Hoy, a las 14.30, comenzará el segundo juicio contra el empresario Marcos Jacobo Levin, esta vez, por el secuestro y las torturas sufridas por 17 trabajadores de la empresa La Veloz del Norte durante la última dictadura cívico militar. También serán juzgados el comisario Víctor Hugo Almirón y el civil José Antonio Grueso, que era jefe de personal de la transportista cuando se cometieron estos crímenes. 

La audiencia se realizará de manera presencial en el Tribunal Oral Federal 1 de Salta y se podrá seguir en vivo en este link.

Entre el 20 y el 24 de enero de 1977, una trabajadora y 16 trabajadores de La Veloz del Norte fueron detenidos ilegalmente por la Policía de la provincia, en el marco de una denuncia falsa por fraude presentada por Levin contra sus empleados. 

Levin era por entonces el propietario de la empresa de transporte de pasajeros La Veloz del Norte. Almirón era jefe de la Comisaría 4° de la ciudad de Salta, donde funcionó un centro clandestino de detención y torturas, y Grueso era gerente de personal de La Veloz y se lo responsabiliza de haber elaborado la lista de personas que iban a ser detenidas. Levin y Almirón están acusados por los secuestros y torturas a 15 trabajadores varones, Miguel Ángel Rodríguez, Ciriaco Nolberto Justiniano, Juan Alberto Alonso, Rubén Héctor Vrh, Manuel Eugenio Modad, Carlos Lídoro Aponte, Jorge Arturo Romero, Aurelio Rada, Oscar Horacio Espeche, Sebastián Lindor Gallará, Carlos Horacio Pereyra, Jorge Francisco Delaloye, Emilio Bórquez, Carlos Eugenio Bais y Norberto Bórquez, y por los mismos delitos en relación a la trabajadora Sonia Rey. 

A Grueso se lo juzgará por 17 víctimas, porque se lo responsabiliza además por secuestro y torturas del también empleado de la transportista y delegado gremial de la UTA Víctor Cobos.

Levin y Almirón ya fueron condenados en relación a Cobos. En esta causa fue condenado también el ex jefe policial Víctor Hugo Bocos, que cumplía funciones en la Comisaría 4°, y el policía Enrique Víctor Cardozo (fallecido este año), también personal de la 4°.

La acusación sostiene que Levin, un empresario de poder económico y ascendencia social, se valió de la estructura represiva del Estado para acallar reclamos laborales en su empresa. Con ese objetivo hizo una denuncia penal acusando a Cobos y a los otros trabajadores por un supuesto fraude, que nunca fue probado, pero que en su momento puso en marcha una serie de allanamientos, detenciones, torturas e interrogatorios, y luego muchos de estos empleados fueron despedidos.

De hecho, las personas secuestradas y torturadas habían participado en los conflictos sindicales con la empresa en los años previos. Las víctimas fueron secuestradas en sus casas y en sus lugares de trabajo, algunas fueron detenidas cuando estaban realizando el recorrido en colectivos de la empresa. 

Los trabajadores relataron que Levin y su jefe de personal, Grueso, estaban en la comisaría mientras eran torturados e interrogados sobre su actividad gremial y política, que la empresa entregó listados de las personas a detener y que aportó vehículos que fueron utilizados para trasladarlos. Señalaron también que el empresario mantenía un vínculo muy estrecho con la policía local y que varios efectivos trabajaban o habían trabajado para él.

Segundo juicio 

Este es el segundo juicio a Levin por delitos de lesa humanidad. En el primero, realizado en 2016 sólo por el secuestro de Víctor Cobos, fue condenado a 12 años de prisión y se constituyó en el primer empresario en ser declarado culpable por su responsabilidad en el terrorismo de Estado.

Las acusaciones contra Levin, iniciadas por Cobos, fueron largamente discutidas por la defensa, que argumentaba que las detenciones nada tenían que ver con el plan sistemático de eliminación de personas, sino que se trató de una acción común llevada a cabo por la Policía a raíz de la denuncia de un particular. Sin embargo, los allanamientos y detenciones se hicieron sin orden judicial, lo que da cuenta de que se trató de hechos cometidos dentro de la estructura criminal montada para la represión estatal ilegal en los años 70.

El fallo de 2016 que condenó a Levin, Almirón, Bocos y Cardozo fue apelado por la defensa y un año después la Cámara Nacional de Casación Penal anuló la condena. Esta decisión también fue impugnada, en este caso por la fiscalía y las querellas, y el año pasado la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó el fallo de Casación, y devolvió la causa para que se dicte una nueva sentencia.