El Consejo de la Magistratura (CM) sancionó a los jueces Javier Anzoátegui y Luis María Rizzi por ordenar que se investigue el accionar de médicos y de funcionarios de la defensa pública que actuaron para garantizar la interrupción legal del embarazo de una niña víctima de abuso sexual, además de haber usado en su sentencia expresiones misóginas y contrarias al sistema normativo que garantiza los derechos humanos de las mujeres y niñas en una sentencia judicial. La sanción llega cuando se estaban por cumplir los tres años de plazo antes de que se archivara la investigación iniciada por varios pedidos de juicio político en su contra.

Al mediodía del miércoles en la reunión del Plenario del CM que trataba varios asuntos, se aprobó finalmente sancionar a los jueces Anzoátegui y Rizzi, del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 8, con la quita del 50 por ciento de su sueldo por única vez y la obligación de hacer los cursos establecidos por la Ley Micaela -de formación para el funcionariado del Estado en perspectiva de género y violencias- cada dos años. “La multa será destinada para reparar a la adolescente, revictimizada por estos jueces”, explicó Vanesa Siley, la consejera impulsora de la causa.

El 8 de octubre se cumplía el plazo de tres años antes de la prescripción de la causa. Que se haya demorado tres años para llegar a esta sanción, que es mucho menor al pedido de juicio político, parece solo entendible en el contexto de una justicia que da la espalda a los derechos de niñas y mujeres. Sin embargo para el movimiento feminista que trabajó todos estos años para que que no quedara impune el accionar de estos jueces que ya tenían antecedentes de fallos misóginos, transodiantes y antiderechos, la sanción es un logro importante. En el medio hubo maniobras dilatorias encabezadas por el diputado Pablo Tonelli (Juntos por el Cambio) para protegerlos y el expediente del pedido de juicio político y remoción de los jueces estuvo a punto de naufragar en un archivo anticipado.

El fallo por el que los jueces fueron denunciados es del 24 de septiembre de 2020 y resolvió acerca de dos causas por las que estaba imputado un hombre: el homicidio de otro hombre y las violaciones reiteradas de su hermanastra. El Tribunal decidió condenar al acusado a la pena de treinta y cinco años de prisión, por homicidio simple en concurso real con abuso sexual con acceso carnal de una niña de 13 años, mediante violencia y amenazas, y agravado por haber sido cometido por un hermano y con armas, y reiterado. Producto de los abusos, la niña quedó embarazada y pidió interrumpir su embarazo, derecho que se le garantizó.

El fallo del Tribunal dio por probados los hechos; sin embargo, el juez Anzoátegui decidió en su voto hacer un “excursus acerca de la muerte de una niña” en el que dejó plasmada toda la ideología de los grupos más conservadores y antiderechos. Comparó la interrupción legal del embarazo (ILE) con los métodos de tortura de la mafia o los rituales de las tribus antropófagas. Llamó “manual de salvajadas inhumanas” al “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo” del Ministerio de Salud de la Nación. Desconoció además al llamado fallo FAL en que la Corte Suprema de Justicia de la Nación despejó cualquier duda acerca de la legalidad de los abortos en las causales consideradas desde 1921 en el Código Penal (la violación es una de ellas). Además llamó “sicarios” y “asesinos a sueldo” a los médicos intervinientes en la ILE. Todo esto para terminar denunciando como delictiva toda acción tendiente a garantizar la ILE a la niña.

La reacción de organizaciones sociales y organismos públicos no se hizo esperar. La ong Mujeres x mujeres, de Tucumán, fue la primera en presentar un pedido de juicio político y remoción de los jueces. La presentación de la organización sumó más de 250 adhesiones, entre ellas las de organismos de peso como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, referentes feministas y del Poder Judicial, diputadas y especialistas como Nelly Minyersky, Elena Liberatori, Genoveva Cardinali, Mónica Macha, Mariana Romero y Mario Pecheny, entre otres. Ahora Soledad Deza, su presidenta, dijo a Página/12 que “es un gran avance que los mecanismos de control jurisdiccional funcionen para sancionar a estos magistrados que, como en general piensa la judicatura, creen que pueden hacer lo que quieran con los derechos de las mujeres y diversidades. No es una sugerencia la perspectiva de género, es una obligación convencional y constitucional, y pagar con parte de su jugoso sueldo una multa por la misoginia judicial en el ejercicio de funciones es un mensaje potente. Por otra parte, tomarse 3 años para evaluar un pedido de juicio político, es una vergüenza desde donde se mire”.

Inmediatamente después de Mujeres x Mujeres hicieron sus presentaciones también la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, el Sindicato de Trabajadores Judiciales y, por último, la Defensoría General de la Nación. Además hubo organizaciones como Abofem, Proyecto Generar, Amnistía Internacional y ELA que acompañaron y empujaron el proceso.

Raquel Asensio, coordinadora de la comisión de Género de la Defensoría General de la Nación, organismo que acompañó a la niña y apeló la resolución del tribunal, dijo a este diario que “la sensación por un lado es muy positiva en el sentido en que situaciones de revictimización por motivos de género suelen pasar inadvertidas y el CM no siempre responde a estas denuncias, entonces que hayan abierto este sumario, investigado y cerrado con una sanción es positivo para mostrar un mensaje de que no se puede revictimizar y salir impune. Sin perjuicio de que tal vez la sanción aplicada no se corresponda con la gravedad del daño provocado. En términos de proporción la respuesta no llega a satisfacer pero es un mensaje claro, simbólico y muy importante.

-¿No son comunes sanciones de este tipo?

-No es común y tampoco es común denunciarlo porque la sensación es que no pasa nada. La desconfianza que hay en los mecanismos de investigación de los jueces y el hecho que las causas solían ser cajoneadas… por eso es positivo que el CM esté dispuesto a sancionar, y que no la hayan dejado prescribir como otras veces. Es un posicionamiento tibio pero importante en haberle dado respuesta a las denuncias.

-¿Sería un antecedente importante para el futuro?

-Para abrir por lo menos un mecanismo más ágil en ese sentido. Si las instituciones empiezan a funcionar… es más fácil que la justicia funcione mejor si hay un sistema de contralor que se vea en acción.