Victoria Villarruel suele evitar referirse a un libro que publicó en coautoría con un detenido por crímenes de lesa humanidad. La obra se llama La nación dividida: Argentina después de la violencia de los ‘70. El compilador es Alberto Jorge Crinigan, un exoficial de inteligencia del Batallón 601 que actualmente está siendo enjuiciado en La Plata por secuestros y desapariciones en el Regimiento 7.

En 2019, cuando no existía ni La Libertad Avanza (LLA) ni la posibilidad de ser candidata a vicepresidenta, Villarruel publicó un artículo en un libro que compilaban Crinigan con Guillermo Palombo y Santiago Sinopoli. Palombo y Sinopoli son también autores de otra publicación que dice que los procesos de lesa humanidad son juicios-venganza.

Crinigan es un cuadro de la inteligencia del Ejército. Fue S2 (oficial de inteligencia) del Regimiento 7 de La Plata. En 1978, hizo el curso de Inteligencia de Ejército. Después de eso, lo mandaron a Mar del Plata y se incorporó al Batallón 601. El juez Claudio Bonadio inicialmente lo detuvo por su posible intervención en los secuestros y desapariciones de los militantes montoneros que participaron de la Contraofensiva. Cuando declaró ante el juez Ariel Lijo, evitó mostrarse como un hombre de acción y dijo que, en realidad, él se dedicaba al análisis de la inteligencia.

(Crédito: Lilium Ediciones)

En el libro que comparte con Villarruel, Crinigan define lo sucedido en la Argentina como una “guerra revolucionaria” y afirma que las víctimas no fueron jóvenes idealistas. “Es una guerra oculta y sus consecuencias, las que nos impiden ser una gran nación”, afirma en su artículo el militar retirado, que actualmente está en prisión domiciliaria y siendo enjuiciado por el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata.

La "guerra" de Villarruel contra Carlotto y Bonafini

Tanto Villarruel como Javier Milei hablan de una “guerra” y niegan que haya existido el terrorismo de Estado. La actual candidata a vice de LLA, en el escrito que figura en el libro, incurre en sus habituales letanías:

  • Que Raúl Alfonsín debió haber conformado una comisión para investigar al “terrorismo” cuando creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep);

  • Que hay víctimas de primera y de segunda;

  • Que no deberían haber convenios entre Abuelas de Plaza de Mayo y Paka Paka para difundir contenidos sobre el derecho a la identidad o que Hebe de Bonafini no debió haber tenido un programa en la TV Pública.

  • Que las organizaciones de derechos humanos fueron creadas para “continuar la guerra por otra vía”.

Villarruel no hace demasiados esfuerzos por esconder su encono con las referentes del movimiento de derechos humanos como Estela de Carlotto o Hebe de Bonafini –ya fallecida–, a quienes ha definido como “madres de terroristas” o personajes siniestros. En el libro, arremete contra Abuelas de Plaza de Mayo. “Para casi toda la clase política y los medios masivos de comunicación el rol de la Sra. Carlotto y su asociación merecen un premio que es un galardón para aquellos que han hecho una contribución a la paz en sus naciones y en el mundo. Pero esa no ha sido la valía de esta entidad, sino que ha sido uno de los arietes más fuertes que ha tenido el sector de las organizaciones armadas para distraer de los crímenes aberrantes que cometieron en nombre de la revolución”, escribió la abogada. No le merecen la misma calificación de crímenes aberrantes ni las torturas, ni los vuelos de la muerte ni el robo de niños y niñas.

Otro de los autores del libro es el jurista Alfredo Vítolo, que fue asesor de la Secretaría de Derechos Humanos de Claudio Avruj. En 2016, fue casualmente Avruj quien le concedió una entrevista a Villarruel en su oficina en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (exESMA) que le sirvió de plafón para pasar a la política grande y hacer sus incursiones en el programa Intratables. Vítolo fue el candidato del gobierno de Mauricio Macri ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero debió bajar su postulación. No pocos vieron detrás su mano la reunión que lograron organizaciones pro-militares con los comisionados en 2018.

En el debate vicepresidencial, Villarruel justificó con sus libros (Los llaman jóvenes idealistas y Los otros muertos) sus visitas a genocidas como el dictador Jorge Rafael Videla --que fueron reveladas por otros integrantes de la "familia militar", como el mayor retirado Pedro Rafael Mercado, marido de Cecilia Pando. Sin embargo, no suele mencionar su participación en la obra que compiló Crinigan, que para la época de la publicación ya había sido procesado por los jueces federales Manuel Blanco y Ernesto Kreplak.