La organización ambientalista Asociación Civil Foro Medio Ambiental (FOMEA), querellante contra la Municipalidad de San Nicolás en las causas por daño ambiental a la Reserva Natural Parque Aguiar, desmintió recientemente al intendente Manuel Passaglia, quien acusó a la Suprema Corte y al Gobierno bonaerense de impedir el correcto desarrollo de la temporada estival 2023-2024. “La decisión de suspender la temporada de verano fue tomada por la Municipalidad de San Nicolás con el objeto de victimizarse y generar repudio ciudadano en base a noticias falsas que ellos mismos generan”, señalaron. 

El expediente judicial al que tuvo acceso BuenosAires/12, ordena el cese inmediato de las obras, el retiro de los camiones y maquinarias viales pesadas y del mobiliario fijo colocado en las playas, pero en ningún lado prohíbe el acceso de los turistas.

El conflicto data de 2020, cuando aprovechando la cuarentena estricta por la pandemia de coronavirus, el municipio inició obras en la reserva prohibidas por el propio plan de manejo, que además en algunas zonas es de competencia del ministerio provincial, el viejo Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS). Las obras consistieron en el ensanchamiento de la costanera, la construcción de un puente vehicular para acceder a la isla y la instalación de mobiliario fijo en las playas, lo que generó, en conjunto, un severo daño ambiental, acreditado en la causa.

La movida tenía un doble propósito. A nivel económico, favorecer a los propietarios de las tierras de la zona, entre los que se cuentan integrantes de la familia Passaglia, que se revalorizaron a partir de la inversión pública. A nivel político, generar “la movida de verano” y capitalizarla en términos electorales.

Asimismo, FOMEA también cuestionó la conducta de las autoridades municipales al asegurar que “echar la culpa a otros de la propia torpeza no es adecuado al ejercicio de la función pública, los únicos responsables de que la Suprema Corte de Justicia haya prohibido la continuidad de las obras y el uso del puente vehicular son el intendente y su equipo de asesores que no cumplieron con los pasos legales para obtener los permisos necesarios para poder intervenir el sector de islas y desarrollar un proyecto recreativo que cumpla con la ley vigente”.

Y agregó: “La Ley 14.888 impone la obligación de obtener una autorización provincial previa para intervenir zona de bosques nativos, las autoridades municipales lo sabían y pese a ello libremente eligieron no cumplir con esa ley y ejecutar las obras ilegalmente, por ello, conforme lo determinó la Suprema Corte de Justicia, los funcionarios locales son los únicos responsables de que las obras en el Parque Rafael de Aguiar hoy se encuentren suspendidas. Lo mismo ocurre con la Ley 12.257, que prohíbe construir terraplenes sobre cuerpos de agua sin autorización previa, el gobierno no cumplió tampoco con el requisito básico de obtener la habilitación por lo que, una vez más, no puede echar la culpa a otros de su propia torpeza y conducta ilegal”.

Como ya publicó este medio, la explotación de la costa en temporada es uno de los principales activos que utilizan los Passaglia para desarrollar su proyecto de poder seccional. Gracias a ello pudieron instalar candidatos propios en Ramallo y Baradero. Sin los shows, bares, fiestas y la parafernalia municipal que le imprimieron en la temporada anterior, la playa de San Nicolás es tan atractiva como cualquier otra del extenso río Paraná y los habitantes de las localidades vecinas no tienen motivos para desplazarse allí. Por eso, fuentes de la política local afirman que la jugada tiene el objetivo de seguir acumulando políticamente, en este caso, desde la victimización.