La última semana el fiscal Matías Edery fue denunciado por sus pares Pablo Socca y Miguel Moreno, por proteger supuestos delitos cometidos por su informante Mariana Ortigala. El descargo -que Rosario/12 publica hoy- está dirigido al auditor general Leandro Mai, quien sin embargo ya se excusó de intervenir y giró el trámite a la Legislatura. El texto es la base de la defensa del fiscal que no dudó en desmentir cada una de las afirmaciones públicas de sus detractores, con o cual queda abierta la especulación con que toda esta maniobra tiene un solo objetivo que era el linchamiento mediático, que lo desgaste en su imagen pública, un argumento para separarlo del cargo.

En esa línea Edery analizó las capturas de mensaje de whatssApp difundidas por los fiscales Socca y Moreno: "El tenor personal de la comunicación aleja el contenido de las capturas de cualquier conducta delictiva o antirreglamentaria, siendo tan solo una acción privada que debió reservarse en el ámbito de mi intimidad. Esto me lleva a concluir sin rodeos que la única motivación que tuvieron Socca y Moreno al momento de exhibir esos chats es dañar mi buen nombre y honor y generar un impacto mediático y en mi vida personal que los medios no tardaron en replicar".

 Algo en rigor de esto pudo verse el fin de semana en un canal porteño, donde un ex policía vestido con ropajes de periodista investigador, exhibía esos chats, mientras entrevistaba a la hija de un comisario que trabajó a las órdenes del senador del departamento San Lorenzo, Armando Traferri, un archi enemigo declarado del fiscal. 

"Esta metodología -la de hablar de mí sin que yo esté presente- en el marco de una audiencia donde yo no estoy imputado (se refeire a la imputativa a Ortigala) me ha dejado absolutamente sin posibilidad de defenderse y librado al escarnio público de medios de comunicación tendenciosos que defienden sus propios intereses", dice Edery.

En su defensa el fiscal dela Agencia de Criminalidad Organizada, asegura que investigó en todo lo que le correspondía a Mariana Ortigala, que además informó a sus pares ante la sospecha que ella y su hermano Rodrigo estuvieran cometiendo algunos delitos y que jamás ocultó información.

"Antes de comenzar, hago saber que las manifestaciones que siguen se formulan sin haber conocido la supuesta evidencia que indicaría una infracción administrativa y/o penal de mi parte. Sólo he podido acceder a la información que se virtió públicamente en los medios de prensa y en la audiencia antes mencionada, y es sobre ello que haré mi presentación" comienza le escrito, para aclarar a renglón seguido que a realizado ante escribano público una extracción de su teléfono personal el día viernes 22 de Septiembre de 2023. Seguramente para evitar que el contenido de la misma fuese adulterado.

Edery comienza relatando  que en diciembre de 2018 se contactaron con la fiscalía Mariana Ortigala y  su hermano Rodrigo en su condición de víctimas de Alvarado, tras el crimen de Lucio Maldonado. "Entre abril y junio de 2019, aportaron datos relativos al Jefe Policial Marcelo Rey (condenado en fecha 22/9/2020 por el Juez Pablo Pinto en el marco de la asociación ilícita de Esteban Alvarado). También brindaron información para reflejar diferentes maniobras que realizó Alvarado tendientes a desviar la investigación que lo tenía como sindicado de haber instigado el homicidio de Lucio Maldonado, pretendiendo atribuir falsamente responsabilidad por esos y otros hechos a personas allegadas a la llamada “banda de Los Monos” y en particular al Sr. Rodrigo Ortigala (respecto del cual Alvarado plantó pruebas en la investigación para que se lo tenga como el autor de disparos a una empleada de la Fiscalía Marina Marsilli). 

En esa línea ambos también ayudaron con sus datos a esclarecer que había dos policías Pablo Bancora y Jorgelina Chaves que trabajaban pasando información a Alvarado, y en el caso del primero, desde dentro de la propia fiscalía. "Mi relación con Ortigala en función de esta situación que describo fue pública, y tanto el ex Fiscal General, el Dr. Jorge Baclini, como la fiscal Regional interina y ahora titular, la Dra. María Eugenia Iribarren y el jefe de la ACODECO, el Fiscal Luis Schiappa Pietra, sabían de la misma".

Cabe recordar que Ortigala había ingresado al programa de protección de testigos en el marco de la causa Alvarado y que estando en el mismo en fecha 13/03/2020 fue atacada a balazos por parte de al menos dos personas que le efectuaron alrededor de 40 tiros impactando 5 en su cuerpo.

Por eso Edery explica que "Mariana Ortigala venía de exponer su vida para declarar entre otras cosas, en contra de toda una estructura estatal criminal en Santa Fe, que sirvió para condenar a muchas personas y para demostrar cuánto había decepcionado el Estado santafesino en la intervención sobre la criminalidad compleja en prácticamente toda una década. Obviamente que lo menos que podíamos hacer como estado era resguardar su integridad" argumenta.  

Al respecto el  fiscal recuerda que "Ortigala me comenzó a proporcionar información, en algunos casos sobre personas relacionadas con el ambiente delictivo criminal de las bandas de Rosario y de otras personas menos referenciadas a ellos y sobre hechos de distinta naturaleza. Gran parte de ello era información de segunda mano, de oídas de oídas, y/o proveniente de personas de dudosa credibilidad o con intereses manifiestos sobre los hechos que se ventilaban. En ese sentido vale la pena hacer mención a algunos aspectos que he tenido que tener en cuenta. En primer lugar el trabajo con la información que pasan los “dateros” - o “buches” en la jerga policial - amerita un análisis englobado con muchos elementos obrantes en las investigaciones penales. No toda información que se brinda dentro de este marco habilita a iniciar una causa penal. Cuando Ud. analice el contenido de mis conversaciones con Ortigala - le dice al auditor- va a poder observar que hay menciones de ella respecto de autoridades superiores del MPA que habrían cometido delitos, autoridades superiores de la Provincia de Santa Fe enredados en actos de corrupción, autoridades nacionales beneficiando a personas detenidas por causas de narcotráfico, etc. Todos esos datos no tienen ningún sustento de evidencia y ni siquiera habilitaron iniciar una investigación, pero formaban parte de los datos que pasaba Ortigala. Hago esta aclaración para que pueda observarse la mesura y el cuidado que había que tener - y que yo los tuve - con los datos que me pasan o y que los mantuve en mi conocimiento personal y no fueron compartidos con nadie. Es por esto que le pido a usted que asegure que esa información - me refiero a la extracción de mi chat con Mariana Ortigala, que como he dicho pongo a disposición en este acto - no será expuesta públicamente, evitando así peores consecuencias a las ya generadas por la divulgación innecesaria que se llevó a cabo en la audiencia mencionada al inicio de esta exposición por los doctores Socca y Moreno".

Edery explica que dada la cercanía que la propia Ortigala reconocía hacia Guille Cantero, quien protegía su vida luego del atentado ordenado por Alvarado, esta tenía información que provenía de fuentes del ambiente delictual y que había que chequearlas y trabajarlas para convertirlas en causas penales. "Hubiera sido más cómodo para mí dejar a los policías que nos dirijan y/u orienten nuestras investigaciones como quieran. No fue la decisión que he tomado en el presente y preferí poder controlar esa información", asume Edery luego de tener que sufrir varias pesquisas hacia el sentido contrario al que debían ir por pistas falsas policiales.

Según explicita el fiscal dela Agencia de Criminalidad Organizada "para fines de 2021 la señora Ortigala se relacionaba a partir de un triple carácter: era víctima de un atentando contra su vida y que estaba en serio riesgo de que sufrir nuevos atentados; era testigo de una causa contra una organización narcocriminal -juicio que culminó en junio del 2022- y, además se había acercado a una organización criminal en busca de protección y este acercamiento ponía la lupa sobre su conducta en algunos hechos delictivos". "Esta disyuntiva -explica Edery- fue resuelta de la manera que creí más adecuada para conciliar todos los intereses en juego. Téngase en cuenta que uno de esos intereses era salvaguardar la integridad física de Ortigala. Así fue qué decidí informar a la Fiscalía Regional que ella me pasaba datos, analicé el contenido de la información que ella me pasaba y formalizamos investigaciones si correspondía y avisé a otras agencias o unidades de investigación cuando había algún indicio que la que cometía delitos era ella o su entorno. En este punto puede uno preguntarse ¿Por qué seguía manteniendo un vínculo con ella si sospechaba que podía estar vinculada con la comisión de algún delito? La respuesta tiene que ver con el carácter de víctima y testigo que tenía la señora Ortigala. Si el Estado se benefició con su declaración contra una organización narcocriminal (tal vez la más grande de la provincia) que fue desbaratada, si esa declaración le trajo como consecuencia un atentado contra su vida en el que le efectuaron 40 disparos, ¿puede el Estado dejarla a su suerte ante la sospecha de un delito? Si es que cometía delitos? Yo entendí que no y que lo que correspondía era tutelar su integridad física y que otros fiscales la investiguen".

Edery aclara que "jamás tuve una noticia directa a una evidencia que la vinculara a Ortigala con la comisión de un delito sino que solo fueron indicios o suposiciones en base a hipótesis de trabajo".

El fiscal advierte también sobre " el carácter reservado de las comunicaciones por whatsapp toda vez que en las mismas pasan supuestos datos de innumerables investigaciones criminales y de mucho contexto del mapa criminal de la ciudad. Si la información se filtra estaría en riesgo la señora Ortigala, su familia y un montón de personas que de acuerdo al tenor de las conversaciones supuestamente le pasaban los datos".

Edery asegura que a través de una abogada de la agencia confiaron información necesaria para esclarcer el atentado a la vinería de Mendoza y Matienzo, en la que no desincriminaron a los hermanos Ortigala, y que fue justamente el fiscal Federico Rébola el que decidió el curso de la pesquisa, en contra de lo que ellos sospechaban.

En cuanto a otra de las capturas de pantalla " sesgadas y descontexualizadas " por Socca y Moreno, en la audiencia , Edery argumenó que "la situación y el temor que tenía Mariana Ortigala a que Esteban Alvarado quisiera atentar contra su vida hacía que ella intensificará sus reclamos respecto de su seguridad creyendo - con una gran cuota de racionalidad - que desde su lugar de detención Estaban Alvarado estaba organizando un atentado en su contra. Frente a ello y para que estuviera más tranquila le informó que efectivamente Alvarado estaba siendo monitoreado. No era cierto que yo tuviera esas escuchas o que las hubiera ordenado pero sabía que había muchas agencias de fiscales que estaban investigando a Alvarado y por el vínculo de confianza que había con los mismos, estos me iban a informar si había algún riesgo contra la vida de la Sra. Ortigala, que era en definitiva su principal preocupación".

"Renglón aparte -dice Edery- es oportuno mencionar que los Fiscales Socca y Moreno reprochan ,al menos públicamente, que no hemos imputado a Ortigala la asociación ilícita a la que pertenece Ariel Máximo Cantero. En primer lugar, no hay ninguna precisión de parte de los fiscales sobre cuál de las múltiples imputaciones a Cantero por asociación ilícita se refieren. No hay ningún tipo de precisión sobre qué tipo de información motiva este reproche público de mis colegas, tampoco una referencia temporal que permita ubicar este planteo. En definitiva, es una falsa acusación que se desliza con toda liviandad y sin mayor fundamento que el dato (evidente y público de su proximidad a “Guille” Cantero). A lo menos en la audiencia no se expuso otra información. Y sin perjuicio de los avances de esa investigación lo que debe quedar expuesto es que todas estas acusaciones se hicieron sin haber ventilado en audiencia la información que ellos dicen tener sobre Ortigala y a la que yo hubiera podido acceder, o lo que es peor todavía, habría accedido y omití perseguir. Por qué Sr. Auditor, lo que no estamos analizando aquí hasta ahora es que en ningún lado se ha expuesto si quiera cual es la información -no ya contra Ortigala sino contra mi persona- que tendrían estos dos fiscales que vincule a Ortigala con Cantero como parte de la asociación ilícita destinada a un determinado propósito y porque yo debería haber conocido y/o investigado alguna cuestión relativa a la participación de Ortigala en las asociaciones ilícitas . ¿Cuál sería esa información? Que evidencia yo deje de lado para no incluirla en la asociación ilícita?"

"En su caso -agrega-  si tenían esa información ellos (que es lo que me reprochan) ¿por qué no la imputaron con estos extremos? Conforme la información que surge de las actas de audiencia subidas al sistema imputaron a Mariana Ortigala en la participación de una extorsión. ¿Y la asociación ilícita? ¿Acaso reprochan públicamente lo que ellos mismos no hicieron? si mencionan que era “testaferro de Guille Cantero” en al menos 14 propiedades, ¿Porque no le imputaron lavado de activos ?. Reitero, no se trata esto de una defensa de Ortigala. Por el contrario, como se verá después parte importante de la causa que se imputó en el juzgado federal fue construida en parte con información provista por la oficina a la que pertenezco. Lo estoy sosteniendo para dar cuenta del tenor del reproche que se me formula".

Pero un apartado importante es sin dudas el capítulo dedicado a "las conversaciones personales exhibidas en la audiencia". Es asi que en el marco de la audiencia imputativa contra Mariana Ortigala, los fiscales Socca y Moreno exhibieron como prueba de cargo fotografías de conversaciones halladas en el teléfono de Mariana Ortigala donde se pueden ver chats con Lorena Córdoba. "En primer lugar debo mencionar que la señora Córdoba nunca fue imputada en una causa a mi cargo, que nunca me encontré personalmente con ella y que las  veces que la vi fueron en audiencias por zoom en las que ella declara como imputada colaboradora en una causa radicada en Rafaela. Sobre este punto quiero destacar que haciendo un sencillo análisis entre el hecho atribuído a Ortigala y los chats exhibidos no existe relación alguna. En otras palabras, las fotografías exhibidas como prueba de cargo no coadyuvaron para hacer más certero ningún aspecto de la teoría del caso contra Mariana Ortigala ni abona ninguno de los requisitos que exige el art. 220 para que sea procedente la prisión preventiva. Tanto es así que ninguna de las capturas de pantalla exhibidas por los fiscales en la audiencia fueron utilizadas por la jueza al momento de resolver la cautelar solicitada. Evidentemente la jueza entendió lo que era obvio: que nada tenían que ver esas capturas con lo que se estaba litigando en la audiencia" asegura el fiscal denunciado.

Basado en esto Edery asegura que "el tenor personal de la comunicación aleja el contenido de las capturas de cualquier conducta delictiva o antirreglamentaria de quien suscribe siendo tan solo una acción privada que debió reservarse en el ámbito de mi intimidad. Esto me lleva a concluir sin rodeos que la única motivación que tuvieron Socca y Moreno al momento de exhibir esos chats es dañar mi buen nombre y honor".

Al cierre de su descargo Edery también despliega su explicación sobe el uso de informantes. "Las investigaciones de la agencia cuentan con estos tres componentes diferenciados: legajos vinculados, información digitalizada y técnicas modernas de investigación criminal. Si bien este es solo un resumen muy sintético del trabajo de la agencia al menos sirve como introducción para el presentar el presente descargo y probar la falsedad de las denuncias efectuadas. Esta lógica de investigación fue superadora del sistema anterior contenida en un expediente, que no pudo resolver causas relevantes - por ejemplo el homicidio de Armas, “Pajaro” Cantero, “Fantasma” Paz, Luis Medina, Morgans, atentado contra el ex-gobernador Bonfatti-, mientras que el MPA, regido por la desformalización como uno de sus principios de actuación, se han llevado investigaciones complejas exitosas - mega estafa inmobiliaria, organización de Esteban Alvarado, balaceras a integrantes del poder judicial, extorsiones, juego clandestino con su desarrollo policial, judicial y político, causas de lavado de activos -".

El documento concluye diciendo que :"la necesidad de comprender el trabajo con las personas que pasan información o dateros es una de las preocupaciones de quienes investigamos crimen organizado y desde hace tiempo venimos manifestando esa preocupación a nuestros superiores. Si bien no ha sido regulado ni legal ni reglamentariamente la figura es una realidad que la misma convive desde siempre en el seno de las investigaciones penales. El personal policial de investigaciones trabaja con personas que brindan datos y los convierten en informes con los que luego los fiscales allanamos, intervenimos líneas telefónicas y tomamos un montón de medidas para el avance de la investigación. Pero en esos casos quedamos al arbitrio de las decisiones policiales que en muchos casos han quedado evidenciado que tienen intereses ilegales en las investigaciones. El caso de Luis Quevertoque ( jefe de la Brigada de Judiciales ), Pablo Bancora, Marcelo y Martin Rey son ejemplos del problema de que la información y la identidad de los informantes sea ajena a la esfera de control de quienes dirigen la investigación".