El juez federal Carlos Vera Barros envió ayer una veintena de órdenes de detención para el grupo de policías involucrados en la desaparición forzada de Franco Casco. La última semana el fiscal federal Marcelo Degiovanni, solicitó al Juzgado Federal N° 3 las indagatorias a 21 integrantes de la policía santafesina. Para el fiscal los testimonios recolectados durante la instrucción certificaron que la víctima estuvo detenida en la comisaría 7ª de Rosario durante la madrugada del 6 de octubre de 2014, en la que se suscitaron los gritos y golpes que pudieron escuchar los internos, por lo que la falsedad de las actuaciones policiales confeccionadas en torno al caso resulta "palmaria".

"De estos veinticuatro testimonios de personas que estuvieron detenidas en la comisaría se concluye, como dato inocultable y concluyente, que el personal de esa dependencia realizaba ‑cotidianamente‑ sobre los jóvenes allí alojados tratos crueles, inhumanos y/o degradantes", señaló el fiscal.

Asimismo, del análisis de los resultados obtenidos a partir del hallazgo del cadáver, que fue arrojado al río Paraná, se pudo establecer que la víctima, tras su desaparición, recibió al menos un fuerte golpe en vida que le provocó el desprendimiento de tres dientes. En relación a la presencia de signos de sumersión, es decir, del ingreso de agua al torrente sanguíneo en vías aéreas y pulmones, se determinó que no se encontró plancton en ninguno de los estudios efectuados que evidenciara su presencia, lo que implica que no sufrió asfixia por sumersión, sino que cayó sin vida al río Paraná. Para el fiscal, fue "indispensable" el aporte efectuado por la División de Asuntos Internos de la Policía quienes "desatendiendo los indicios concretos con los que contaba la búsqueda", desviaron "interesadamente" su investigación hacia pistas falsas, para encubrir a la policía.

También la Defensoría General de la Nación presentó un pedido de indagatoria a 28 personas, al igual que los abogados de la Asamblea hicieron un pedido ampliado para 31 policías (incluido el jefe de la seccional, Diego Alvarez) y cinco civiles, entre ellos el médico Raúl Rodríguez, dos odontólogos y la médica de policía, María Elena Zelaya.