Iván Eladio Torres Millacura tenía 25 años cuando desapareció el 2 de octubre de 2003 en Comodoro Rivadavia. Trabajaba en un corralón y era solidario con los chicos de la calle. La policía lo venía hostigando y como se resistía a las presiones le armaron un prontuario. Un mes antes de su desaparición la policía lo había levantado y lo sometió a un simulacro de fusilamiento. En 2011 el Estado argentino fue encontrado responsable por su desaparición forzada por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y entre 2016 y 2021 hubo condenas por ese delito contra cuatro policías de Chubut. Sin embargo, su cuerpo nunca apareció y aunque intervienen en la búsqueda varios organismos oficiales, la justicia no activa las medidas necesarias. "Son momentos muy tristes porque se cumplen 20 años de una desaparición forzada que no obtuvo una respuesta adecuada de parte del Estado, no encontramos a Iván y tampoco logramos conocer la verdad, sabemos lo mismo que aquel día, el pacto de silencio sigue siendo muy fuerte", dijo a Página/12 la abogada Alejandra Gonza, que representa a la familia.

Habían pasado pocas horas cuando la mamá de Iván, María Millacura, fue a hacer la denuncia, pero en lugar de tomársela le quisieron pegar y la escupieron. Ella se instaló con un colchón durante meses en la comisaría 1ª de Comodoro Rivadavia, mientras denunciaba que una de las fotos publicadas en los avisos oficiales de búsqueda había sido tomada luego de su desaparición. Esos carteles publicaban en forma alternada dos imágenes de Iván, una de ellas visiblemente demacrado. Durante la investigación murieron siete personas en dudosas circunstancias, amigos, parientes y testigos. “No tengo profesión, mi hijo era el jefe de la familia porque estoy discapacitada por mi columna, soy separada y crié sola a mis tres hijos. Iván trabajaba en reparto de materiales desde los 11 años. Era muy solidario, solía traer chicos que encontraba en la calle a bañarlos y darles comida, les compraba zapatillas", dice Millacura sobre su hijo.

"María cuestiona los juicios que no le permitan encontrar a Iván y saber qué le pasó, ella espera que le devuelvan a su hijo, ella ve esos juicios como una pantalla para responder a las demandas de la Corte Interamericana y las obligaciones internacionales, pero no abarcan los más altos rangos policiales, las responsabilidades materiales e intelectuales, entonces para la familia sigue la impunidad y ausencia de verdad", explicó Gonza. La abogada indicó que "la familia necesita un plan integral de búsqueda, con expertos independientes que nos den líneas de localización más claras". 

Gonza recordó que llegaron a un acuerdo con el Gobierno que creó una mesa interinstitucional, que la secretaría de Derechos Humanos hizo un informe de los expedientes con recomendaciones para el juzgado federal de Caleta Olivia, a cargo de Marta Yáñez. "La tarea para las víctimas sigue siendo ardua porque esas recomendaciones no generan de oficio todas las medidas necesarias, que deben ser peleadas por la Defensoría", marcó. En cuanto a la reparación integral, Gonza plantea que exigen la "visión humanitaria de las víctimas, donde las que están en situación de vulnerabilidad como esta familia necesitan recursos económicos, vivienda, alimentos en forma sustentable, además de asistencia médica y psicológica, y aún no hemos logrado que esto sea constante y consolidado en el tiempo". 

A criterio de la abogada, "romper esos pactos de silencio no se logra con los canales ordinarios institucionales, donde los poderes policíacos preservan su poder a través de los años, es un camino muy tedioso para las víctimas porque no hay políticas públicas, y ahora el Estado presenta un proyecto de ley, no tenemos su contenido, pero es evidente que son necesarias leyes que tengan en cuenta la desaparición forzada en democracia, que logren la creación de instituciones buscadoras para encontrarlos, que haya registros nacionales de personas desaparecidas, de NN, de huellas dactilares y de datos genéticos". Gonza enfatizó que "hoy el Estado no puede responder si las huellas y el ADN de Iván Torres coincide o no con los cuerpos NN de todo el país, ni siquiera eso tenemos dentro de Chubut".

Ley para buscar desaparecidos

El 26 de noviembre de 2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró la responsabilidad internacional del Estado por la violación al derecho a la vida, a la integridad personal, y a la libertad personal en perjuicio de Iván Eladio Torres Millacura. En aquella oportunidad, la Corte IDH ordenó continuar con su búsqueda efectiva, y posteriormente, en una resolución de julio de 2020, llamó al Estado Argentino a diseñar un plan integral de búsqueda que tome en cuenta todas las hipótesis razonables sobre su desaparición. En 2016 y 2021, cuatro policías de la Provincia de Chubut fueron condenados por el delito de desaparición forzada de personas. Está pendiente un tercer juicio oral contra otros efectivos de esa fuerza.

"Este caso evidencia la grave problemática que constituye la falta de respuestas estatales satisfactorias en materia de búsqueda de personas e identificación de personas con identidad desconocida en democracia, un fenómeno complejo que responde a causas, violencias y criminalidades distintas de aquellas que atraviesan a las desapariciones vinculadas al Terrorismo de Estado", dijo la secretaría de Derechos Humanos de la Nación. En este sentido, tras consultar con distintos actores estatales y de la sociedad civil especializados, la repartición que conduce Horacio Pietragalla trabajó junto al Ministerio de Seguridad en un proyecto de Ley Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que fue presentado al Congreso Nacional el 28 de septiembre. Entre otras cuestiones, el proyecto prevé la creación de un Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Personas con Identidad Desconocida, que tendrá como función principal la sistematización de información de todas las jurisdicciones del país; una Base Nacional de Datos Genéticos de Personas Desaparecidas y Personas con Identidad Desconocida; y medidas institucionales para garantizar una búsqueda inmediata, efectiva, sin dilaciones y con adecuada y permanente retroalimentación con la investigación en sede penal, en línea con los estándares internacionales en la materia. Entre ellos, los Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas.