La ministra de Seguridad Patricia Bullrich puso en duda los crímenes de la dictadura (“los demonios no eran tan demonios”, dijo) y volvió a negar que Santiago Maldonado sea víctima de una desaparición forzada. Fue durante el programa de Mirtha Legrand, donde respondió algunas preguntas sobre el joven levantado por la Gendarmería el 1 de agosto en Chubut. En ese contexto, la ministra desligó a la Gendarmería del caso y dijo que “es muy angustiante” que comparen al gobierno de Mauricio Macri con la dictadura de Jorge Rafael Videla. Integrantes de los organismos de derechos humanos consultados por este diario repudiaron la obstinada negación de la funcionaria, a la que definen como “lamentable”. “Repudiamos su postura porque repite lo mismo desde que nos reunimos con ella y ni siquiera advierte que la propia Justicia está diciendo que hubo desaparición forzada con el cambio de carátula”, dijo a PáginaI12 Taty Almeida, de Madres de Plaza Línea Fundadora, poco después del regreso de su viaje a Esquel. La Liga Argentina por los Derechos del Hombre adelantó, en tanto, que prepara una denuncia penal contra la ministra por encubrimiento y desaparición forzada, trámite que encabeza el reconocido abogado Eduardo Barcesat.

“Tengo la fuerte convicción de que la Gendarmería no es responsable de la desaparición de Maldonado”, dijo Bullrich. “Hubo 40 efectivos que participaron en el operativo que se llevó a cabo en la comunidad Pu Lof y, si hubiera cometido algún delito, se habría denunciado. Interrogamos a todos con nuestros equipos y no encontramos indicios contra la fuerza”, se defendió. “Trabajamos para que éste no sea otro caso como el de Julio López”, dijo, en referencia al testigo que desapareció en 2006 tras declarar en un juicio contra el ex comisario Miguel Etchecolatz. Criticó la dimensión del repudio masivo y la postura de los organismos de derechos humanos que desde la primera hora anclaron el caso en la figura de desaparición forzada, al denunciar la participación de las fuerzas de seguridad. 

“El Gobierno y los organismos de derechos humanos debemos estar en un mismo bando, no nos podemos enfrentar. Estamos en democracia y la sociedad argentina cambió y sus fuerzas de seguridad también. Las cosas no son como hace cuarenta años atrás”, siguió la ministra. “La Gendarmería de hoy no es la de 1976 y nosotros no somos un gobierno como el de 1976. Nosotros no somos Videla ni hacemos desaparecer gente. Es muy angustiante que nos pongan en ese lugar”, señaló. En línea con la teoría de los dos demonios y el negacionismo del genocidio, que alientan diversos funcionarios del Gobierno, también dijo que durante la década del 70 “ni los demonios eran tan demonios, ni los ángeles, tan ángeles”. Y cuando finalmente se le preguntó sobre su posible renuncia en caso de que Maldonado no aparezca, la ministra omitió la respuesta, se limitó a aclarar que “desaparición forzada es que el Estado haga desaparecer a alguien adrede. No hubo intento de hacer desaparecer a nadie”.

Las declaraciones levantaron distintas voces de repudio. “Sus palabras son agraviantes para la familia, para los organismos de derechos humanos y para la lucha por la memoria, la verdad y la justicia”, dijo a PáginaI12 José Schulman, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. “Su postura persiste en convalidar la desaparición forzada de parte de Gendarmería, porque nadie encuentra lo que no busca. Y su posición no sólo es una nueva demostración de las políticas negacionistas del Gobierno y violatorias de los derechos humanos, sino que creemos que además son un obstáculo insalvable para conseguir la verdad sobre la desaparición de Maldonado”. Por eso, aún cuando el resto de los organismos no tiene una postura consensuada sobre este punto, la Liga decidió ya exigir la renuncia de la ministra. E impulsó una denuncia penal en la que ya trabajan Barcesat, Jorge Cholvis y Pedro Dinani.

“Me preocupa que la ministra siga desconociendo que esto fue una desaparición forzada cuando la Justicia ya lo está diciendo”, dijo Horacio Pietragalla, que viajó a Esquel con Taty Almeida, Lita Boitano, de Familiares, y Carlos Pisoni, de Hijos. “Creo que con estas posturas todo se hace más difícil porque hoy el Estado es quien tiene que empezar a dar respuestas y, si nos encontramos con una negación tan grande, todavía será más complejo encontrar la posibilidad de esclarecer algo”. 

Adriana Taboada es integrante de la Comisión Zona Norte por la Memoria, la Verdad y la Justicia y parte del armado de trece organismos que vienen buscando mecanismos rápidos de consenso como respuesta urgente a permanentes políticas de retroceso del Gobierno. Inscribe a la ministra como una mujer que desde su función sostiene la impunidad. Que llegó y disolvió áreas claves para la investigación de las fuerzas de seguridad que participaron de la dictadura, que puso a las fuerzas al servicio de la represión. “Miente cuando dice, por ejemplo, que entraron a la comunidad (mapuche) por orden judicial cuando había mujeres y niños y cuando dice que ellos estaban tirando piedras, pero a las piedras les responden con plomo. 

En esa línea, la abogada de Santiago Maldonado Verónica Heredia señaló que la “ministra desconoce el expediente o miente” y recordó que “no hay ninguna duda en el expediente”. Taty Almeida recordó que sus declaraciones contradicen incluso las de la propia Gendarmería, ya que autoridades de la fuerza reconocieron haber actuado por órdenes del Ministerio de Seguridad. “¿En qué se está basando para decir lo que dice?, ¿cuáles son sus códigos? Realmente esta es una ofensa”, dice. Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo habló durante la tarde del sábado, antes de las declaraciones de Bullrich. “Cuarenta años después estamos diciendo aparición con vida –dijo al programa Parte del Aire, de la AM 750–. Si esto pasa sin pena ni gloria, preparémonos para un futuro tremendo.”