Patricia Bullrich anunció que retomará la política de escuchas ilegales utilizada por su jefe político, Mauricio Macri, para espiar a las personas detenidas mientras hablen con sus abogados. Lo hizo en una conversación con el periodista Alejandro Fantino, en la que también desplegó un manual antiderechos que incluyó la derogación de las leyes laborales y la discriminación en los hospitales públicos.
“Pueden tener el derecho constitucional de su defensa, pero su defensa se graba”, dijo. La propuesta fue puesta en tela de juicio por su interlocutor pero ella respondió: “Vamos a ponerlo en el Código Penal”.
Luego arriesgó una confusa explicación: “Puedo grabarlo, puedo tenerlo como un elemento de prueba y no escucharlo. Tenerlo con un sistema de protección a esa comunicación. Y (utilizarlo) si el día de mañana comete un delito y un juez lo ordena”. (SIC)
Los dichos de Bullrich tienen sintonía con lo ocurrido durante el gobierno de Mauricio Macri. Es que la Justicia de Lomas de Zamora llegó a la conclusión de que hubo una coordinación entre el Servicio Penitenciario Federal y la AFI -conducida por Gustavo Arribas- durante el macrismo, que permitía la circulación de información sobre los presos kirchneristas. La causa pasó después a Comodoro Py y la Cámara Federal porteña –por obra y gracia de Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi– dejó en pie poco de lo avanzado, pero aún así los dos camaristas reconocieron que existió un grupo dentro de la AFI y del SPF que violó la Ley de Inteligencia.
