La Inteligencia Artificial podría agilizar la burocracia en los litigios, pero nunca suplantar el análisis, la experiencia, la voluntad y las decisiones porque dado que es una calculadora de conceptos carece de todas las facultades humanas.


Si debemos evaluar la Inteligencia Artificial (IA), en líneas generales pareciera que está sobrevalorada. La erudición no reemplaza el criterio. Puede ser una herramienta de mucha ayuda en cuanto a la sistematización de leyes, criterios judiciales y analogías de casos concretos, pero no va a substituir la pericia y sobre todo la experiencia cotidiana de abogados/as. Es probable que contribuya a reducir la litigiosidad y la dilación en la tramitación de los procesos, lo cual sería una gran ventaja, pero es muy difícil que remplace a los profesionales.
Los conflictos con los que trabajamos se van a continuar generando, ya que forman parte de la convivencia humana. Puede ser, ojalá, que el trabajo se simplifique y se reduzca la burocracia y los tiempos.

No tan inteligente

Las carencias que tiene la IA son todas las facultades humanas que le faltan a una calculadora de conceptos, ya que no es otra cosa que eso. Le falta intuición, afecto, empatía, sentimientos, gestualidad, creatividad, experiencia, timing, es decir, toda una serie de cualidades humanas que, aún contra el paradigma positivista de la ciencia, intervienen en todo tipo de acción humana, incluida la abogacía.

Esta nueva tecnología se basa en recurrir a infinidad de información oficial, mediática, digitalizada, es decir, información homologada por los sistemas digitales de comunicación, y por ende deja de lado muchas experiencias, informaciones y datos subalternizados. Por lo tanto, se pierde la información alternativa y contra hegemónica con tantos datos del establishment.
Además, la IA no puede tener conciencia geopolítica y local, ni voluntad, que es una condición imprescindible para tomar decisiones; los conflictos se procesan y resuelven con decisiones. No tiene juicio de realidad y mucho menos de valor, con lo cual es imposible que pueda resolver problemas donde están implicados sujetos y hechos concretos. Por eso evaluamos que puede ser una herramienta de gran ayuda, pero es improbable que reemplace el trabajo de los agentes del derecho ni evite los conflictos sociales. Un verdadero estudio del caso es mucho más relevante que una opinión superficial.

Lo que se aprecia hasta el momento es que parece ser la respuesta perfecta de los idólatras de esa doctrina jurídica eurocéntrica llamada positivismo en todas sus variantes, las más geométricas estilo H. Kelsen y las más plásticas a lo R. Dworkin, que dicen: “al fin y al cabo, el derecho –en sentido amplio, no sólo la ley, también las decisiones judiciales– no es más que un álgebra de conceptos; a veces cuesta encontrar la respuesta correcta, pero que la hay la hay”.
Pensar de este modo no sólo es matar al derecho, también es aislarlo de la cultura que le da origen y, mucho peor, si se expande compulsivamente hacia otros territorios, usarlo como herramienta de sometimiento. Ni más ni menos que lo que ha sucedido con nuestra América los últimos 500 años.

¿Y quién se hace cargo?

La responsabilidad por el contenido que difunda la IA tiene varias aristas, algunas ya resueltas y otras no. En primer lugar, la información no se puede limitar antes de que se publique. No debería existir censura previa, ni prohibirse antes de que circule. Si se difunden datos falsos habrá que probar si es de buena fe o mala fe, en esos casos será responsable la firma que provee la información.

En ese contexto, una regulación necesaria es que cada empresa multinacional que utilice esa tecnología en Argentina, esté obligada a radicar un domicilio formal en nuestro país, un patrimonio y un seguro, a los efectos de la pertinente responsabilidad civil.

Si creemos que el que la hace la paga, hay que identificar bien quien va a ser responsable de los daños que pueda provocar esta nueva tecnología. Y para eso, tenemos que tener bien en claro que la IA no nació de un repollo, no es inocente, y está producida en forma clasista, geopolítica, racial y patriarcal, porque también es verdad que el que la paga la hace.

* Doctor en Derechos Humanos