Desde el lunes rige en todo el país un sistema de “copagos de hecho”, que los médicos de prepagas y obras sociales cobrarán a sus pacientes para complementar lo que consideran el “honorario ético mínimo”, fijado en 6 mil pesos por consulta. En la provincia de Buenos Aires, asociaciones de consumidores denuncian a entidades médicas y empresas de medicina prepaga, por violar la ley de defensa de la competencia. La demanda fue presentada en los tribunales de Lanús.

“Por las innumerables denuncias recibidas, nuestra Asociación tomó conocimiento que la mayoría de las cámaras que agremian a los médicos en sus distintas especialidades decidieron acordar y fijar un arancel médico mínimo, superior al monto que reciben de las empresas de medicina prepaga y obligar a los usuarios y consumidores al pago del mismo (copago), situación que, además de ser perjudicial, los enfrenta directamente con las empresas de medicina prepaga que no cubren los aranceles médicos reclamados por esas Cámaras”, sostiene el párrafo inicial del comunicado distribuido por la Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores (ADDUC), que encabeza el abogado Osvaldo Bassano.

“Esta situación además de perjudicar a los consumidores implica una fijación de precios prohibida por la Ley de Defensa de la Competencia. Es por ello que nuestra Asociación el día 2.10.2023 presentó una denuncia ante la Comisión de Defensa de la Competencia para que se proceda a la investigación que dispone la ley 27442 sobre la situación de cartelización del precio del honorario médico. Por ello considerando la defensa irrestricta del derecho humano de los consumidores ADDUC procedió a solicitar la instrucción de un sumario de investigación a la Autoridad Nacional, sin perjuicio de continuar accionando en defensa de los usuarios del sistema”, concluye.

En la provincia de Buenos Aires, el Colegio Médico había implementado un bono por "gastos de consultorio", que cobrara incluso a beneficiarios del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) y el Instituto de Obra Médico Asistencia de la Provincia (IOMA), hasta hace dos semanas, cuando decidieron darlo de baja por las presiones del gobierno provincial.

Al respecto, en declaraciones radiales, el ministro de Salud, Nicolás Kreplak sostuvo que el copago "es una pésima idea porque genera una barrera de acceso" y fue enfático al afirmar que la salud "no es un mercado ni un negocio y el Estado debe regularla", pero en este caso "es una competencia de la Suprintendencia de servicios de Salud del gobierno nacional". Agregó que, en estos años, "IOMA redujo en un 80 por ciento el cobro de copago".

Contabilidad dudosa

En su historial reciente, ADDUC cuenta con una victoria significativa. A comienzos de este año logró que empresas de medicina prepaga devolvieran a los usuarios el importe actualizado correspondiente a un aumento mal liquidado de 2012. El monto total de la demanda superó los 2 mil millones de pesos.

“En ese caso, algunas empresas pagaron y otras no: algunas hasta alegaron que no tenían la documentación correspondiente", afirma Bassano. “Es muy difícil acceder a los balances de las empresas: si perdieran plata, como dicen, los mostrarían abiertamente”, suma el abogado que también afirma que “gracias a que esconden o dibujan balances, con la pasividad de la Superintendencia de Servicios de Salud, pueden ahogar financieramente a las clínicas y con esa plata comprar propiedades, canales de televisión o directamente formar activos externos”.

Entre sus objetivos, Bassano espera que la Secretaría de Comercio Interior convoque a conformar el Observatorio de Precios. "Está previsto en la ley, pero todavía no ocurrió”, afirma el abogado, para quien queda claro que "hay una presión financiera abusiva de las empresas sobre los profesionales". El problema, dice, es que esa presión no debería descargarse sobre los usuarios, que ya pagan sus cuotas con esfuerzo. En su visión, el tema debería resolverse “enfrentando a quién corresponde”.

Frazada corta

La tensión entre prestadores (clínicas, sanatorios, laboratorios y médicos particulares) y financiadores (empresas de medicina prepaga y obras sociales), siempre existió, del mismo modo que ocurre entre los distintos eslabones de cualquier cadena de valor o productiva. La novedad es que el conflicto recrudeció desde la salida de la pandemia. Fuentes del sector suelen afirmar que el problema es que tienen “costos liberados e ingresos pisados”, en referencia a que los aumentos de cuota requieren previa autorización gubernamental y las prestaciones que deben ofrecer a cambio suelen ser cada vez más, muchas veces incluidas por vía judicial.

El otro dato que el sector comenta por lo bajo como explicación es la creciente voracidad de los laboratorios, en particular de los extranjeros, que fabrican algunas drogas y tratamientos para las llamadas “enfermedades de baja prevalencia”, anteriormente conocidas como “enfermedades raras”. 

Según la Unión Argentina de Salud (UAS), entidad que preside el titular de Swiss Medical, Claudio Belocopitt, “en la estructura de costos de cualquier obra social o prepaga, el gasto en medicamentos rondaba el 15 por ciento hace cinco años, hoy ya supera el 30, en algunos casos supera el 40 y nada indica que se vaya a detener por sí mismo". "Aumentó el precio de los medicamentos, aparecieron nuevos medicamentos costosísimos, y además aumentó la tasa de uso de esos medicamentos”, se agrega.

El reclamo de las empresas al respecto es la creación de una "agencia evaluadora de tecnologías sanitarias", un modelo que existe en países como Francia, Reino Unido, Brasil o Israel. Se trata de un comité científico, cuyos dictámenes son vinculantes, y consideran tanto el impacto científico de cada innovación como el financiero, desde una perspectiva sistémica. Existen al menos media docena de proyectos al respecto en el Congreso, pero su trámite legislativo es lento.

Otro reclamo frecuente de los profesionales, en un contexto de alta inflación, tiene que ver con los plazos de pago. Son volúmenes de dinero tan grandes que una demora en el pago de unos días puede generar una enorme diferencia. En su reciente exposición en UMET, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner exhortó a las prepagas a dejar de hacer negocios financieros con los recursos del sistema.

Los plazos varían. En algunas localidades de la provincia, como Tandil, donde el Círculo Médico responde a los intereses del intendente Miguel Lunghi, presionaron hasta lograr que el IOMA pague en 5 días. La que le sigue en celeridad es OSDE, que paga a 30. Las restantes demoran 60 o incluso más. 

El tema que también se repite y que subyace detrás de cada uno de los planteos es que la salud recauda en pesos, pero buena parte de sus gastos están dolarizados. En consecuencia, los costos en dólares presionan sobre los costos en pesos, como los honorarios médicos y sueldos de personal administrativo y paramédico. Lo que según Bassano no se resiente, es la rentabilidad empresaria.