de Justicia quieren lograr lo que no pudieron hacer por la vía legislativa, es decir, allanar el camino para que Gils Carbó sea removida sin juicio político. 

El juez Ernesto Marinelli, que quedó a cargo de la causa, dijo que la Procuración, como institución, carecía “de un interés jurídico propio y tutelable” que la habilitara para ser parte del expediente. Admitió solamente que Gils Carbó intervenga de forma particular como “tercera interesada”.

La semana pasada, el secretario letrado de la procuración, Carlos Salerno, se presentó ante el magistrado y reclamó que se habilite la defensa institucional del Ministerio Público Fiscal. Señaló que, como el Poder Ejecutivo casualmente había presentado un proyecto que coincidía con el planteo de los demandantes, se encontraba en un “evidente conflicto de intereses”.

El representante del Ministerio Publico Fiscal argumentó que “la remoción por juicio político del procurador general de la Nación es el modo de asegurar la independencia y autonomía y la independencia judicial” del organismo. Y garantiza que “sea fruto de una decisión adecuadamente deliberada y de un especial consenso político adoptado por las diversas fuerzas que integran el Congreso”. 

La Procuración señaló que se trata de un conflicto institucional, más allá de la afectación que pueda tener personalmente Gils Carbó. Porque se trata de un asunto que involucra a quienes estén en el futuro en ese cargo, así como a todos los fiscales y defensores oficiales (la otra “pata” del Ministerio Público es la Defensa). 

La estrategia oficial es mostrar esta maniobra como dirigida exclusivamente contra Gils Carbó, a la vez que motoriza un expediente en el que está involucrado un funcionario de la Procuración por la compra de un edificio en el que la titular del Ministerio Público fue citada a indagatoria.

Desde la Procuración sostienen que no se trata de un problema personal, sino que si se modifica el mecanismo para sacar al titular del Ministerio Público no sólo quedarán debilitados quienes ocupen ese cargo en el futuro, sino todos los actuales fiscales. “Si se concluye que la separación del cargo del procurador general de la Nación no debe ser equivalente a la remoción de los jueces de la Corte Suprema (que se hace por juicio político) la remoción de fiscales, funcionarios y empleados tampoco debería tener garantías similares a las que rigen la separación de los jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial. No es posible socavar la garantía de independencia que consagra la existencia de juicio político para el Procurador General de la Nación sin afectar al mismo tiempo las garantías funcionales de todos los fiscales”, aseguró Salerno. Para el representante letrado de la Procuración, el hecho de que el Ministerio de Justicia citara el caso Molinas “pone de manifiesto que se pretende usar esta acción para avasallar los atributos esenciales de todos los integrantes del Ministerio Público Fiscal”.  

Ante la preocupación que este escenario genera en algunos círculos judiciales, incluso los que no simpatizan con la actual procuradora, fiscales y operadores de Cambiemos se limitan a prometer que no es con ellos la pelea del Gobierno. 

Marinelli tiene que definir ahora si la Procuración puede ser parte en el expediente y luego resolver los reclamos de la ONG Será Justicia y del Ministerio de Justicia, que, aunque se supone que son dos partes del proceso, actúan como una sola.