Con los familiares de una docena de víctimas asesinadas por la policía adelante, y militantes de organizaciones sociales y partidarias atrás, la movilización unió Tribunales con el edificio de Gobernación con una convocatoria igual de emotiva por la densidad de cada uno de los casos que la encarnaron, pero con la multitudinaria ausencia de aquella ciudadanía que un año atrás copaba el centro rosarino bajo el lema "Rosario sangra" y que ayer pegó el faltazo. Esta vez, casi todas las víctimas eran jóvenes de barrios periféricos, y por lo general, de condición humilde.

La Multisectorial Contra la Violencia Institucional aglutinó la convocatoria a la que se plegaron varias organizaciones políticas de izquierda y algunos sindicatos. Y sintetizó el espíritu del reclamo con un documento propalado en la escalinata de la sede local de Gobernación, en Santa Fe al 1900. "La violencia institucional es una de las deudas más importantes de la democracia y recrudece hoy en un contexto político y cultural que avala y habilita cada vez más la violación de los Derechos Humanos", apuntó la proclama y señaló al conjunto de "jóvenes de sectores populares" como el blanco preciso de esas prácticas: detenciones por averiguación de identidad, torturas y ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas. Ahí nomás tenían los rostros impresos de toda clase de casos para ejemplificar cada atrocidad.

Los Campos y los Medina dijeron presente para dar testimonio del caso más reciente: la persecución por zona sur y la ejecución en Arijón y Callao de David y Emanuel, en junio pasado, y la posterior alteración de la escena, con dos armas plantadas a las víctimas incluso. "Nunca estuvimos en estas cosas, y ahora estamos acá: hace dos meses que mataron a mi hermano y no hay ningún detenido, ningún imputado, y encima quieren ensuciar la causa plantándoles un lechucero y un 32 oxidado", meditó Julián Medina, hermano de uno de esos jóvenes cazados con una lluvia de balazos policiales sin que pesara denuncia alguna ni pedido judicial de captura.

El documento de la Multisectorial le reprocha al Estado su actitud sostenida de negar que su violencia sea sistemática. "Involucra no solo a las fuerzas de seguridad sino a los tres poderes del Estado tanto a nivel nacional, provincial como local. En Rosario los acontecimientos de la historia reciente muestran la profundización de estas prácticas: el año 2013 registró un récord de homicidios dolosos y se intensificaron los casos de gatillo fácil", denunciaron.

Cada hombre y mujer que ayer caminaron con una pancarta en la mano tenía para brindar el guión ambulante de una escena digna de un thriller, pero ambientado en la periferia rosarina, con asesinatos de uniforme y complicidades posteriores tendientes a encubrir, alterar o demorar la investigación. Por esto la Multisectorial responsabiliza a los tres poderes de Estado por igual. Por admitir irregularidades en la investigación, y el hostigamiento a testigos, como en el caso de Alexis Berti, asesinado por la policía en Parque Casas en mayo último en un falso enfrentamiento. Crímenes emblemáticos como los de Jonatan Herrera y Franco Casco, y otros menos publicados pero con una impunidad similar como el crimen de Michel Campero (7/1/14 en Granadero Baigorria, a manos de un policía y de su hijo), Jonatan Ojeda (ultimado el 18/10/15 por la policía a la salida de un baile en barrio Itatí), Carlos Godoy (asesinado el 24/5/15 en el puente Sorrento en una falsa persecución), y María de los Angeles París, muerta el 3 de mayo en la comisaría 10ª), entre tantos casos.

"Cada 25 horas el Estado mata en el país un pibe de sectores populares y los responsables políticos lo avalan", gritó anoche Luciana Torres, de la Multisectorial. Y Santiago Bereciartúa, de Hijos, interpretó la desaparición de Maldonado como un síntoma: "Ha vuelto a desaparecer un militante, debemos unirnos con estas familias y su dolor, y su sed de justicia".