¿Será el cuento de la buena pipa? Esa es la pregunta que se impone ante la situación de Gerardo Milman en la causa sobre el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner y cada medida judicial promovida respecto del diputado del PRO. Esta vez, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó un planteo del legislador para evitar que se analice el contenido de uno de sus celulares, el que entregó al juzgado de María Eugenia Capuchetti para que quede "resguardado" y que, en realidad, según denunció la querella, es un modelo que salió al mercado después del atentado, que no utilizó hasta diez semanas después. El abogado de Milman informó con posterioridad que tiene cuatro líneas en total, dos de las cuales sí habría utilizado en esa época. El efecto de la decisión de los camaristas Alejandro Slokar y Angela Ledesma, en teoría, debería proyectarse a todos los dispositivos del exjefe de campaña de Patricia Bullrich, quien mostró un gesto de colaboración que podría esconder un obstáculo. 

El fallo de Casación dice que el reclamo de Milman es inadmisible porque carece de fundamento alguno. Como no tiene lo que se conoce como "efecto suspensivo", el fiscal Carlos Rívolo podría pedir el secuestro de todos los aparatos que crea necesarios. También podrá hacerlo la querella de CFK, aunque el impulso debería darlo la fiscalía y la aprobación la jueza, que hasta ahora, especialmente en la "pista Milman" ha dilatado al máximo posible cada medida sustancial. A criterio de especialistas y funcionarios judiciales consultados por Página/12, no sería necesario volver a pedir autorización a la Cámara de Diputados porque el "objeto" en discusión es el mismo: extraer información sobre las comunicaciones y todo que pueda estar en los dispositivos que sea útil para establecer si el legislador sabía que podía ocurrir el atentado o tuvo alguna relación con el hecho. De todos modos, podría ser un punto de discusión. 

La posibilidad de analizar las comunicaciones y archivos de Milman se demoró porque Capuchetti rechazó el pedido de la fiscalía para obtenerlas. La apelación fue a la Cámara Federal, que revocó la decisión de la jueza. Luego la Cámara de Diputados aprobó la medida. Pero Milman recurrió ante Casación. De todos modos, el fiscal pidió a las prestatarias de telefonía el tráfico de IMEI (el código de cada aparato) de los teléfonos del diputado. Le aclaró a la magistrada que el informe vendría con los registros de llamadas y mensajes de texto. Así sucedió, ella guardó la información en su caja fuerte, pero le dijo a Rívolo que debía mandar otro oficio a las empresas, donde especificaran todo lo que enviaban, que ya habían enviado. Entre notificaciones que iban y venían la querella reclamó el acceso a esa información incorporada al expediente, algo que todavía no ocurrió. El juzgado argumentaba que era porque no había resuelto nada Casación. Ahora no tendría más excusas. 

Los dichos y los proyectos

El nombre de Milman está en el expediente desde hace algo más de un año en la causa, cuando el testigo Jorge Abello -asesor del bloque oficialista en Diputados- se presentó en el juzgado y relató que, dos días antes del ataque a CFK, había visto al legislador en el bar Casablanca de la esquina del Congreso con dos mujeres y que le escuchó decir: "Cuando la maten yo estoy camino a la costa". En efecto, al día siguiente se fue a Pinamar. Sus acompañantes eran dos colaboradoras, Carolina Gómez Mónaco e Ivana Bohdziewicz. La primera venía de trabajar con él en el Ministerio de Seguridad del macrismo, cuando era número dos de Bullrich. 

Otra cuestión nunca encarada en la investigación es la dudosa presentación de proyectos por parte del diputado, antes y después del atentado que podían ligarse con el tema. El más llamativo, que presentó dos semanas antes del intento de homicidio, pedía información sobre la custodia de la vicepresidenta y vaticinaba un atentado en estos términos: “No vaya a ser que algún vanguardista iluminado pretenda favorecer el clima de violencia que se está armando con un falso ataque a la figura de Cristina, para victimizarla, sacarla de entre las cuerdas judiciales en las que se halla y no puede salir, y recrear un nuevo 17 de octubre que la reivindique ante sus seguidores”. El texto cerraba así: “Sin Cristina, hay peronismo. Sin peronismo, sigue habiendo Argentina". El 1 de septiembre, cinco horas antes del atentado, Milman había escrito en Twitter: “¿Por qué el Ministerio de Seguridad aumentó la custodia policial para la vicepresidente (sic)? Cristina Kirchner jamás estuvo en peligro en su pequeña República de Recoleta".

Pese a que las asesoras de Milman mintieron al declarar e intentaron desconocer su presencia en Casablanca -ya constatada por las cámaras-, Capuchetti no quiso secuestrar sus celulares. Cuando la Cámara Federal le ordenó hacerlo, una de ellas dijo que había cambiado el aparato y no encontrarían nada. La otra, que había borrado todo para preservar su intimidad. Esta última, Ivana, declaró nuevamente en mayo y dijo que no había borrado el teléfono por propia voluntad sino que la llevaron a una oficina de Bullrich donde esperaban Milman y un perito que vació el celular de ella, "manipuló" el de su jefe, y que a Gómez Mónaco la mandaron a comprar un Iphone nuevo para que cambiara la clave y vedara el acceso a la información anterior. Este episodio llevó a Rívolo, finalmente, a pedir incautar el celular o los celulares de Milman y comenzó una pulseada de meses que, como está a la vista, todavía no terminó. 

Celular en duda

Los abogados de la vicepresidenta, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, pidieron días atrás "con urgencia" "el allanamiento de todas las viviendas de Gerardo Milman" para secuestrar "todos sus dispositivos electrónicos", al denunciar que había entregado un Iphone 14, modelo que no existía antes del atentado. "Su maniobra de entregar un celular sin relevancia e inexpugnable es un claro intento más de desviar la investigación", señaló la querella. El abogado defensor de Milman, Manuel Barros, dijo a este diario que no es ese el teléfono entregado, aunque no precisó cuál es, y sostuvo que tiene dos líneas. También aclaró que no tiene pensado intentar un nuevo recurso. 

Asuntos pendientes

No solo está pendiente ahora ver qué pasará con las comunicaciones del exvicejefe del bloque de Juntos por el Cambio. También resta saber qué sucederá con el pedido de ampliación de indagatoria que presentó Brenda Uliarte, una de las detenidas como coautora del intento de magnicidio, que estaba con el asesino fallido, Fernando Sabag Montiel, en el lugar del hecho, a metros de la vivienda de CFK en Recoleta. La chica presentó a través de su abogada Sabrina Mansilla un escrito que vincula a Milman. Dijo, entre otras cosas: "Yo no sé por qué Nando (Sabag Montiel) hizo esto, pero sí sé que él no es capaz de organizar y hacer todo esto solo, claramente alguien está atrás. Yo nunca vi a Milman pero decían que les pagaba a varias personas para que participaran en manifestaciones y con ello generar disturbios y violencia alrededor de la casa de Cristina Kirchner. A ver, yo no digo que financiaron el atentado, pero sí financiaban para agitar y armar quilombo". Mencionó que Sabag, su entonces novio, hablaba con una tal "Carolina". El interrogante es si se refiere a Gómez Mónaco. También lo vinculó con Revolución Federal y dijo que este grupo violento recibía financiamiento.