En el marco de la investigación de un caso de trata de personas con fines de explotación laboral, el juez federal de Garantías N° 1 de Salta, Julio Bavio, hizo lugar a la imputación penal requerida por ese delito en contra de Braulio Armella Mamani, sobre quien pesaba un pedido de captura y fue detenido el 22 de septiembre pasado, en Buenos Aires.
En la audiencia de formalización de la investigación penal, celebrada la semana pasada, la fiscala subrogante Paula Gallo, de la Unidad Fiscal Salta, solicitó también la prisión preventiva de Armella Mamani, que fue concedida por el magistrado.
Este hombre fue detenido como resultado de tareas de personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), en el marco de una investigación penal que comenzó el 27 de febrero pasado. Armella Mamani fue detenido en una terminal de transferencia de carga ubicada en el barrio porteño de Villa Soldati. Los policías lo habían seguido desde que salió de su casa, en Villa Celina -partido de La Matanza-, lugar que luego fue allanado.
En la audiencia, la fiscala explicó que Armella Mamani era buscado desde abril pasado, cuando se dictó la orden de captura nacional e internacional en la causa abierta en febrero cuando personal de Gendarmería Nacional que se encontraba en el puesto de control El Naranjo, en Rosario de la Frontera, detuvo a Karla Yoselín Mamani Aguilar, su hijastra.
La detención se debió a que la mujer -que viajaba en un micro que había salido de la localidad de Aguas Blancas- no tenía DNI, aunque aseguró que era oriunda de Bolivia y que iba a Buenos Aires. Encima, una adolescente de 17 años, que viajaba en el mismo colectivo, dijo que Mamani Aguilar era su tía y que viajaban juntas. Por otra parte, otras dos adolescentes, de 16 años, manifestaron lo mismo y explicaron que iban a Buenos Aires a visitar a sus familiares, aunque ninguna tenía la respectiva autorización de sus padres y madres y tampoco tenían las tarjetas migratorias.
En la investigación que siguió se estableció que las tres adolescentes no eran familiares, sino que habían sido captadas en la ciudad boliviana de Potosí, donde trabajaban en la extracción de minerales. La Unidad Fiscal sostuvo que estas adolescentes se encontraban en un "extremo estado de vulnerabilidad, pues vivían en condiciones precarias y alejadas de sus respectivas familias" y que ese contexto fue aprovechado para captarlas, a quienes le ofrecieron trabajo en un taller textil ubicado en Villa Celina, donde debían cumplir más de 15 horas de trabajo por un sueldo semanal de 75 mil pesos.
En cuanto a los roles de la organización delictiva, la fiscalía afirmó que Mamani Aguilar, que fue condenada en agosto último, era la encargada del traslado de las adolescentes, y que Armella Mamani era quien captaba -junto a la madre de Manani Aguilar- a las víctimas y se encargaba de llevarlas hasta la localidad boliviana de Tarija, desde donde las hacía cruzar la frontera por pasos ilegales.
Una vez en Aguas Blancas, ya del lado argentino, las tres adolescentes fueron entregadas a Mamani Aguilar. En el juicio de determinación de pena, a cargo del Tribunal Oral N° 2 de Salta, la jueza Gabriela Catalano condenó a esta mujer a 10 años de prisión por "trata de personas con fines de explotación laboral bajo la modalidad de traslado y agravado por el número de intervinientes, la cantidad de víctimas, su condición de minoridad y el estado de vulnerabilidad".
Las adolescentes, ya reintegradas a sus familias, testificaron que Armella Mamani se encargó de su traslado en un vehículo hasta Tarija. Allí Mamani Aguilar se reunió con su madre, recibió a las tres adolescentes y accedieron al territorio nacional cruzando el río Bermejo en chalanas.
Con la detención de Armella Mamani, la fiscalía pudo reunir pruebas respecto a otro extremo del caso, porque al allanar su vivienda en Villa Celina se encontraron con que ahí funcionaba el taller textil. La fiscalía describió que este inmueble tenía un amplio salón, de cuyo techo aún colgaban las conexiones eléctricas de las máquinas de coser. Si bien el lugar ya había sido desmantelado, personal de la PSA secuestró numerosos bultos con hilos, elásticos, retazos, ropa deportiva, cierres, una máquina de coser, otras tres de corte y varios rollos de tela.
Al momento de fundar el pedido de prisión preventiva, la fiscalía resaltó el riesgo de fuga por su facilidad para salir del país y el entorpecimiento procesal, lo que quedó demostrado, sostuvo la fiscalía, en que días de su detención pudo desmantelar logró el taller en su casa.
Además de formalizar la investigación, el juez Bavio hizo lugar a la prisión preventiva y autorizó una serie de medidas pedidas por la fiscalía con el propósito de avanzar con el resto de personas implicadas en estos hechos, y también para dar con la pareja del acusado, aún prófuga.
