La Cámara Federal de Casación Penal confirmó este miércoles la orden de secuestro del teléfono celular del diputado nacional de Juntos por el Cambio Gerardo Milman, en la causa en la que se investiga el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En un fallo de dos páginas, los jueces Alejandro Slokar y Ángela Ledesma dejan despejado el camino para que se analice la información de uno de los teléfonos celulares que había entregado a la justicia el propio legislador, quien se opuso a que el contenido del aparato sea revisado.

La pista Milman

La denominada "pista Milman" surgió el 23 de septiembre del año pasado. Esa tarde, un asesor del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Jorge Abello, se presentó ante la jueza María Eugenia Capuchetti y dijo que había escuchado al legislador opositor referirse al atentado antes de que ocurriera.

"Cuando la maten yo estoy camino a la costa", fue la frase que Abello dijo haberle escuchado decir a Milman en el bar Casablanca el 30 de agosto, oportunidad en la que el legislador se encontraba acompañado de dos asesoras, Ivana Bohdziewicz y Carolina Gómez Mónaco, que ya declararon en el expediente y negaron que esa frase hubiera sido pronunciada.

En mayo de este año la causa tuvo un giro, luego de que Bohdziewicz contara ante la justicia que había sido convocada por el entorno del legislador a una oficina de Patricia Bullrich para eliminar la información de su teléfono celular. 

Secuestro del celular

El 17 de agosto pasado la Sala I de la Cámara Federal porteña -con los votos de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi y la disidencia de Mariano Llorens- ordenó el secuestro del teléfono de Milman, algo a lo que se había negado la jueza María Eugenia Capuchetti.

En su decisión, Bruglia y Bertuzzi establecieron que la búsqueda de información en el teléfono de Milman deberá "enmarcarse estrictamente al análisis del contenido relevante en torno a los hechos ventilados en la presente causa, debiendo preservarse toda aquella información que no guarde estricta relación con el caso”.

Para ello, "se deberá asegurar que, ni bien se produzcan los primeros resultados de las diligencias, esa información sea recibida únicamente por el juzgado, a los efectos que la magistrada esté en condiciones de determinar cuáles datos son ajenos al legajo - imponiendo su eliminación- y cuáles sí pueden ser destinados a la actividad de los auxiliares de la justicia y al conocimiento de todas las partes legitimadas", señalaron.

En ese fallo, también demarcaron que "la extracción de información del teléfono en cuestión deberá limitarse a un acotado y prudente lapso temporal, abarcado desde el 1° de julio de 2022 al 10 de mayo de 2023".

Días después de la intervención de Bruglia y Bertuzzi, la Cámara de Diputados autorizó el secuestro del "celular o los celulares" de Milman y el acceso a la información y comunicaciones que contengan. 

Milman, finalmente, entregó en forma voluntaria su celular a través de su abogado, Manuel Barros, el 22 de agosto. Sin embargo, apeló ante la Cámara Federal de Casación Penal para evitar que su contenido sea analizado. Este miércoles, la Sala II de esa cámara decidió desestimar ese recurso y autorizar la orden de secuestro, por lo que queda despejado el camino para que comience el análisis. 

Un celular posterior al intento de magnicidio

La expectativa de que pueda hallarse información útil para la causa en el teléfono de Milman es muy baja, entre otras cosas por el tiempo transcurrido desde el intento de magnicidio, que tuvo lugar el 1 de septiembre de 2022, reconocieron los abogados de la querella cuando se hizo la audiencia para reclamar la medida. 

Además, días atrás los abogados de la querella Marcos Aldazabal y José Manuel Ubeira denunciaron que Milman entregó a la justicia un teléfono celular que había comprado después del intento de magnicidio. También advirtieron que  el legislador tendría, al menos, otros tres dispositivos móviles.

“Ahora sabemos que Milman entregó un celular (que adquirió) posterior al atentado y que tiene, al menos, tres celulares más, de los que no dio noticia”, aseguraron en un escrito dirigido a la jueza federal María Eugenia Capuchetti y al fiscal Carlos Rivolo.

“Lógicamente, Milman, como imputado, no tiene obligación de entregar sus teléfonos. Aun así, su maniobra de entregar un celular sin relevancia e inexpugnable es un claro intento más de desviar la investigación. Quien sí tiene obligación de buscar la verdad es la jueza, a pesar de que hasta ahora sólo la ha estorbado”, señalaron los abogados.

Milman entregó un teléfono Iphone 14 pro, cuya aparición en el mercado fue posterior al intento de asesinato de CFK. “Esta circunstancia es concordante, también, con el relato de Ivana Bohdziewicz (exsecretaria de Milman) respecto a lo sucedido en las oficinas de Patricia Bullrich, cuando le dijeron a (la asesora, Carolina) Gómez Mónaco que compre un nuevo celular: ahora sabemos que también era un iPhone 14 Pro y que, tal como le dijeron en esa reunión, el celular no pudo ser abierto por los peritos”, aseveraron.

“Es evidente que tanto a Milman como a su círculo se los puso en conocimiento de que deberían comprar los últimos aparatos disponibles para preservar su contenido, más allá de los procesos de borrado”, concluyeron los abogados de la Vicepresidenta.