Después de casi dos años de que los casos “Memorándum con Irán” y “Hotesur” entrasen a la Cámara de Casación Federal, la Sala I decidió revocar los sobreseimientos de los imputados en ambas causas y ordenar que se realicen los juicios orales pendientes. Un aspecto especialmente relevante de estas resoluciones es que se publicaron justo después de que la Corte Suprema indicase que la jueza Ana María Figueroa, que componía la sala y había intervenido en los dos casos, debía dejar su cargo. Cuando la Corte tomó esta decisión, el Senado tenía pendiente el tratamiento de un pliego que podía llevar a que Figueroa volviese a su cargo. Este pliego se aprobó el jueves pasado. Sin embargo, Figueroa ya no podrá votar en los dos casos más sensibles que tenía a su cargo: sus colegas se apuraron para sacar los fallos cuando ella no estaba.

Que Barroetaveña y Petrone, los otros jueces de la Sala, aprovecharon la ausencia de Figueroa para decidir en causas que afectan directamente al oficialismo está fuera de discusión. Esto es evidente si se percibe que en más de veinte meses de trámite eligieron publicar las sentencias las únicas dos semanas en las que que Figueroa no integró el tribunal. Además, es una obviedad política: los magistrados federales suelen tener preferencias políticas, y Barroetaveña y Petrone suelen votar en contra de políticos kirchneristas, mientras que Figueroa suele decidir de modo más equilibrado. Pero lo cierto es que, ante esto, no hace falta ser matemático para objetar que si tanto Barroetaveña como Petrone hubieran querido fallar contra CFK y el resto de los imputados no tenían por qué preocuparse por Figueroa: con dos votos de tres es suficiente para sacar una resolución. ¿Por qué, entonces, hacerlo cuando no estaba su colega?

No podemos saber cómo hubiera votado Figueroa en “Memorándum” ni en “Hotesur”, pero, dadas las circunstancias de ambos casos, es posible intuir que podría haber decidido por mantener los sobreseimientos. Esto, no por preferencias políticas, sino porque las acusaciones son delirantes. Por ejemplo, en “Memorándum” la acusación dice que se buscó favorecer a los imputados iraníes por el atentado contra la AMIA para impulsar el comercio con Irán. Lo cierto es que conocer un poco de historia alcanza para ver que CFK fue, quizás, la política que más se comprometió con el avance de la verdad. Además, cuando se firmó el Memorándum, hacía diez años que no se había podido convocar a los iraníes a declarar y hacía veinte que la investigación por el atentado venía siendo un fracaso. Si se quería encubrir, lo más fácil hubiera sido no hacer nada, en vez de firmar un acuerdo para que los iraníes finalmente declarasen. Por otro lado, durante los gobiernos de NK y CFK no hubo un solo intercambio comercial estatal con Irán y bajaron los negocios privados. La acusación, en su escasa imaginación, sostiene que Argentina quería petróleo iraní: ¡el petróleo iraní tiene una densidad que lo hace inutilizable en Argentina! Todo esto sirve para fundar nuestra intuición: únicamente con leer las causas, cualquier juez/a razonable, y no sólo Figueroa, hubiera confirmado los sobreseimientos. También sirve para mostrar otra cosa: sostener las acusaciones sólo puede estar fundado en intencionalidades políticas.

Este análisis nos sirve para retomar la pregunta inicial: ¿por qué Barroetaveña y Petrone esperaron a que no estuviera Figueroa para votar? Los estudios sobre comportamiento judicial realizados en varios países nos dan una respuesta bastante plausible. En los últimos años, la Ciencia Política y el Derecho han analizado cómo votan los jueces cuando componen paneles. Estos estudios han mostrado varias cosas. Una es la relevancia de la ideología de los jueces a la hora de votar. Otra es la relevancia del presidente que nombró a un juez a la hora de predecir sus votos. Ahora bien, el impacto de estos factores sobre la decisión de un juez se atenúa cuando tiene que votar en panel con magistrados de otras ideologías, o cuya ideología tenga un impacto menor para su decisión en el caso concreto. Por ejemplo, un juez muy conservador puede tender a votar de modos que restrinjan derechos reproductivos; sin embargo, si compone un panel con dos colegas sin un compromiso ideológico con el tema y que deciden de acuerdo a los precedentes disponibles, el juez conservador puede dejar de lado sus convicciones y votar con la mayoría. Esto puede darse por varios motivos: desde el trabajo que implica hacer una disidencia en un caso que se resolverá de otro modo que el que quiere el juez, hasta (y esto es lo que nos importa aquí) no quedar expuesto ante la evidencia de que su decisión es más ideológica que jurídica.

Lo que aquí nos importa es el caso inverso: no el del juez que no vota en minoría ante la existencia de una mayoría robusta y consolidada, sino el de los jueces que, aun cuando podrían componer una mayoría, dudan ante la existencia de una disidencia bien fundamentada. Es que el voto en disidencia tiene el potencial de generar lo que los estudios llaman un “whistleblower effect” (efecto denunciante o efecto soplón). Esto consiste en que si la decisión de la mayoría tiene un contenido netamente político, un voto de la minoría arraigado en la ley y la jurisprudencia opera como un señalamiento de esa decisión mayoritaria. Este señalamiento puede ser disuasivo en varios niveles. Primero, una disidencia fundada en derecho aumenta los riesgos de que una instancia superior revoque la decisión. Segundo, el voto minoritario puede despertar la autoconciencia de los otros jueces de que están votando en contra del derecho. Tercero, el voto minoritario expone ante la luz pública las deficiencias del voto mayoritario ideologizado. En Estados Unidos, por ejemplo, se observó que los jueces republicanos tienden a votar de acuerdo con parámetros ideológicos en un número mucho menor de casos cuando componen un panel con un juez demócrata apegado a la jurisprudencia.

Lo que pasó con “Memorándum” y “Hotesur” también puede ser conceptualizado en estas líneas. La ideología de Barroetaveña y Petrone (conservadora, en términos penales) y su nombramiento (ambos fueron nombrados por JxC) aparecen como factores que sirven para explicar un voto ideologizado en dos casos en los que las pruebas obligaban a sobreseer. 

La presencia de Figueroa parece haber tenido un “whistleblower effect”: la posibilidad de una jueza que votara de acuerdo con el derecho podría haber expuesto el tinte netamente político del voto de la mayoría. Sin Figueroa, votar contra CFK y el resto de los imputados era mucho menos costoso. Incluso, es probable que, si Figueroa integraba el tribunal y votaba por mantener los sobreseimientos, los jueces hubieran votado distinto. De hecho, esto es lo que pasa con el “whistleblower effect”: cuando pueden estar expuestas, las potenciales mayorías ideológicas tienden a romperse y votar más jurídica que políticamente. Quizás esto sirva para entender la obsesión opositora porque se apartase a Figueroa en pleno periodo electoral y por qué no alcanzaba con que la Sala I estuviera integrada con dos de tres jueces nombrados por el macrismo: tan arbitrario era revocar los sobreseimientos, que ni estos jueces estaban dispuestos a hacerlos con alguien que los señalara.