Como madre de una sobreviviente de abusos eclesiásticos y miembro de la Red Nacional de Sobrevivientes, Alejandra Carrizo escribió una extensa carta donde plantea el tema constitucional de protección al culto Católico y las desigualdades que esta protección genera en las víctimas de los sacerdotes de esta Iglesia. Catamarca tiene a 5 curas denunciados por abuso sexual, de los cuales sólo uno fue juzgado y condenado; Juan de Dios Gutiérrez. Catamarca es la única provincia del país que aún determina en su Constitución la obligatoriedad de pertenecer al culto Católico Apostólico Romano para acceder a los cargos de Gobernador y Vicegobernador. 

En la carta, Carrizo le pide directamente al gobernador Raúl Jalil una reunión con los sobrevivientes de abusos sexuales perpetrados por sacerdotes de la diócesis catamarqueña. Por esta razón solicitó una reunión con la presidenta de Cámara de Diputados de Catamarca, Cecilia Guerrero, quien se comprometió a recibirlos el jueves junto a los demás legisladores.

La carta apela a la Constitución catamarqueña, que actualmente es la única que protege el culto católico. Además pide expresas respuestas: “En este sentido, en nombre de la libertad religiosa y de la protección que les brinda el Gobierno de la provincia de Catamarca, específicamente al culto Católico Apostólico Romano; cabe preguntarnos hasta donde llega esa protección, y a quiénes se debe proteger. Y he aquí el gran interrogante, que cómo máxima autoridad del pueblo catamarqueño, solicitamos que le dé su tratamiento y respuesta a quienes nos sentimos bajo esta desprotección injusta”, señala el escrito.

“En un sentido más amplio de esa protección al culto apostólico romano entiendo que en nuestra provincia se establece el reconocimiento oficial por parte del Estado donde reconoce a la Iglesia Católica como una institución religiosa de importancia y le otorga un estatus especial dentro del territorio catamarqueño. Se le brinda, como es de público conocimiento, el apoyo financiero para el mantenimiento, construcción y funcionamiento de espacios religiosos e instituciones, parroquias, escuelas, predios, grutas y/o servicios religiosos de la Iglesia Católica como así también la amplia colaboración en asuntos de interés común referidos a educación, asistencia social u otros asuntos de interés mutuo. Pero lo poderosamente llamativo es donde está o para quien está dicha protección en los asuntos que hoy en día tienen en vilo a la población catamarqueña y que se refieren puntualmente a los abusos eclesiásticos cometidos por esta iglesia protegida”.

“Señor gobernador: es necesaria su respuesta profunda y urgente ante este planteo que nos involucra desde hace mucho tiempo : la protección que alude nuestra Constitución provincial respecto al culto apostólico romano debe ser la misma para responder al llamado de auxilio por parte de las víctimas abusadas por miembros de la iglesia católica, esa misma Iglesia que la constitución protege y que paradójicamente cada víctima de abuso forma o formaba parte de ella”, señala.

Los desprotegidos de la constitución catamarqueña

“Siendo parte del pueblo católico los demandantes (niños, adolescentes y también adultos) que han sido dañados y abusados por miembros de la Iglesia católica en su condición de ser humano, han sufrido el trauma psicológico y el miedo; obligados a guardar silencio, provocando un efecto devastador en su condición de creyentes se vieron totalmente desprotegidos por el mismo Estado que dice en su Ley máxima brindar la protección. Estas víctimas/sobrevivientes pudieron denunciar el abuso y aún muchas de ellas no fueron escuchadas, resultando que esa divulgación constituía una amenaza para el círculo cercano, para la imagen pública del sacerdote abusador y para el prestigio de la Iglesia Católica como institución”, expresa el escrito.

“La investigación del abuso que se hace desde las instancias oficiales de la Iglesia Católica son banales y bajo ninguna posibilidad de examinar si hay algún elemento de verdad, optan por llamarse al silencio, a la indiferencia hacia las víctimas; protegiendo con su inactividad a los abusadores, como si ellos fueran víctimas de una infamia y agresión pública contra su buen nombre y descuidan por completo lo ocurrido a las verdaderas víctimas/sobrevivientes del abuso eclesiástico”, resalta.

“Actualmente sabemos de la desprotección que sufren las víctimas /sobrevivientes de los abusos cometidos por los sacerdotes Renato Rasgido, Juan de Dios Gutierrez, Moisés Pachado, Pablo Batallán y Eduardo López Marquez (entre otros que no han salido a luz aún en Catamarca), los cuales forman parte del listado y del mapa actualizado a nivel nacional por la RED SAE ARGENTINA (Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos), sumando más de 150 curas, monjas y obispos que han cometido abusos a niños, niñas y adolescentes en nuestro país.

“En nuestra provincia se entiende a los actores eclesiásticos como actores eminentemente políticos con un protagonismo que no tienen otros sectores ni colectivos, teniendo así la posibilidad de bloquear muchas veces el acceso a derechos. Es importante destacar que veintitrés de las veinticuatro provincias argentinas no estipulan criterio religioso alguno para acceder a la gobernación. Sólo Catamarca sostiene que para ser elegido gobernador o vicegobernador se requiere profesar el culto Católico Apostólico Romano. Lo que resulta aún más indiscutible que la Iglesia es capaz de ejercer fuertemente su poder en cualquier asunto”, concluye.