La Sala I del Tribunal de Juicio de Salta, presidido por el juez Leonardo Feans, e integrado por Javier Araníbar y la jueza María Victoria Montoya Quiroga, iniciará desde este jueves el juzgamiento de un hombre acusado por violencia sexual en perjuicio de su hija de 3 años de edad y de la expareja, referenta de la organización Madres Protectoras de Salta.

El hombre, de 37 años, está imputado por "abuso sexual simple gravemente ultrajante agravado por el vínculo" en perjuicio de su pequeña hija y por "abuso sexual con acceso carnal" ejercido contra la expareja y madre de la niña.

La primera audiencia será este 5 de octubre y está previsto que comience a las 8. La organización Madres Protectoras y diversas ONG de protección a la infancia a nivel país y de la provincia se solidarizaron con las víctimas y manifestaron su reclamo de justicia para ellas.

La acusación pública estará a cargo de la fiscala María Luján Sodero Calvet. Mientras que madre e hija estarán representadas por la abogada querellante Andrea Aparicio, del programa nacional PatrocinAR, que brinda patrocinio jurídico y acompañamiento interdisciplinario para niñas, niños y adolescentes víctimas de abuso sexual.

"Justicia por Dulce y su mamá"

Dulce es el nombre ficticio que la organización Madres Protectoras eligió para difundir esta causa y a la vez proteger la identidad de la niña. 

La Red Infancia Robada a nivel nacional, informó a través de un comunicado su adhesión a una campaña iniciada "en apoyo a la Niña Dulce y su mamá", y resaltó que "después de un largo proceso se inicia el juicio por violencia padecida por ambas". 

"Es una causa que realmente nos moviliza como sobrevivientes y como Madres Protectoras, dado que tanto madre e hija han padecido violencia sexual por parte del mismo agresor", señaló la Red y convocó a apoyarlas en la Ciudad Judicial de Salta y a empatizar con las víctimas. 

Asimismo, la filial de la Red Infancia Robada de Catamarca también difundió un pronunciamiento en el que señalan que después "de dos largos años de calvario judicial en la provincia de Salta, finalmente mañana (por este jueves) llegan madre e hija a juicio".

La organización ALFA, integrada por abogadxs que brindan asistencia jurídica comunitaria gratuita, manifestó también su apoyo a las víctimas y reclamó "justicia para ellas". "Nuestra compañera se ha solidarizado con numerosas causas de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes, militando en la lucha contra el flagelo del abuso sexual en la infancia (...). Por eso hacemos un llamado a solidarizarnos también con ella y con esta lucha que mañana comienza a definirse en juicio", expresó la organización.

Las causas

"En junio del año 2020, la niña Dulce comenzó a manifestar una serie de situaciones de vulneración que venía padeciendo por parte de su propio progenitor. Fue su madre quien, sin saber lo que realmente estaba sucediendo, lleva a la niña al hospital donde se activó el protocolo de abuso sexual, siendo este el momento en el que se inicia el largo y revictimizante camino judicial de la niña junto a su madre. Es a partir de ese momento en que Dulce va develando todo lo que venía atravesando, lo que lleva a poco tiempo de iniciado el proceso a realizar una ampliación de denuncia", explicó la Red Infancia Robada de Catamarca.

Tanto la organización catamarqueña como Madres Protectoras Salta vienen señalando que en una causa tan delicada, la Cámara Gesell a la niña se realizó recién un año después de la denuncia. Tras ese procedimiento se imputó al progenitor. También recalcan que pese a la solicitud de detención de la fiscalía de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual N° 3 entonces a cargo de Cecilia Toranzos, el acusado siguió en libertad porque la medida no fue admitida por el Juzgado de Garantías.  

"Además de la situación difícil y dolorosa por la que atravesaban madre e hija, el colmo de la sinrazón tenía lugar cuando el agresor pedía reiterados permisos para salir de vacaciones fuera del país", resaltó la Red de Catamarca. De hecho, estando imputado el acusado obtuvo la autorización para viajar al extranjero.

"Mientras madre e hija padecían las consecuencias de la violencia, el imputado pudo continuar su vida normal al tiempo que la investigación recayó sobre la madre, para quien se ordenaron pericias psicológicas, psiquiátricas, ambientales, e investigaciones exhaustivas. Desde el fuero de Familia salteño, se permitía al agresor continuar exigiendo la revinculación con la niña, incluso a pocas semanas del juicio", recalcó la Red.

La organización Madres Protectoras señaló que tras activarse el protocolo por abuso sexual, "comenzó el calvario de la revictimización y una larga y agotadora peregrinación en la justicia para Dulce y su madre". Advirtió que el acusado y su defensa emplean argumentos del falso Síndrome de Alienación Parental (creado por el médico psiquiatra Richard Gardner, acusado de pedofilia) para "distorsionar" las denuncias por abuso sexual.

"Otro atropello sufrido a la voz de los niños por parte de la justicia salteña, la sufrió Dulce en la pericia psicológica que llegó dos años después. Algo sumamente revictimizante y absurdo para una niña de tres años que recuerde todo lo vivido dos años después, como si se tratara de un acto reciente", advirtió Madres Protectoras.

Las organizaciones también destacaron la revictimización que viene atravesando la madre de la niña, quien ya se había separado del acusado por hechos de violencia de género física, sexual, psicológica y económica patrimonial. Luego de esa separación la pequeña le contó los hechos de violencia sexual presuntamente ejercidos por el progenitor cuando lo visitaba en el domicilio paterno. 

Asimismo, las ONGs señalaron que la vulnerabilidad de mamá e hija se agravó cuando la madre del acusado inició un juicio y obtuvo una sentencia de desalojo para dejarlas en la calle, proceso que se encuentra en revisión, tras un planteo posterior realizado por la abogada Andrea Aparicio porque se la había juzgado a la madre de la nena sin defensa. La casa disputada es del Instituto Provincial de la Vivienda, que aunque está a nombre de la mamá del imputado, la víctima asegura que ella paga las cuotas. 

"De forma paralela, se le iniciaron causas judiciales a la madre de la niña, fueron sumándose causas y juicios paralelos a una madre que además de enfrentar al agresor de su hija, debía trabajar para llevar adelante una crianza sola y enfrentar los gastos exorbitantes que conlleva un múltiple proceso judicial", recalcó Madres Protectoras.

La organización de Madres también señaló que el "proceso judicial" estuvo hasta ahora "plagado de vericuetos y manipulaciones por parte de la defensa del agresor que contaba para todo con el guiño y aprobación de la justicia para debilitar la lucha de una madre que cree en la voz de su niña. Todo esto, con el respaldo y las influencias que significan que el agresor tenga familiares trabajando en el poder". 

Según lo que manifestó la mamá de la niña, el acusado es sobrino de una defensora pública oficial de la provincia e hijo de una "puntera política" de un funcionario oficialista.

"Todas las dilaciones, el manoseo y la falta del accionar imperioso de la justicia con la causa, responden netamente al tráfico de influencias llevado adelante en protección al imputado", advirtió la organización Madres Protectoras.